Algunos países dispusieron salvar sus economías haciendo creer que lo que priorizaban era la libertad de movimiento de sus habitantes y descuidando por algunos días la salud de las mayorías. Ecuador, Perú y Chile han pagado caras la lentitud y la condescendencia de sus autoridades con los mercados. Su comportamiento, al estilo estadounidense, trajo duras consecuencias para la sociedad y ha evidenciado la situación lamentable de sus sistemas públicos de salud. En Ecuador se culpa a la descentralización, pero se olvida que las autoridades municipales de Guayaquil siempre cuestionaron las políticas públicas de Rafael Correa.
Ahora, tanto Perú como Chile han tomado medidas drásticas para obligar a las personas al confinamiento y así evitar la proliferación de los contagios. Sin embargo, las medidas han llegado demasiado tarde. En Chile, Piñera contabiliza 201 decesos por millón de habitantes. El Perú de Vizcarra carga con 220 y el Ecuador del irresponsable Moreno con 232. En los tres casos los gobernantes decidieron escuchar y atender los reclamos de los economistas y dejaron en la antesala de sus despachos los pedidos de sus salubristas.
Contrario a esos comportamientos, los gobernantes de Costa Rica y Paraguay optaron por atender, aunque con recelo, los argumentos y las propuestas de sus salubristas. En el país centroamericano, el ministro de Salud dispuso asumir la responsabilidad y demandó de su Gobierno medidas urgentes para evitar la locomoción de las personas, de modo que se cerraron no solo las fronteras, sino también la casi totalidad de las actividades productivas y comerciales. Comportamiento semejante consiguió el director de Vigilancia de la Salud de Paraguay, quien consiguió que el presidente Abdo Benítez suspendiera todas las actividades públicas el 8 de marzo. Los jefes de gobierno de Costa Rica y Paraguay, aun con reticencias, dejaron en manos de sus expertos el manejo de la crisis sanitaria. Hoy Manuel Salas, ministro de Salud de Costa Rica, y Guillermo Sequera, director de la vigilancia sanitaria paraguaya, pueden mostrar orgullosos que pensar primero en la salud ha permitido no solo reducir significativamente los índices de fallecidos por la pandemia, sino también que sus economías comiencen a recuperar el paso.
Con sistemas de salud en situaciones diferentes, ambos países consiguieron limitar inmediatamente los contagios y así tener, luego de tres meses de luchar contra el virus, apenas dos muertes por millón de habitantes.
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Y la cuestión no es de derechas o izquierdas, pues, si el Gobierno de Costa Rica podría considerarse de centro con matices de izquierda, el de Paraguay es claramente de derecha. Pero sus gobernantes optaron por correr el riesgo de estropear su economía convencidos por sus sanitaristas de que, de no actuar de inmediato, los daños podrían ser aún peores. Con escasos recursos y con economías débiles, Costa Rica y Paraguay están en condiciones semejantes a Nueva Zelanda, considerado el ejemplo mundial en el combate de la epidemia.
Pero, si los éxitos en el combate de esta epidemia deben ser adjudicados con todo respeto a sus líderes sanitarios, también es necesario considerar que los grupos patronales se vieron obligados a aceptar las reglas, pues la sociedad misma asumió como suyo el discurso de quienes con mucha pedagogía y claridad plantearon la disyuntiva de que o nos protegemos hoy o será demasiado tarde mañana. Por otro lado, los gobernantes supieron escuchar y atender a los que sabían del asunto y asumieron un papel más de apoyo que de figuras estelares. Y aquí también salieron ganando. Alvarado y Benítez tienen en sus países mucho más apoyo y simpatía en las encuestas que los devaluados Moreno y Piñera. Vizcarra, que en Perú había sabido manejar con éxito las crisis políticas, con su mal manejo de las políticas sanitarias ha perdido mucha de la credibilidad que hasta hace poco tenía.
En Guatemala, Alejandro Giammattei empezó la lucha contra el coronavirus de manera casi semejante a Costa Rica y Paraguay. Cerró fronteras y emitió medidas drásticas de confinamiento a la vez que impulsó la instalación de hospitales de campaña para el tratamiento de los contagiados. Sin embargo, a diferencia de paraguayos y costarricenses, no fortaleció la red hospitalaria, mucho más desvencijada que la paraguaya y ya no se diga que la tica. En lugar de afianzar su discurso en las voces de expertos, optó por ser el único protagonista, ansioso por ganar con aspavientos y gritos una legitimidad que solo otorgan los resultados, y no los simulacros, y, presionado por las élites económicas, relajó las medidas y obvió el control estricto de su cumplimiento.
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Giammattei y su ministro de Salud, Hugo Monroy, se dedicaron a hacer como que actuaban y privilegiaron las formas y las promesas más que los actos. Individualistas y personalistas, fueron incapaces de construir equipos y de dar a estos el liderazgo en los distintos procesos. Monroy ha demostrado ser un simple político electorero, un médico mediocre y un funcionario público mentiroso y para nada transparente, por lo que perdió la escasa confianza que la población podría haber tenido en él al inicio de la crisis sanitaria.
Guatemala ha entrado en una acelerada espiral ascendente de contagios y fallecimientos, de modo que en poquísimos días ha alcanzado 24 defunciones por millón de habitantes, con contagios en casi todos los rincones del territorio nacional. Con pretensiones más demagógicas que funcionales, la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid), a los pocos días de su puesta en marcha, se ha evidenciado como un aparato burocrático más en el que su director ejecutivo no es el coordinador de un equipo de expertos que intentarían enderezar el barco, sino una comparsa más en el desordenado y caótico proceso en el cual el presidente Giammattei y su ministro de Salud han hundido al país.
La evidencia empírica es más que clara. Quienes optaron por proteger la salud de su población cuanto antes y de manera seria, responsable y efectiva han conseguido ingresar pronto a esta nueva normalidad y han podido no solo reactivar su economía mucho más rápido, sino también evitar serios daños en la salud de sus habitantes.
Por el contrario, aquellos que creyeron que era indispensable proteger sus economías antes que la salud de sus habitantes y les dieron largas a las medidas de aislamiento social hoy intentan reducir el impacto sanitario de la pandemia, con costos económicos mucho más altos que si hubieran establecido controles a tiempo.
Además, las prácticas sanitarias de Costa Rica y Paraguay muestran que no es solo cuestión de emitir disposiciones, muchas de ellas disparatadas e ineficaces, sino de hacerlas cumplir en un claro plan de acción.
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