En Guatemala, la mayoría de las tragedias viales no son accidentes. En septiembre de 2013, días después de un busazo en San Martín Jilotepeque, critiqué al gobierno de Otto Pérez Molina por haber gastado 182 millones de quetzales en la seguridad presidencial y vicepresidencial y 100 millones más en los expatrulleros, mientras que la Dirección General de Transporte solo tenía 21 inspectores para los más de 9,000 autobuses de entonces. Argumenté que contratar 200 inspectores más con un salario de Q15,000 mensuales costaría 42 millones anuales, mucho menos que los gastos superfluos de Pérez Molina y Baldetti. No requiere mucho esfuerzo convencer de que la situación sigue igual de mal en el gobierno de Jimmy Morales.
Con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, también escribí una reflexión sobre las muertes que causan personas que conducen en estado de ebriedad, o bien de manera agresiva o irresponsable. Concluía que «da pavor saber, casi con certeza matemática, que, de no adoptar sanciones severas, en las próximas semanas se perderán muchas vidas en “accidentes” de tránsito». Por desgracia, así fue y así sigue siendo.
Guatemala es uno de los países con más percances viales de toda América Latina: una responsabilidad estatal descuidada por la negligencia de varios gobiernos, centrales y ediles, incluyendo los actuales. El Estado debería intervenir en dos rutas de acción principales: educación y sanción. La primera, de mediano y largo plazo, apostaría a la prevención. La segunda, que debería ser urgente, atendería la realidad no socrática del hecho de que haya personas que, aun estando bien informadas, continúan actuando de forma agresiva e irresponsable al volante.
Es una realidad diaria que las calles aledañas a cualquier universidad son las vías por las que cafres motorizados conducen en zigzag con una agresividad enloquecida; que en los alrededores de restaurantes, hoteles, bares o demás lugares y centros en los que se consume alcohol en exceso se ve, con horror, cómo personas ebrias abordan sus vehículos para luego topárselos conduciendo anómalamente y arriesgando sus propias vidas y las de los demás; que los buses urbanos y extraurbanos corren a velocidad excesiva bocinando y peleando pasaje; que algunos camiones van a velocidades excesivas sin el debido mantenimiento para ahorrar, etc. Todos, homicidas culposos en potencia.
Por desgracia, los programas de educación vial para los adultos son inefectivos (aunque sí son efectivos en los niños), por lo que los únicos incentivos que logran que los adultos abandonen las conductas irresponsables al conducir son las sanciones. Sanciones duras y creíbles, como la anulación de por vida de la licencia para un conductor ebrio reincidente o para el piloto abusivo de un autobús. Es lo único que ha dado resultado en otros países, los cuales, luego de la aplicación de sanciones muy severas, logran reducir los índices de siniestralidad vial.
Urgen marcos legales y capacidades institucionales que sancionen drásticamente a los cafres al volante. Es imperativo que, como sociedad, entendamos que conducir un vehículo no es un derecho; que, precisamente por ello, el Estado y el resto de la sociedad nos extienden una licencia, la cual recibimos con la condición de respetar la ley y con un altísimo grado de responsabilidad, y que, de lo contrario, seremos sancionados.
Es el clamor que hoy imponen los pequeños Diego Pablo y Jennifer Judith, junto con María Reyna, Gonzalo, David, Ana Gabriela y Víctor Hugo, las víctimas mortales, pero también los heridos del jueves pasado y los miles de víctimas de tragedias anteriores.
Por favor, honremos su justísima demanda.
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