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“Los Papeles de Panamá”: Los “secretos” de las offshore de guatemaltecos que Mossack Fonseca desconocía
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Un trabajador temporal del ingenio Madre Tierra, propiedad de los hermanos Campollo, ubicado en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla / El Faro

“Los Papeles de Panamá”: Los “secretos” de las offshore de guatemaltecos que Mossack Fonseca desconocía

El grupo Campollo cambió a Mossack Fonseca por Arias, Fabrega & Fabrega, en marzo de 2016.
Mossack Fonseca tardó cuatro años en reportar las sospechas sobre las empresas de "La Reina del Sur"
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El casi extinto bufete panameño Mossack Fonseca, creó offshores a guatemaltecos sin conocer los antecedentes de sus clientes ni el objetivo de las sociedades. Entre ellas se encuentra empresas de la familia guatemalteca Campollo Codina en las Islas Vírgenes Británicas y la cuenta de la narcotraficante condenada, Marllory Dadiana Chacón Rossell, según una nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), del cual forma parte Plaza Pública.

El 14 de marzo de este año el bufete Mossack Fonseca anunció que se disolvería. Casi dos años después de que “Los Papeles de Panamá” develaran las prácticas opacas de varias firmas de abogados y empresarios, con el fin de ayudar a crear sociedades privadas. Algunas de ellas buscaron eludir la ley para enriquecerse ilícitamente a través de la evasión de impuestos y esconder ese dinero en paraísos fiscales.

En algunos casos ni siquiera el bufete Mossack Fonseca estaba al tanto de quienes eran los beneficiarios finales de tales sociedades inscritas en paraísos fiscales, a pesar de haberlas registrado. El bufete prestó sus servicios sin antes conocer los antecedentes y pasado de sus clientes.

Una nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revela que Mossack Fonseca contaba con un protocolo para crear sociedades, pero este se aplicó muy poco. A raíz de la primera filtración, el bufete empezó a investigar sobre el estatus y los antecedentes de sus clientes y hasta entonces actualizó los datos. También hizo una evaluación de las sociedades donde tenían información de quiénes recibían los beneficios de las offshore.

Pero no pudo contener la crisis, y se vio obligado a cerrar.

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La falta de controles e investigación de las cuentas se visibiliza cuando, en marzo de 2016, la familia guatemalteca Campollo Codina, decide mudar sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas (BVI por sus siglas en inglés) del bufete Mossack Fonseca al de Arias, Fabrega & Fabrega, conocido como Arifas, también panameño, pero la firma se topa con “inconvenientes”.

Arifas fue creada en 1914, por Julio Fábrega y Harmodio Arias, expresidente de Panamá. El bufete ofrece servicios legales, creación de offshores y estructuras fiduciarias en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y las Bahamas.

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Por medio de un correo electrónico, Mercedes Irving-Bell, asistente de María Eugenia Campollo, empresaria guatemalteca propietaria entre otras decenas de empresas del Ingenio Madre Tierra, solicitó a Mossack Fonseca el inicio del proceso para cambiar de administración a 50 empresas donde los cuatro hermanos Campollo Codina son accionistas. Hasta entonces Mossack Fonseca se percata de que algunas de las empresas de la familia Campollo Codina, que ese bufete había creado y que representaba, no tenían nombre ni registraban su actividad comercial.

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Seis de esas empresas tenían datos incompletos. Estos se registran cuando se solicita crear una sociedad y forma parte del proceso de “Debida Diligencia” que, a su vez, ayuda a la firma a conocer al potencial cliente. Mossack Fonseca creó las offshore de los Campollo sin cumplir con ese requisito que es exigido por la legislación internacional contra el lavado de activos.

En otro correo electrónico remitido el 18 de abril de 2016, Mossack Fonseca solicitó a Irving-Bell completar la información de estas empresas para poder ejecutar el traslado a Arifas.

ICIJ

El abogado guatemalteco Mario Estuardo Archila Maldonado, del bufete Archila & Asociados, explica las dificultades que suelen enfrentar los bufetes legales para conocer a profundidad a sus clientes. “Por más que uno quiera conocer al cliente (es difícil); y ya llegamos al momento de las leyes que exigen conocer al cliente y al cliente del cliente”.

Los Campollo Codina son propietarios de empresas azucareras, cafetaleras, de electricidad y petroleras, entre otras. Y muchas de estas son manejadas por offshores creadas en otros países.

Además de trasferir la representación de sus empresas de Mossack Fonseca a Arifas, los Campollo Codina también modificaron la titularidad de las acciones de estas. “Les agradeceré firmar estos documentos para transferir las acciones de estas empresas”, escribió Irving-Bell el 3 de mayo de 2016.

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Los Campollo Codina crearon offshores con Mossack Fonseca para resguardar los bienes patrimoniales de la familia. El 5 de mayo de 2016, las fundaciones y fondos de fideicomisos MFM Foundation, Blue Spruce, Fraternity Fellowship, transfirieron 350 mil de sus acciones a nombre de los hermanos Ramón, Ricardo, María Eugenia y Rosa María Campollo Codina, además fueron repartidas entre sus hijos y sobrinos.

Plaza Pública solicitó una entrevista con José Buitrón, uno de los abogados del Grupo Campollo, quien fungió como oficial de una de las sociedades que fueron trasladadas a Arifas, pero este no la concedió. 

La Reina del Sur

Mossack Fonseca también creó una sociedad offshore para la guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rosell, conocida como la “Reina del Sur”, condenada en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Se trata de Brodway Commerce Inc., con sede en Panamá. El 14 de marzo de 2016, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá levantó un Reporte de Operaciones Sospechosas sobre esa empresa.

Chacón Rossell aparecía como directora de la compañía, y María Corina Saenz Lehnhoff (alias María Corina del Pina) como beneficiaria final, según la información remitida por Mossack Fonseca.

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El reporte indica que hay sospechas de que la transacción pueda estar relacionada con blanqueo de dinero y narcotráfico.

El bufete panameño hizo el reporte hasta después de que Chacón Rossell fuera condenada en los Estados Unidos. El nombre de Chacón Rossell, Saenz Lehnhoff y sus empresas salió a luz en 2012, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una sanción contra ellas, bajo sospechas de estar ligadas al tráfico de drogas y lavado de dinero.

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Mossack Fonseca tardó cuatro años en reportarlo oficialmente al gobierno panameño.

Archila Maldonado, cree que Mossack Fonseca no tiene ninguna responsabilidad en el uso que se le pudo dar a la empresa que crearon, pues “ningún bufete tiene obligación respecto a qué van a ser con una sociedad cuando se constituye”.

La offshore de una diputada que nunca vendió nada

Mossack Fonseca ofreció sus servicios a decenas de empresarios, religiosos y políticos guatemaltecos, entre ellos el pastor evangélico Harold Caballeros, así como a la sobrina de su esposa, Cecilia Arimani de Caballeros. Se trata de la empresaria y ahora diputada María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez, del partido Visión con Valores (Viva).

La legisladora fungió como directora, presidenta y una de las tres accionistas de la offshore Patrol Online Corp., ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, la cual estuvo activa entre el 28 de mayo del 2012 y el 17 de enero de 2017.

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La offshore fue creada para abrirse mercado en Guatemala y Colombia con la venta de sistemas de video vigilancia en línea. La diputada afirma que durante los cinco años de vida de la empresa, nunca lograron vender nada ni generaron renta, por lo que tampoco pagaron impuestos derivados de los ingresos. “Un grupo de inversionistas locales me invitaron a participar en la venta fuera de Guatemala de una solución descubierta acá en Guatemala, que era un sistema de videograbación en línea. Me pidieron que participara abriendo mercado en Colombia y México, y yo acepté una participación accionaria mínima, minoritaria, y en ningún momento yo recibí un centavo”, indica.

Asegura que fue el bufete guatemalteco con el que solían trabajar sus socios, los que contactaron a Mossack Fonseca para crear la offshore. “Mis socios, probablemente, lo usaban para sus negocios. Ellos usaban un bufete en Guatemala y ese usaba el de Mossack Fonseca, mis socios probablemente ni sabían. Ellos incorporaron una empresa para manejar esta iniciativa que nunca caminó”.

Uno de los accionistas de la empresa era el abogado Ricardo Enrique Casas Fleishcher, quien apareció en la primera filtración de “Los Papeles de Panamá”, como accionista de Talwyn Overseas, S.A. y de Diassar Inc. Ambas offshore con sede en ese país. Casas renunció a la sociedad en 2015.

El otro accionista es Lockwind Inc., representada por Roberto Armando Crespín Montúfar, representante de la empresa guatemalteca de seguridad Protección Total, S.A. Tabush niega conocer a Crespín Montúfar, pero en algunos documentos, donde ella firma como directora, su nombre aparece junto al de Crespín.

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Por su lado, Crespín Montufar, quien continúa trabajando en Protección Total, S.A., aceptó haber representado a Lockwind Inc., que aún existe, pero dijo desconocer a Patrol Online Corp.

“Buen día, le comento que nuestro jefe se encuentra de viaje y hasta no hablar con él no podemos dar información”, respondió Crespín Montufar en mensajes de texto, cuando se le requirió más información para conocer sobre su participación en dicha offshore.

Cada año, los accionistas de Patrol Online pagaban US$1,073 a Mossack Fonseca por mantenerla vigente, y Tabush refiere que pagó casi US$6 mil para disolverla. Casi tres años después que la empresa fue creada, Casas Fleishcher renunció como director y Tabush Pascual lo reemplazó en el cargo.

La empresa fue formalmente disuelta el 17 de enero de 2017. Según la parlamentaria no fue el escándalo ni las prácticas poco transparentes de Mossack Fonseca las que llevaron a disolver a Patrol Online. Fue “por otros motivos”, asegura.

“Nunca hicimos una venta, lastimosamente. No era ni tan buena la solución ni tan competitiva. Después de unos tres o cuatro años, tomamos la decisión de disolverla. Según yo, ya estaba disuelta, para mi sorpresa seguía sin estar disuelta y me costó bastante dinero. Por eso, muchas veces los empresarios de empresas que no fructificaron las dejamos morir. Por eso, dejamos que pasen 10, 15 años y las dejamos morir”, indica.

Agrega que tiene “por lo menos seis empresas panameñas” más, sobre las que “no tengo que darle cuentas a nadie”.

La diputada asegura que ha utilizado otro bufete en Panamá, el cual no identificó, por los últimos 25 años, para manejar las empresas que tiene en 14 países.

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