“Perdón”, pidieron los diputados; “¡que se vayan!”, exigió la plaza

Estaban “arrepentidos”, dijeron, de haber aprobado unas reformas con las que pretendían exculpar a los acusados de financiamiento electoral ilícito —encabezados por el presidente Jimmy Morales—, y ayudar a evadir la cárcel a los que sean condenados a penas menores de diez años por actos de corrupción.

¿Qué llevó a los diputados a dar marcha atrás en menos de 24 horas y convocar a una reunión de jefes de bloque para reparar el daño? La presión social, aseguraron unos. El “arrepentimiento” verdadero al percatarse, en frío y alejados de las presiones que les hicieron votar, de las “nefastas consecuencias” que las reformas aprobadas hubieran causado al país.

Al acordar el “pacto de corruptos”, como le denominaron en las redes sociales a los acuerdos de los diputados, los bloques legislativos que suscribieron este “despreciaron la reacción de la ciudadanía”, creyeron que las protestas no pasarían de “el puñado de siempre”, y sabían que “había que aguantar” hasta que se alcanzarán los objetivos reales: debilitar al Ministerio Público (MP) y deshacerse del jefe de la Cicig, Iván Velásquez, para recuperar los espacios perdidos por las mafias desde abril de 2015. Así lo interpretan diputados, asesores y analistas.

Las reformas al Código Penal, asegura un diputado del partido Todos, fueron solo “la punta del iceberg”, la prueba para medir reacciones. Si todo les hubiera ido bien, la próxima semana planeaban aprobar el resto de un paquete de leyes con las que pretendían “legalizar la corrupción”: amnistía para casos de plazas fantasma, quitarle a la Contraloría General de Cuentas la potestad de presentar denuncias penales de las anomalías e ilegalidades que encuentre en el uso de recursos públicos, regresar al Presidente la potestad para destituir al Fiscal General, y favorecer con medidas fiscales a grupos empresariales fieles. El siguiente paso sería —como lo advirtió Velásquez el jueves a corresponsales extranjeros— que Jimmy Morales insista ante las Naciones Unidas en los próximos días, en pedir su destitución al frente de la Cicig.

Pero las cuentas les salieron mal y no tuvieron más opción que recular. “Esto se fue de las manos. No midieron las consecuencias de sus votaciones y ahora regresan a cero porque no saben cómo pueden ayudar al presidente Morales” ni honrar el pacto que los empresarios, políticos y exfuncionarios procesados por corrupción, agregó otra de las fuentes.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien hubiera sido uno de los directamente favorecidos con la reforma del delito de financiamiento electoral ilícito, agachó la mirada al reconocer ante los reporteros que “somos representantes del pueblo y el pueblo no está de acuerdo con la decisión. Por eso tenemos que dar marcha atrás”. Mientras que Javier Hernández, de FCN-Nación, uno de los artífices de las reformas, sin sostener la mira respondió que no se arrepentía de lo hecho, pero aceptó que se debía de dar marcha atrás. “No conocíamos a detalle lo que estábamos planteando”, dijo Hernández a pesar de haber sido uno de los que presentó la iniciativa.

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En la reunión de jefes de bloque en la que acordaron dar marcha atrás, Álvaro Arzú Escobar del partido Unionistas, y Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional, se quejaron de que los “grupos de izquierda se aprovechan de la situación”.

En las calles, nadie creía el arrepentimiento de los diputados, ni concedían el perdón solicitado por varios de estos. Las calles del Centro Histórico rugieron con las protestas.

La plaza ruge

Cuando los diputados votaron el paquete legal que favorecía su impunidad tocaron una tecla emocional, que es la que marca la diferencia entre una protesta de los que se manifiestan siempre y una marcha que desborda. Han ocurrido muchas cosas en las últimas semanas, pero la votación del miércoles fue la gota que colmó el vaso. Ya no bastaba con que los congresistas diesen un paso atrás. “Se metieron en camisa de once varas”, decía una señora enarbolando una bandera en la Plaza de la Constitución.

“Cuando vi que las vallas habían caído, pensé que tenía que dar un paso adelante”. Renaldo, un hombre al que le quedan dos años para terminarse la carrera de Derecho, sintetiza una sensación colectiva. A punto de llegar a las 18:00 horas, cientos de personas se abrían paso a través del cordón policial instalado frente a la Catedral Metropolitana clamando contra la impunidad. El lema era lo de menos. Echar la valla abajo, después de que los policías se retirasen, era una catarsis. Dos ideas básicas fundamentales: la primera, política. La de indignación ante unos diputados que se protegen a sí mismos. La segunda, que tiene que ver con lo que cada uno padece a diario, la extensión de la impunidad. La mayor parte de los manifestantes entrevistados no solo hablan de los políticos que pueden quedar libres. Se refieren a la extorsión y a la violencia diaria, que también quedaría exonerada según la normativa fallida.

“Que aleguen ignorancia es todavía peor. Son ellos los que legislan. ¿Nos están diciendo que no saben lo que votan?”. Flor Guzmán resume una frase que se ha escuchado mucho en las últimas horas. Aprobar medidas que garantizan la impunidad de tu propio gremio, el sector político, queda feo. Darte cuenta del enfado que has generado y retractarte, asegurando que no sabías lo que hacías, suena todavía peor.

“La situación es más grave que en 2015. Las circunstancias económicas son peores, veo a la gente más enfadada”. Lo dice una mujer que no quiere dar su nombre. Es entrada en años, y hace el gesto de cortar la cabeza al hablar sobre lo que cree que le podría pasar si dice quién es. Asegura que estuvo en la plaza hace dos años. Que estará hasta que el Congreso se marche. Para ella, lo que marca la diferencia es que la policía y los militares se encuentren en el atrio de la Catedral. En su opinión, es insólito. Quizás es una cuestión generacional. “Se perdió la vergüenza”, dice su marido. No se refiere a la cuestión religiosa. “No hay que preguntar si las manifestaciones pueden seguir. Es que lo van a hacer”, asegura José Méndez, de 20 años. Tiene clarísimo que “el pueblo ha despertado”.

Esta idea ya se rumiaba en la concentración de la tarde, cuando todavía no se había anunciado que los diputados daban marcha atrás. Sandra Morán, diputada de Convergencia, salió al exterior del Congreso para explicar, megáfono en mano, que el Congreso daba marcha atrás. Que al día siguiente, el 15 de septiembre, se celebraría una sesión extraordinaria para retractarse. “¡Que se vayan!”, fue la respuesta. Para las decenas de personas que se encontraban en ese momento frente a la asamblea, ya no valía con dar un paso atrás y hacer como si esas leyes no hubiesen existido nunca. Sus promotores eran responsables.

Regresemos a la mañana. A la concentración frente al Congreso. No era masiva, cierto, pero se respiraba un ambiente distinto. “Bajo la idea de una lucha ideológica dividieron a la población, pero hicieron un pacto entre ellos para blindarse. Esto es nefasto. Si no salimos ahora, nos van a secuestrar, esto se convertirá en un narcoestado. Lo digo yo que soy liberal, graduado de la (Universidad Francisco de) Marroquín, no soy comunista”. Andrés Ferado, de 30 años, es un ejemplo. Si el domingo y el lunes la presencia de descontentos fue exigua, y el martes las organizaciones campesinas e indígenas mantuvieron la protesta viva, la votación del jueves había cambiado el panorama.

Durante las últimas semanas se esgrimió el fantasma de la división, de Jimmy versus Iván. Según muchos de los participantes en la protesta, eso pasó a la historia en el momento en el que los diputados votaron el miércoles. “Nos volvieron a unir contra la corrupción”, dice Ferado.

Una paradoja: el Congreso surgido tras las históricas protestas de 2015 había creado las condiciones para que ese mismo espíritu reviviese, aunque adecuado a las condiciones actuales.

La historia de ayer tiene dos planos. Uno, cronológico. El que explica cómo se pasó de protestas aisladas, más airadas, pero que podían haber transcurrido sin trascender demasiado, a que un grupo de mujeres, niños y ancianos de diversa condición tomasen la plaza que estaba destinada a los fastos oficiales sobre la independencia. El segundo, sociológico. Qué ha cambiado en la mente de todas estas personas para, como decía Renaldo, “dar un paso adelante”. Obviamente, están interconectados y abren una incógnita: qué ocurrirá en los próximos días y cómo gestionará la crisis una administración y un legislativo desacreditados.

“El pueblo de Guatemala está harto de la corrupción, nos están robando la paz, la tranquilidad, estamos cansados”. Carlos Macario, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad San Carlos, expresa su enfado antes incluso de que los diputados se retracten. Digamos, las 12:30 horas.  Previamente, junto a otros compañeros, habían subido a las ventanas del Congreso para pintar con espray en las banderas: “el pueblo quiere justicia”.

Son las 17:30 horas. “Se están cubriendo las espalda. El pueblo no va a permitir que sigan haciendo de las suyas. Han vendido la patria con tal de sacar la cara a los de La Línea, de hacer un favor al presidente, a su hijo, a los que venden medicamentos adulterados, a los extorsionistas”. A Mayra Espadero casi se falta el aire al enumerar los agravios. Termina de hablar y le duele la cabeza. Frente a ella, junto a la catedral, la barrera de policías se mantiene. Sus amigas le dan agua. Y todas, a coro, continúan explicando por qué es imprescindible estar en este momento protestando. Nuevamente, una idea. Es inaceptable que los diputados se desdigan ahora de lo votado hace 24 horas. Es una afrenta.

A los pocos minutos, cae la primera valla. Todo pacífico. Es una exaltación festiva. Si hubo algún herido, fueron las verjas. Segunda barrera que cae. En la plaza, los militares siguen con el acto. Frente al Palacio Nacional, con la tarima ya llena de manifestantes, hay euforia. Es como si se fuese tomando el espacio por escalas. “Estamos cansados de que el Congreso esté aprobando leyes que van en contra del pueblo. Estamos cansados de corruptos. Nosotros votamos para que nos representaran, pero nos dan la espalda, apoyando leyes que benefician a los ladrones, a los extorsionistas, a los mafiosos que están en el Gobierno. Queremos que Jimmy Morales sea enjuiciado y que el Congreso se vaya”, dice Davidson Coronado, un hombre que graba con su teléfono el lugar ocupado por los manifestantes pero que, en principio, estaba destinado a ser disfrutado por las autoridades para apreciar los desfiles y actos cívicos.

Alguien podría estar tentado de centrar el foco en que se rompieron dos barreras policiales. En la barrera, en realidad, los manifestantes interpelaban a los uniformados para hacerles partícipes, recordándoles que ellos “también están siendo estafados”. En la Catedral, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos recomendaban que los uniformados con armas largas no se paseasen en medio de la manifestación pacífica. “No estamos boicoteando la izada de bandera”, afirmaba una señora, que ondeaba, precisamente, una enseña guatemalteca. Se cantó el himno, varias veces, y se alzó otra bandera, disputando el término a la oficialidad. “Nosotros somos más que ellos”, aseguraba, en relación a los diputados.

Por la noche, el presidente Morales anunciaba la suspensión del desfile por el Día de la Independencia, por medio de un vídeo difundido en las redes sociales del Gobierno. Acompañado del vicepresidente Jafeth Cabrera y sus ministros, Morales acusó a los manifestantes de haber cometido “hechos violentos” y de haber puesto “en grave riesgo” la integridad de niños y mujeres, y ordenó investigar a los responsables. 

La gran pregunta es: ¿y ahora, qué? Todos y cada uno de los entrevistados afirmaban que las protestas deben seguir. Es decir, que ya no vale con retractarse. “Necesitamos una transformación, una regeneración, un Gobierno que trabaje para el pueblo”, dice Juan Antonio Cifuentes, que se encontraba con su familia frente al palacio cuando la plaza ya era un lugar de protesta ambientado por la batucada.

*  *  *

Al mismo tiempo, en la Corte de Constitucionalidad (CC), el pleno entero de los magistrados, por unanimidad, le enmendaban la plana al Congreso y dejaban en suspenso las reformas al Código Penal aprobadas el miércoles.

Estos decretos "constituyen una seria amenaza que en caso de cobrar vigencia podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia", declaró el presidente de la CC, José Francisco de Mata. Los magistrados titulares Dina Ochoa, Amílcar Mejía, Gloria Porras y Neftalí Aldana votaron en total acuerdo. El amparo provisional responde a los amparos presentados por Helen Mack y Alfonso Carrillo; el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; Carlos Bezares y Aníbal García; Xavier Soria y Acción Ciudadana.

El fallo de la CC concede oxígeno, pero la crisis política aún no da señas de amainar.