La oferta clientelista proferida por el presidente Morales a los diputados afines, curiosamente en una reunión realizada en el fuerte-prisión de Matamoros, y no en la Casa Presidencial, como habría sido lo adecuado, surtió el efecto esperado: obtuvieron 90 votos para impulsar la agenda de la impunidad, que tiene como único objetivo librar de los tribunales a Jimmy Morales y a Álvaro Arzú. Que el pacto se haya sellado en un cuartel militar lanza el mensaje de que están dispuestos a utilizar la fuerza de la que tanto habló Arzú Irigoyen en su discurso para proteger sus intereses bajo el sucio manto de un falso nacionalismo. Y que allí mismo funcione una prisión, donde están recluidos más de medio centenar de presuntos delincuentes, en su mayoría por actos de corrupción, hace imaginar que algunos de ellos también pudieron haber participado en el encuentro de alto nivel. Todo, para que la impunidad los ampare en lo que ellos siguen considerando su finca o encomienda.
No hay una propuesta de gobierno, mucho menos de desarrollo social. En la ensalada de siglas que dio forma a esa mayoría parlamentaria, lo único que los unifica es obtener beneficios personales cuanto antes y tratar a toda costa de que la persecución penal se detenga. Supuestamente, Morales tiene asegurados los votos para impedir que se le retire la inmunidad y ser juzgado por sus delitos electorales y por la apropiación ilícita de fondos públicos, primero a través del famoso bono concedido ilegalmente por el ministro de la Defensa y ahora por la adquisición de bienes de uso personal con fondos públicos.
Arzú Irigoyen, abierta y declaradamente impulsivo, como hace gala en su libro de anécdotas recién publicado, está decidido a «trompearse con cualquiera» siempre y cuando los hermanos maristas de ahora —sus aliados ocasionales en el Congreso— salgan en su auxilio si le brota sangre. El cuadrilátero está armado, y los rudos han dispuesto usar todas sus artimañas para mantenerse triunfadores. Detrás del canchito brincón, mañoso y tramposo a lo Martín Karadagián, se parapeta el cómico, que no actúa como Pepino el gran payaso, sino como el más simple y llano de los cobardes que quiere evitar, por buenas o por malas, que sus faltas sean juzgadas.
Los integrantes del pacto por la impunidad se consideran ganadores, pero bien saben que en nada su triunfo es absoluto. Tienen ante sí medio centenar de diputados que lograron organizar una planilla que, si bien también es tutifruti, consiguió levantar la bandera de la no protección a los delincuentes parapetados en el poder público. No son la mayoría en el Congreso, apenas si podrían alcanzar la tercera parte, pero con ello conseguirían inutilizar cualquier intento de reforma legal que pretendiera blindar a los corruptos, tal como sí lo consiguieron los hampones hondureños en su Congreso.
Pende ya la amenaza de juicio sobre la esposa del presidente, de quien se ha denunciado que cobró como experta en informática en el Ministerio de Salud durante el gobierno patriota sin aparecer un solo día y con informes simplemente de papel. Se colige que el comportamiento tramposo y de falsedad que su hijo practicó con las facturas falsas detectadas es una tradición familiar.
Morales y su tropa reclaman insistentes la presunción de inocencia, definida en el artículo 14 de la Constitución Política de la República, haciendo creer (o mostrando supina ignorancia de) que lo denunciado por el MP y la Cicig es acción condenatoria. Estos, cuando han solicitado prisión formal de alguien sindicado de comisión de delitos, han demostrado ante juez competente que, como establece el artículo 13 de la Carta Magna, existen «motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o [ha] participado [en su comisión]» y, como lo aclara la CC, «eso se refiere a la prisión provisional». El Ministerio Público recoge pruebas y presenta la denuncia: es la parte acusatoria en nombre del Estado. No emite sentencia condenatoria, pues eso solo pueden hacerlo los jueces y los magistrados.
El pacto de impunidad, en consecuencia, tiende a consolidarse, a hacerse más vociferante y activo, pero no por ello la lucha por la justicia y por el manejo probo de los fondos públicos ha sido derrotada. De cómo la sociedad, en sus distintos estratos y organizaciones, acuerpe y se apoye en esta minoría que en el Congreso ha hecho oír su voz dependerá en mucho que ese pacto sea superado.
Más de este autor