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Orando por Guatemala
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Orando por Guatemala

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Tipo de Nota: 
Opinión
15 03 16

Cuando Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios ascendieron al poder político del país se celebró un tedeum en la Catedral Metropolitana el 30 de junio de 1871. Si bien este hecho pudo sugerir que la Iglesia católica no recibiría ningún embate del nuevo gobierno liberal, la Constitución de 1879 instituyó el carácter laico del Estado de Guatemala y dio paso a una presencia de larga data de las Iglesias evangélicas en el país con la llegada del pastor presbiteriano John Clark Hill en 1882 bajo protección e impulso oficial.

Aunque años antes el nuevo régimen había emprendido acciones que desarticularon ampliamente la institucionalidad y el sostén económico de la Iglesia católica, los periódicos de la época dan noticia de que en la ciudad de Guatemala no dejaron de salir las procesiones a las calles en las décadas finales del siglo XIX. A partir de estas evidencias, hay que atenerse a un hecho fundamental en la historia republicana del país: aunque se haya secularizado el Estado, esto no quiere decir que se haya secularizado la sociedad.

Guatemala es uno de los países latinoamericanos con más alto porcentaje de adherencia al protestantismo, con un 24.7 %, según la disertación doctoral del misionero bautista Roger Grossman y el Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos (Prolades). Según la Encuesta de CID Gallup de noviembre de 2011, el catolicismo en Guatemala desde hace décadas dejó de ser la confesión religiosa ostensiblemente mayoritaria con relación a otros países al registrar un porcentaje de afiliación del 55.2 %, mientras la afiliación protestante registra un 29.8 %, otras confesiones religiosas ocupan un 2.3 % y un 12.7 % de la población no se considera afiliado a ninguna confesión religiosa. Si pasamos a analizar estos datos con la población más joven, la Encuesta Nacional de Juventud del 2011 muestra que un 98.9 % de los jóvenes encuestados creen en Dios y en los milagros y solamente un 1.0 % se consideran no creyentes. La larga tradición religiosa de la sociedad guatemalteca pervive hasta la actualidad. Por ello no es extraño ver al presidente de la república orando por Guatemala junto a agrupaciones evangélicas que han estado impulsando jornadas de oración por la paz. Lo que sí debe ser extraño es que estas manifestaciones las realice como presidente del país y de manera pública, cuando el espacio que les corresponde, según la Constitución, es la esfera privada.

No obstante, en la historia contemporánea del país hemos tenido jefes de Estado y presidentes que han querido gobernar bajo principios religiosos antes que de acuerdo con la ley, como han sido los casos del general Efraín Ríos Montt y del ingeniero Jorge Serrano Elías. En sus intervenciones públicas siempre apelaron a un principio inspirador de sus acciones basado en sus creencias religiosas: «La regeneración moral de la nación». Bajo esta idea sostuvieron públicamente que el ascenso al poder de un presidente de confesión protestante traería la construcción de un nuevo país. La participación de Ríos Montt en una de las más cruentas etapas de terrorismo estatal y la corrupción galopante del régimen de Serrano Elías me eximen, junto con mis conciudadanos, de mayores comentarios. Como bien lo reseñan varios estudiosos, Serrano Elías fue considerado por un significativo sector del cristianismo evangélico como la realización de las promesas de Dios al proveer a Guatemala de un gobernante cristiano que impulsaría su transformación social y espiritual. Las estrafalarias intervenciones del ingeniero Serrano Elías en la televisión nacional e internacional son solamente la prueba de cómo la transición a la democracia en el país empezó a desnaturalizarse con su presidencia.

Asimismo, las diversas confederaciones de Iglesias evangélicas, junto con la Conferencia Episcopal de Guatemala, han ejercido una constante presión en la opinión pública para impedir la puesta en marcha de la ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva (decreto 87-2005) y, recientemente, la incorporación de enmiendas de la propuesta de ley nacional de juventud relacionadas con proveer a los jóvenes guatemaltecos una educación integral en sexualidad, derecho fundamental que es competencia del Estado de Guatemala y sobre el que ninguna Iglesia o confesión religiosa deben interferir. A pesar de ello, no son pocas las opiniones favorables de ciudadanos a estas actuaciones de las confesiones religiosas mayoritarias del país. Queda interrogarnos acerca de por qué en estos tiempos, debido a las enormes falencias de nuestro sistema educativo y a nuestra profunda debilidad institucional, seguimos aprobando estas actuaciones y no somos conscientes como ciudadanos de la necesidad de un Estado social de derechos y garantías que gobierne para todos sin importar sus creencias. Estas acciones y decisiones públicas, según nuestra Constitución, no deben referirse a consideraciones, creencias u oposiciones de las instituciones religiosas. Se espera que su labor pastoral impulse, desde sus principios y creencias, una ética ciudadana conducente a una sociedad en la que se respete irrestrictamente el derecho que tenemos los guatemaltecos de tener o no creencias religiosas, es decir, conducente a la construcción de una sociedad abierta y genuinamente democrática.

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