¿Marca la batalla por Monterrico el fin del pacto de no agresión nacional entre Eegsa y Energuate?
¿Marca la batalla por Monterrico el fin del pacto de no agresión nacional entre Eegsa y Energuate?
Un conflicto legal sobre el servicio de electricidad en la principal playa turística de Guatemala plantea la discusión entre el monopolio natural y la libre competencia en la distribución. Energuate defiende la exclusividad de su servicio en los departamentos en los que opera. Eegsa, su competidora, se expande más allá del área central del país que era, hasta hace poco, su hábitat. Transcurridos tres años y una pandemia que ha afectado al sector turístico, el Estado calla. La Asociación de Hoteleros de Monterrico dice estar cansada de la irresponsabilidad de Energuate.
El joven electricista alza la mirada que estaba oculta hasta ahora bajo la gorra. Tiene unos ojos pícaros. Leonel Pérez es uno de los tres electricistas municipales de su pueblo, Taxisco, cabecera del departamento de Santa Rosa, y sus catorce aldeas. No entiende por qué el servicio de electricidad de la distribuidora Eegsa aún no llega a su municipio: «El celo de la mara de este lado es: ¿cuándo vienen acá?».
Conocido por sus lácteos, Taxisco es un municipio de costa, cuya electricidad la distribuye desde hace veinte años Deorsa —filial de Energuate—. Del otro lado está la zona hotelera de playa, muy turística. En algunas de sus aldeas funciona Eegsa, a un precio entre un 15% y un 30% menor al suyo, según sus cálculos. El celo de los vecinos del que Pérez habla, proviene de no haber podido cambiarse de distribuidora por un conflicto legal entre ambas empresas.
A mediados de diciembre de 2019, sentado en una oficina de la Municipalidad, Pérez observa a un lado una caja con focos incandescentes, mientras se queja como usuario por la factura de Q100 que paga por tres focos, una refrigeradora y la cuota de alumbrado público. Como electricista, dice que el servicio de Deorsa es «de mala calidad», por el bajo mantenimiento de los transformadores. El problema en Santa Rosa, afirma, «solo lo da Deorsa, cuando hay subida de voltaje, se queman las bombillas».
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En 2017, Eegsa —propiedad de Empresas Públicas de Medellín— empezó a distribuir energía en un área costera de seis kilómetros entre las aldeas Madre Vieja y El Barranco. En medio, la aldea Monterrico, cuya playa es el principal destino de la costa pacífica de Guatemala —tan afectada hoy por los efectos en el turismo de la pandemia, que los empresarios hoteleros no quieren ni hablar del conflicto eléctrico—.
Pero cuatro años atrás, la distribuidora llevaba al menos un trienio en pláticas con ocho consejos comunitarios de desarrollo (Cocodes) y doce meses con la veintena de empresarios de la Asociación de Hoteleros de las playas de Monterrico y Hawaii. Ambos veían en Eegsa una alternativa a varios años de un servicio, el de Deorsa, que no les satisfacía.
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En febrero de 2018, Deorsa demandó a Eegsa por competencia desleal, daños y perjuicios. Un juzgado detuvo temporalmente la expansión de Eegsa. Y, en un acto sin precedentes, el grupo de hoteleros de Monterrico levantó la voz en 2019 para protestar públicamente en contra de Energuate, señalándola de dejarles sin energía durante horas, en una zona que ronda los 30 grados a diario. Hace unos días, en la primera quincena de julio de 2021, la Asociación de Hoteleros volvió a hacerlo. Se quejaron de 17 horas sin luz, durante el fin de semana, pese a pagar facturas de hasta 35,000 quetzales al mes, con un servicio «pésimo, y la indiferencia del proveedor». «Ya estamos cansados. Si el Covid-19 no mató nuestros negocios, Energuate nos va a matar».
Saltan chispas a veces.
Salen de un cable de un poste en el hotel Utz Tzaba. Lo mira molesto Keneth Escotio, que en 2019 gerencia todavía el hotel, antes de perder en 2020 su empleo por la pandemia. La última vez que hablamos con él, Escotio había denunciado la anomalía hacía dos semanas a Deorsa. Y seguía esperando. Ahora corre el aire, los huéspedes caminan a la piscina o almuerzan, mientras suena El triste, de José José.
«Estamos enojados porque deberíamos poder elegir distribuidor”, dice este encargado que cuando llegó a trabajar, en Semana Santa de 2019, le tocó su primer apagón en este hotel ajardinado a pie de playa, con capacidad para cien personas. «Si es un servicio deficiente a un precio más alto, tenemos que poder elegir un mejor servicio», opina quien tuvo que dejar su trabajo a mediados de 2020.
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Escotio se lo toma con humor. Cree que hay escasa educación legal en Guatemala como para entender la dimensión del conflicto. Hace poco denunció un corte de luz, lo reportó y llamó horas después a preguntar. «No pudieron encontrar el número del caso», dice sobre una empresa, Deorsa, que en 2019 instaló una oficina de atención al usuario en Monterrico, donde el encargado rechazó dar declaraciones a Plaza Pública.
Pero este proceso judicial no solo ilustra la pelea por un territorio. O el valor del consumo energético del turismo. O que no solo las comunidades rurales están inconformes con las empresas eléctricas, o que también lo están pequeños empresarios afectados por un sistema que no les da un buen suministro.
El enfrentamiento muestra, además, un cambio en un sector, el de la distribución, que había funcionado bajo un aparente pacto comercial de no agresión desde que la energía se privatizó a mediados de los noventa.
Si el acuerdo fue tácito o expreso, las empresas en disputa no son claras. Energuate no responde a ningún cuestionamiento. Y el vocero jurídico de Eegsa es ambiguo: «Yo creo que es más por un tema de planificación y desarrollo [...] Podría en un momento dado acordarse algo [sobre no competir entre distribuidoras], pero mi negocio es llevar energía a demanda. Ese pacto muchas veces no va a estar tallado en piedra; si viene una demanda de tantos kilovatios, voy a entrar», responde Rodolfo Velasco, en la oficina central de Eegsa.
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—La licencia de Eegsa en Santa Rosa, incluye Chimaltenango y Jalapa. Si la sentencia sale favorable, ¿esto es una declaración de intenciones?
—Por supuesto, por supuesto.
—¿Ustedes quieren expandirse?
—Claro, [...] pero hoy están estas cortes, mañana están otros, que pueden atender más a criterios personales que a espíritus legales. Nos encontramos muchas veces en una incertidumbre jurídica.
—No hay certeza, pero, ¿sí hay voluntad de ampliar al resto de sectores?
—Ah, por supuesto, esa voluntad sí está.
Es el departamento de comunicación de la CNEE el que, dos semanas después de la entrevista a Rodolfo Polanco, aproxima una posible explicación a por qué durante veinte años las dos distribuidoras no compitieron en un mismo territorio: «En su origen, las áreas de autorización buscaron el crecimiento de la red y la electrificación en una época donde no existía la posibilidad de que las redes de dos distribuidoras llegaran a traslaparse. Más de 20 años después, se empieza a ver este fenómeno».
En la aldea y en el hotel
«Kairos» significa «tiempo de dios», en teología. Ajardinado, dividido en casitas y con prohibición de venta de alcohol, Villa Kairos es el único hotel de la asociación que pudo conectarse a Eegsa antes del bloqueo judicial, junto a la comunidad a la que pertenece, aldea El Banco.
El jardinero Edgar Carvajal vive en El Banco. Necesita electricidad para regar las arecas y los palmares que decoran el hotel. «Con Deorsa se nos iba la corriente, ahora es muy raro que haya un apagón», dice rascándose la barbilla.
Dice que desde que entró Eegsa, vio dos cambios: pasó de pagar una factura de Q400 a una de Q150 en su casa y en Villa Kairos dejaron de llamar a servicio al cliente porque la distribuidora lo arregla.
Villa Kairos no usa generador y su consumo de luz es bajo, en comparación con la mayoría de hoteles. Gasta entre Q5000 y Q10,000 frente a los 30,000 que llegan a gastar otros hoteles medianos de Monterrico. Lo cuenta, bajo condición de anonimato, un encargado del hotel. Éste reconoce el efecto al cambiar de distribuidora: «Antes era un dolor; teníamos que explicar a los clientes que se iba a ir la luz en la noche y hacerles ofertas para que no se fueran». Aunque ahora el precio [de Eegsa], asegura, subió un poco.
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La cultura chaletera en las playas del Pacífico —San José, Monterrico, Iztapa, Hawaii— empezó tímidamente en los cincuenta, con la llegada de militares y familias adineradas. Cuentan que en los setenta llegaron los hippies y, en 1983, inició operaciones Puerto Quetzal. Los pobladores empezaron a vender sus terrenos a pie de playa y eso atrajo la construcción de residenciales de lujo. Y, en los noventa, llegaron los primeros hoteles a la aldea, como Johnny’s y Pez de Oro.
Pero fueron dos fechas posteriores las que convirtieron Monterrico en destino turístico: el asfaltado de la carretera (1999) y el puente que conecta la zona con Iztapa, en 2005, facilitando el acceso desde Ciudad de Guatemala. Los vecinos pasaron de ser pescadores a trabajar, en muchos casos, en los hoteles que iban en aumento. Hoy, alrededor de Monterrico, el área crece despacio en grandes residenciales y empiezan a aparecer complejos vacacionales enormes con todo incluido, como Oceana. Cómo afectará la crisis por el Covid-19 al futuro de Monterrico se dibuja en el silencio de los hoteleros afectados.
Los chalets y los hoteles de Monterrico se llenaban en los feriados. Y era común que la alta demanda energética provocara apagones en fin de semana, Semana Santa y Año Nuevo. Cuando la Asociación de Hoteleros de Monterrico empezó a hablar con Eegsa, llevaba años quejándose del servicio con Energuate, pero trataron de negociar con su distribuidora. Hubo reuniones, contactos con altos mandos, denuncias ante la Comisión Nacional de Energía (CNEE). Incluso hablaron con empresas fotovoltaicas.
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Dicen los vecinos que Hawaii se llama así porque es una lengua de tierra, como si fuera una isla. En el Hawaii de Guatemala, se reunieron por primera vez hace cuatro años los hoteleros y Eegsa, en el hotel Playa Plana. Lo recuerda su gerente, Gustavo Amaya, sentado delante de las pantallas de seguridad de su hotel, en un estrecho habitáculo a veinte grados. Tiene claro por qué se unieron en la asociación: «Nos unimos porque esto nos perjudica en lo económico».
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Cuando visitamos el hotel Playa Plana, poco antes de la pandemia, todo está muy tranquilo, apenas se observan clientes a las seis de la tarde. Pero, tras siete años como gerente general, Amaya cree que la electricidad se ha convertido en el mayor problema en común de los hoteleros. A todos, dice, se les han arruinado cámaras frigoríficas, computadoras o equipos de aire acondicionado por los reiterados apagones. Y el problema, en cierta medida, lo observa en que Deorsa no hace mantenimiento preventivo de los equipos y la distribuidora no tiene una bodega de suministro en la zona.
Los propietarios de Playa Plana invirtieron Q500,000 en un generador para evitar depender del servicio de su distribuidora. Dice Amaya que ha denunciado varias veces ante la Defensoría del Consumidor de Energuate. «Hay un monopolio autorizado, aunque esté prohibido, y Energuate tiene incapacidad para cubrir la demanda en fechas de alta ocupación», asevera sin quitarse los lentes de sol en una habitación.
Los tres mil clientes
En el primer año de operación de Eegsa, Deorsa le acusaba de quitarle clientela de sus 3,100 usuarios en la zona de Taxisco. Y como consecuencia, haber perdido más de medio millón de quetzales en facturación entre mayo y octubre de 2018, periodo estudiado por la distribuidora en su demanda.
Los abogados de la filial de Energuate argumentaban que la tarifa de su competidora excluía todos sus costos de operación (postes, transformadores, cables, alambrado, contadores) estimados en más de Q11 millones. Cuestionaban que el cálculo de la tarifa no era en base a la población del departamento de Santa Rosa. Y Eegsa lo confirmó: el precio es menor porque es el mismo que el que cobra en Ciudad de Guatemala. Pero también sostenía que desde hace veinte años tiene licencia del Ministerio de Energía para operar en la zona.
A la pregunta de por qué Eegsa tardó dos décadas en competir por Santa Rosa, responde solo en parte Polanco, el jurídico: «Es una cuestión técnica y económica: cuando Monterrico se desarrolló en el aspecto hotelero, generó más demanda y quisimos entrar a dar un servicio eficiente. Estamos peleando por una autorización que ya tenemos».
Durante más de un año, Deorsa logró que un juzgado mercantil bloqueara la expansión en Santa Rosa de su competidora; solo podía dar servicio a los vecinos que lo hubieran contratado hasta diciembre de 2018. Eegsa apeló y pagó una fianza de un millón de quetzales para que le permitan operar mientras se resuelve el conflicto legal.
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Los abogados de Energuate (Deorsa y Deocsa) argumentan que Eegsa rompió así su derecho a distribuir como monopolio en Santa Rosa. Su argumento se basa en que en la distribución eléctrica es ineficiente duplicar toda la infraestructura, y defiende su monopolio natural.
Aunque la Constitución de Guatemala prohíbe los monopolios, la ausencia de una Ley de Competencia deja a interpretación de la justicia el posicionamiento de Energuate y la entrada de Eegsa. El conflicto es complejo.
En enero de 2020, la jueza del caso, Lucrecia Gamboa, se excusó porque sintió que un abogado de Eegsa cuestionó su objetividad. Él le había pedido una reunión y la asistente de la jueza le indicó que, en cumplimiento de la carrera judicial, solo podía aceptar si estaban las dos partes del litigio. El defensor respondió que la jueza limitaba el derecho de su representada. Y la juzgadora se sintió ofendida en su imparcialidad, por lo que trasladó el caso a otro juzgado.
En junio de 2021, Eegsa cuenta con 1,424 clientes en Monterrico, un municipio con casi 10,000 habitantes.
En tres años de proceso, ni la Comisión Nacional de Energía (CNEE), que regula las tarifas, ni el Ministerio de Energía (Mem), que da las licencias, se han pronunciado sobre el proceso.
Cada institución gubernamental argumenta su silencio por razones puramente técnicas. El departamento de comunicación de la CNEE indica que no está entre sus funciones.
Pero sí lo está.
Según la Ley General de Electricidad, la misión de la Comisión incluye literalmente dirimir controversias en el mercado eléctrico y abogar por la libre competencia en favor del usuario. «La postura de la CNEE es no intervenir en casos judicializados [...] Y no hay que olvidar que, previo a ser judicializado, el órgano competente para la asignación de territorios es el MEM».
Por escrito, el departamento de comunicación del Ministerio de Energía primero indica todas sus funciones. Y luego, se resguarda. Señala que, según la Ley de lo Contencioso Administrativo, si alguna de las partes pide su intervención, o si se le exige por mandato legal, entonces intervendrá. Como nadie lo ha pedido hasta la fecha, ni ha emitido opinión ni ha generado diálogo entre las empresas. Pero, eso sí, dice que la comunicación con ambas es «excelente» y están «siempre abiertos» a facilitar el diálogo.
Al preguntar al MEM si ambas distribuidoras deben de poder operar en Santa Rosa y en los departamentos donde les otorgó licencias, la respuesta es un sí oculto tras cuatro líneas: «Las entidades que cuenten con autorización definitiva para la utilización de bienes de dominio público para la distribución final[...] pueden prestar sus servicios».
Energuate tiene licencia del Ministerio de Energía para distribuir por cincuenta años en doce departamentos, incluida Ciudad de Guatemala, desde 1998. Pero nunca ha entrado en la capital, que es aún territorio exclusivo de su competidora. Eegsa, además de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, tiene la misma licencia de cincuenta años para operar en Santa Rosa, Jalapa y Chimaltenango desde 1999. Por qué no utilizaron antes algunas de sus licencias, es otra pregunta que no responden. Pero la declaración de intenciones de Eegsa ya está hecha: en febrero de 2020 anunció en Prensa Libre que está a la espera de que el Ministerio de Energía y Minas le autorice operar en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.
En Eegsa insisten en que su posición es la de negociar, no llegar hasta ganar el juicio. Dice el jurídico que, si logra conciliación, quiere hablar con Deorsa sobre la posibilidad de renta de sus equipos, para no duplicar infraestructura. ¿Pero si la queja de los usuarios consultados suele ser la falta de mantenimiento? «Nuestra intención sería mejorar el equipo», dice el personero jurídico.
El caso sigue abierto. La demanda, en junio de 2021, se encuentra en fase de recepción de pruebas, según Eegsa.
La sentencia de este proceso sentará jurisprudencia en un país en el que el servicio de distribución a nivel departamental ha sido en la práctica monopólico —excluyendo las pequeñas distribuidoras municipales y algunas comercializadoras—. El conflicto rodea la libre elección del consumidor de su distribuidor eléctrico, por primera vez en Guatemala, que al carecer de Ley de Competencia, ni prioriza la protección en el servicio al usuario, ni dispone de juzgados especializados que evalúen casos así.
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