Por desgracia, esta no es y seguro no será ni la primera ni la última vez (y tampoco seré yo el único) que denuncie los insoportables abusos que a diario sufren las usuarias y los usuarios del transporte público de pasajeros de Guatemala. Una calamidad cotidiana en la cual una diversidad de victimarios (propietarios, pilotos, ayudantes o brochas, extorsionistas, alcaldes, funcionarios de fideicomisos municipales, empresarios, etcétera) se ceban contra sus víctimas: las usuarias y los usuarios.
En el transporte público guatemalteco, ser hombre o mujer es una diferencia trágica por la naturaleza de los vejámenes que se sufren: todo un crescendo diverso de formas de acoso, desde miradas lascivas, pasando por comentarios ofensivos, hasta violaciones sexuales consumadas dentro de las unidades de transporte. Un aspecto positivo, pero sin duda demasiado poco y demasiado tarde, es la persecución penal de algunos de estos acosadores en buses.
También la edad hace mucha diferencia en el transporte público, ya que a diario personas mayores son víctimas de despliegues inhumanos de crueldad o de menosprecio al exigírseles la tarifa usual o incluso una más elevada. No se hable de personas con necesidades especiales o con movilidad limitada. Ante la prisa por pelear pasaje o ante el descarado y sistemático irrespeto de las reglas de tránsito, poca o nula esperanza queda para el respeto de la condición humana.
Por supuesto, no debe generalizarse, pues más de algún piloto, ayudante o propietario honesto y respetuoso habrá. Pero, por desgracia, la gran mayoría de los casos y testimonios dan cuenta de una calamidad casi general, quizá menos aguda en el sistema capitalino de Transmetro. Para el resto de modalidades de servicio, incluidos el urbano en otras ciudades y el extraurbano, el abuso y el vejamen se han tornado en la norma.
Esta calamidad añeja y persistente es inaceptable y debe rechazarse, ya que hay instituciones con la autoridad de prevenir y sancionar los abusos. Las municipalidades son la primera línea de responsables y culpables. Quizá una segunda línea sea el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Pese a contar con una Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, esta se ha visto desbordada o ha sido alcanzada por la plaga de la negligencia o de la incapacidad: la semana pasada, una persona intentó comunicarse para denunciar un abuso, pero no logró que le respondieran el teléfono.
Y luego están las autoridades superiores de los organismos del Estado. El Ejecutivo tiene la facultad constitucional para intervenir servicios públicos como el transporte y no lo ha hecho, en parte porque los transportistas juegan un papel importante en la politiquería sucia del acarreo de votantes el día de las elecciones. El Legislativo podría aprobar sanciones drásticas, fortalecer el presupuesto de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público y elevar sustancialmente el impuesto sobre circulación de vehículos particulares, como una transferencia justa de quienes nos transportamos en vehículo particular para financiar soluciones que beneficien a quienes sufren vejámenes en el transporte público.
En fin, rutas técnicas y políticas para solucionar este problema hay. Y, de hecho, es uno de los problemas de Guatemala que están sobrediagnosticados. Es una cuestión de voluntad política para buscar las soluciones e implementarlas. Quizá, ante la coyuntura actual de ineptitud y corrupción galopante en el Gobierno y en el Congreso, la ventana de esperanza y oportunidad se encuentre en el PDH.
Así, un mensaje para el procurador Jordán Rodas con atención a la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público: es una prioridad. Quizá me atrevería a sugerirles respetuosamente que empiecen por responder el teléfono para recibir denuncias.
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