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Parkland, Florida: ¿es posible en Guatemala?
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Parkland, Florida: ¿es posible en Guatemala?

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Opinión
1 03 18

En febrero pasado ocurrió una tragedia en la secundaria de Parkland (Florida) que le dio la vuelta al mundo.

Nikolas Cruz, un joven de 19 años, asesinó a 17 de sus excompañeros. Pero ¿quién es Nikolas?

Durante el ciclo 2017 fue expulsado de la escuela. Lo más relevante de su biografía: huérfano de sus padres biológicos, también huérfano de sus padres adoptivos y, para ajuste de cuentas, miembro de una organización supremacista. En contraposición con un sistema de protección social, encuentra una sociedad que privilegia el uso de las armas y que, para proteger a sus niños en las escuelas, prohíbe la venta de los chocolates sorpresa Kinder (por la obesidad). Es decir, todos los ingredientes para que Cruz explotara contra la sociedad ya estaban dados. Y siguen estando dados mientras el presidente Trump recomiende que ahora los docentes vayan armados para matar alumnos que lleguen a representar una amenaza.

Es lamentable y condenable lo ocurrido, pero también, si la sociedad estadounidense se hubiese percatado antes de la tragedia vivida por Cruz (perder dos familias), este habría ingresado a un sistema de protección y acogimiento de adolescentes. Sin embargo, Trump prefiere creer que las armas son una solución.

¿Cuán lejos están nuestros niños y adolescentes de una tragedia así? Esa pregunta se responde mirando cómo la sociedad guatemalteca atiende a sus niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad, así como a aquellos menores que están en conflicto con la ley penal.

La entidad responsable de atender estas demandas sociales es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), la cual durante el período fiscal 2017 hizo un manejo presupuestario de algunos programas como se indica a continuación (las cifras fueron tomadas del Sistema de Contabilidad Integrada —Sicóin—).

El programa de Protección y Acogimiento Residencial a la Niñez y Adolescencia (sic) comenzó con un presupuesto asignado de 27.8 millones de quetzales, el cual, a raíz de la tragedia del hogar seguro, fue aumentado a 49.2 millones en junio de 2017. Sin embargo, no se pudieron ejecutar esos planes y presupuestos y se llegó al absurdo de que en diciembre se rebajó el presupuesto vigente a los 25.7 millones y de que solamente se pudieron ejecutar 11.8, es decir, 45.9 % de ejecución presupuestaria, pero construida artificialmente porque, si se calcula sobre el máximo techo presupuestario, es del 23.9 %.

Igual comportamiento mostró el programa de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Privados de Libertad (sic), al cual le redujeron el presupuesto un 41.7 % en diciembre de 2017 y en el que solo se pudieron ejecutar 33.2 millones de quetzales de los 57 que tuvieron vigentes para atender, entre otras necesidades, las crisis en los centros de privación de libertad de menores Etapa 2 y Las Gaviotas.

Sin una entidad que pueda alcanzar sus metas establecidas año tras año (SBS) y que no capacite a los técnicos de sus unidades ejecutoras y de sus centros de costo en el manejo de la Ley de Compras y Contrataciones, aunado al hecho de que hay al menos 22,000 [1] integrantes de maras en Guatemala, ¿cómo el país no va a ser caldo de cultivo para una tragedia como la de Parkland, Florida?

Descuidando a nuestros niños más vulnerables acercamos nuestra sociedad más al salvajismo que a la democracia y a la prosperidad.

 

[1] Es difícil que haya una estadística certera del número de adolescentes y jóvenes que integran una mara. Estudios especializados como el de Aguilar y Carranza (2008) calculaban un total de 69,145 pandilleros en Centroamérica, de los cuales al menos 14,000 eran guatemaltecos. Más adelante, en 2016, Clare Ribando (Gangs in Central America) estimó el número de jóvenes miembros de pandillas en el Triángulo Norte en 54,000, de los cuales 22,000 eran guatemaltecos.

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