Según los resultados de la encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés), el MP es considerado por el 57.8 % de la población una de las entidades de mayor confianza ciudadana. A la entidad responsable de la persecución penal le anteceden los medios de comunicación en segundo lugar, con el 61.9 %, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en primer lugar, con un 70 % de reconocimiento.
Este índice no es gratuito, sino más bien el resultado de esfuerzos sostenidos a lo largo de los ocho años anteriores. Las dos gestiones que preceden a la de Porras Argueta, de 2010 a la fecha, generaron tales cambios en la institución que en menos de una década han logrado ponerla en el camino a la respetabilidad institucional ciudadana.
Claudia Paz y Paz Bailey, primera mujer en dirigir el MP, estuvo al frente de la entidad de diciembre de 2010 a mayo de 2014. Paz y Paz recibió una institución con un bajo nivel de credibilidad ciudadana y con altos niveles de ineficiencia. En 2010, el índice de impunidad en delitos contra la vida alcanzaba la dolorosa cifra de 96 %. En menos de tres años dicho indicador tuvo una reducción del 26 %.
De acuerdo con un estudio publicado en 2013 por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con la gestión de Paz y Paz se había «mejorado notablemente la persecución criminal, reducido la impunidad de los crímenes más graves, aumentado el nivel de transparencia y rendición de cuentas y fortalecido institucionalmente el Ministerio Público». El estudio del CEJA destaca, como factor directamente relacionado con estos resultados, las reformas puestas en vigor por la administración de Paz y Paz. Dichos resultados incluyeron la exitosa extradición a Estados Unidos de líderes criminales reclamados por el país del norte, así como el impulso de procesos de justicia transicional (por graves violaciones de derechos humanos) que no mostraban progreso.
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Dentro de estos cambios se pueden resaltar la creación de las oficinas de atención a la víctima en todo el país, el incremento del acceso de los pueblos indígenas al sistema de justicia (que incluyó un incremento de traductores que trabajan con las y los fiscales), la política de atención a la víctima con perspectiva de género y el fortalecimiento de la Dirección de Investigación Criminal (Dicri), la cual avanzó en el uso de tecnología y en el impulso de un modelo de gestión penal que ha generado metodología de análisis integral y enfoque estratégico en la persecución penal.
En mayo de 2014, Thelma Esperanza Aldana Hernández sustituye a Paz y Paz y asume la dirección del MP. Lejos de anular los cambios impulsados por su antecesora, Aldana evaluó los resultados de estos y optó por fortalecerlos. De esa suerte, durante la gestión de la segunda mujer al frente del MP, los índices de eficiencia se acrecentaron. En el informe de labores de sus cuatro años de gestión, Aldana Hernández reporta la desarticulación de más de 178 estructuras criminales, la recuperación de 2,373.5 millones de quetzales por procesos penales instaurados y el pago al fisco de 1,587.5 millones por la puesta al día de empresas que evadían el pago de impuestos.
Ambas administraciones, la de Paz y Paz y la de Aldana Hernández, sentaron las bases para la depuración del MP y el fortalecimiento de su actividad en el sistema de justicia. Su labor, junto a la de la Cicig, particularmente en los últimos tres años, lleva a que Consuelo Porras reciba una entidad con amplio respaldo ciudadano y con un elevado indicador de rendimiento. Por lo tanto, la expectativa ciudadana es que, lejos de anular lo actuado, la nueva jefa del MP garantice que este mantendrá los altos niveles de eficiencia y de combate de la impunidad que lo han caracterizado hasta ahora.
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