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No basta una presidencia idónea
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No basta una presidencia idónea

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Tipo de Nota: 
Opinión
28 08 18

Aun en el muy optimista caso de que alguien honesto gane la presidencia del Ejecutivo, los organismos Legislativo y Judicial continuarían capturados por las mafias.

Supongamos que en las elecciones de junio-agosto de 2019 Guatemala por fin alcanza su anhelado sueño de que una persona honesta y capaz resulte elegida para la presidencia de la república. Supongamos, además, que anunció con antelación que su gabinete de gobierno iba a estar integrado por funcionarios también probos, con experiencia y conocimiento; que presentó con anterioridad su propuesta de plan de gobierno, la cual está bien elaborada y goza de respaldo técnico robusto; que su campaña se caracterizó por debates de altura y con ideas, con un financiamiento mínimo y muy transparente, y, entre otros parabienes, que los primeros días luego de asumir el cargo se caracterizan por un alto grado de cumplimiento y consistencia entre lo ofrecido en la campaña y lo hecho ya en el poder.

Sin embargo, aun en ese escenario estaríamos muy lejos de estar tranquilos y confiados de que todo marchará bien. Aseguraría el inicio de una ruta de recuperación en solo uno de los tres poderes del Estado, cada uno tan importante como el otro. Aun cuando lográsemos elegir a una persona idónea en el Ejecutivo, ¿tendría el apoyo del Legislativo? El Congreso de la República es importantísimo, y la historia reciente nos ha demostrado que una legislatura corrupta puede ser un obstáculo insalvable para recuperar a Guatemala. ¿Qué tipo de bancada oficial lograría nuestra presidencia idónea: mayoritaria o minoritaria?

Por ejemplo, el Congreso es el poder que aprueba los principales instrumentos de política fiscal. La Constitución establece que, si bien el Ejecutivo propone el presupuesto, sus modificaciones y fuentes de financiamiento, incluyendo la deuda pública y los impuestos, así como las reformas a las leyes tributarias, las decide el Congreso. Así pues, en el caso de que se recupere la presidencia del Ejecutivo, al permanecer el Congreso capturado por las mafias de la corrupción, tendría el poder de poner a un gobierno honesto financieramente de rodillas al bloquearle el presupuesto y sus fuentes de financiamiento, con lo cual también le impediría una reforma fiscal integral para ordenar y corregir las finanzas públicas. Esto, en lo fiscal, pero el boicot sería similar en otras áreas en las que urge legislación: laboral, ambiental, económica, social, etc.

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Pero, estirando el optimismo, supongamos que en las elecciones de junio de 2019, además de la presidencia del Ejecutivo, logramos recuperar también el Congreso eligiendo diputadas y diputados que verdaderamente representen a la ciudadanía y a sus expresiones diversas. Por desgracia, aun en el idílico escenario de un Ejecutivo y un Legislativo en vías de recuperación, resta el Organismo Judicial, que considero quizá el foco de corrupción e impunidad más desatendido. Y es que en 2019, además de las elecciones generales de junio, en las cuales elegiremos al presidente y al vicepresidente del Ejecutivo, así como a diputadas y a diputados, a alcaldes y al resto de corporaciones municipales, en septiembre se realizará la elección para una nueva Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones.

El corazón del éxito de la lucha contra la corrupción y la impunidad es la recuperación del sistema de administración de justicia, especialmente del Organismo Judicial. En todo caso, a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo los elegimos en las urnas, pero a las del Judicial no, y el riesgo de que en 2019 continúen impunes las mismas mafias es altísimo.

No basta tener buenas candidatas y buenos candidatos al Ejecutivo y al Legislativo y elegirlos en los comicios generales de junio. También estamos obligados a, quizá por primera vez, vigilar y limpiar las elecciones de septiembre en el Organismo Judicial.

También estamos obligados a, quizá por primera vez, vigilar y limpiar las elecciones de septiembre en el Organismo Judicial.
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