La mayor parte de los migrantes centroamericanos salen del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) a los Estados Unidos. El flujo es de cientos de miles de casos anuales, como se infiere de los más de 250,000 ciudadanos del Triángulo Norte deportados desde Estados Unidos y México en 2016. Si a ello sumamos la migración laboral de Nicaragua a Costa Rica y otros movimientos entre países, se eleva la importancia del fenómeno migratorio intrarregional.
La mayoría de los migrantes de Centroamérica transitan en condiciones de precariedad por territorios inseguros. Algunas organizaciones criminales lucran con su vulnerabilidad, de modo que los someten a extorsión, trata, secuestro e incluso violación y homicidio. Una creciente proporción de migrantes huye de la violencia en sus comunidades de origen. La oficina de Naciones Unidas para los refugiados, Acnur, reconoce más de 315,000 personas vulnerables entre refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y retornados solo en el Triángulo Norte.
Por otro lado, la región depende de la migración. Las remesas enviadas por los migrantes generan el 4.8 % del producto interno bruto de Centroamérica. Representan casi la quinta parte de la economía de Honduras y El Salvador y el 10 % de la de Guatemala. Las políticas públicas de protección de los derechos de los ciudadanos centroamericanos y de fomento de las oportunidades económicas que representa la migración son insuficientes.
Mejorarlas requiere conocer el fenómeno adecuadamente y generar estadísticas que se actualicen con regularidad y que sean de acceso público. Se necesita saber las magnitudes de los flujos, cómo se comportan ante situaciones de crisis y cómo están preparadas (o no) las instituciones nacionales y regionales para atender la migración. Usualmente, los países implementan un censo cada diez años, pero mucho cambia en una década. Y en el caso de Guatemala, el censo de 2017 será el primero en 15 años. Las encuestas de condiciones de vida, un poco más frecuentes, conllevan el riesgo de que sus muestras no incluyan los lugares donde están desarrollándose dinámicas migratorias especialmente importantes, como poblados de frontera o los recién surgidos campamentos de refugiados.
[frasepzp1]
A pesar de la precariedad, existen importantes iniciativas en la región, como la Encuesta sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México (EMIF), que mide y describe el flujo entre Guatemala y ese país. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) solo aborda el tema de la migración desde la perspectiva de un acercamiento a las direcciones generales de migración del Istmo, pero los avances publicados no son significativos. Las instituciones centroamericanas deben amplificar el esfuerzo de la EMIF para estudiar los flujos entre los países de la región.
El seguimiento internacional que se le está dando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) presenta una oportunidad para presionar a los países a disminuir las brechas de información y de atención en materia migratoria. La meta 10.7 llama a «facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas».
Para contribuir a esta meta, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha planteado unos indicadores de gobernanza migratoria (IGM), que evalúan el marco institucional, jurídico y de políticas públicas en materia de migración en seis ámbitos: derechos de los migrantes, enfoque gubernamental integral, alianzas, bienestar de los migrantes, aspectos de la movilidad en situaciones de crisis y migración segura, ordenada y regularizada. Existen ya evaluaciones nacionales con base en los IGM para Honduras y El Salvador publicadas en el portal de datos de la OIM. Las organizaciones de la sociedad civil regionales que trabajan en migración pueden utilizar este marco para evaluar el avance en el cumplimiento de los ODS que propician sus Gobiernos y cabildear el apoyo internacional que los presione a responder.
El contexto de creciente inestabilidad en Centroamérica lo requiere. Si la situación política en Nicaragua se sigue deteriorando, es probable que se conforme una crisis migratoria que afectaría a toda la región. Se necesita más y mejor información para asegurar el respeto de los derechos de los migrantes, atender sus necesidades, mitigar los riesgos y las amenazas y facilitar las condiciones para alcanzar los beneficios de la migración.
Más de este autor