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Lo que está en juego

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Tipo de Nota: 
Opinión
5 09 18

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No se puede dejar de reconocer que, para los Estados modernos, el derecho internacional (conjuntamente con sus mecanismos e instituciones) genera efectos que no siempre se perciben como agradables.

Vaya si el cuerpo de las relaciones internacionales no está impregnado de debate para responder a la pregunta: ¿hasta qué punto los Estados aceptarán que la cooperación es la regla, y no la excepción?

La respuesta se puede simplificar: la aceptarán hasta donde se sientan cómodos. En esencia, eso de cómodos está relacionado con factores como los siguientes: la solidez institucional, la buena voluntad o el deseo de colaborar, la consolidación democrática y la responsabilidad de las élites, entre otras. No se descubre el agua azucarada cuando se dice que, ante un mayor nivel de madurez institucional y cuando las élites políticas cumplen con los acuerdos que pactan, la integración regional y la cooperación (en todas sus formas) dejan de verse como una incomodidad y pasan a ser instrumentos que permiten —incluso— alcanzar los objetivos soberanos del Estado. No sucede lo mismo cuando las instituciones son frágiles y cuando quienes detentan el poder perciben —equivocadamente— que el derecho internacional es una forma de violación de la soberanía.

Esta cuestión respecto a la soberanía violada es simplemente una estupidez. A ver. Sobre el tema de la soberanía, en Direito internacional da integração Mello C. D. señala que «la soberanía pasa a ser un concepto casi formal, pues su contenido se ve cada vez más disminuido por la creación y el desarrollo de las organizaciones internacionales. En la misma Carta de la ONU, la palabra soberanía es evitada y se utilizan expresiones como jurisdicciones domésticas o dominio reservado». La razón de ser de esta conceptualización es clara: la cooperación y los mecanismos del derecho internacional no violan soberanía alguna porque su aplicación y funcionamiento requieren siempre la expresa voluntad del Estado receptor. Y sobre la relación construida se diseñan mandatos que son consensuados. Son, por el contrario, los Estados mismos los que de forma muy particular esconden el nulo deseo de rendir cuentas y de respetar los derechos humanos con la cantaleta de la soberanía. En esto mismo se demuestra la resistencia a aceptar mecanismos internacionales que resuelven crisis o investigan desapariciones. Por lo anterior es que se expulsa a observadores internacionales. Por la misma razón se entorpece el funcionamiento de las mismas comisiones nombradas. Y de ahí, además, cuando la llave aprieta, la decisión unilateral de expulsarlas. Por esto y muchas cosas más, Ortega se ha comportado claramente como un déspota.

¿Creía usted, estimado lector, que todo lo anterior apuntaba exclusivamente a lo acontecido en Guatemala el pasado día viernes? Pues no, pero me llega su lógica.

Porque es el mismo principio lo que estamos discutiendo.

Hay que ser caraduras para pensar que un presidente que tiene conflictos de interés con la Cicig (su hermano, su hijo y él mismo son investigados) tiene alguna legitimidad para decir que la etapa Cicig debe concluir. Solo con este tipo de comportamientos aún vigentes se deduce que la Cicig debería continuar aún más tiempo.

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Esta actitud de darles carpetazo a los órganos de investigación incómodos es propia de presidentes tropicales, y lo de desplegar vehículos militares frente a la embajada de Estados Unidos (así como frente a una sede de las Naciones Unidas) es digno de milicos congoleses. Dicho sea de paso, Estados Unidos no dejará pasar tal acto de provocación, pues, con o sin Cicig, Estados Unidos tiene siempre mecanismos para asegurarse de que presidentes y exfuncionarios latinoamericanos rindan cuentas en tribunales federales cuando dejan el cargo.

Lo que está en juego en Guatemala (entre otras cosas) es la esencia misma de la democracia. Es gravísimo que esta discusión se tenga a más de tres décadas del retorno. ¿Conferencias de prensa en las cuales el Ejecutivo se acuerpa con militares? Al menos se hubiera rodeado de sectores populares, de bomberos, de vendedores, de líderes religiosos, etc. Activistas y críticos del Gobierno buscaron refugio en algunas embajadas durante el mediodía, la tarde y la noche del pasado viernes. ¿En serio este tipo de bestialidades suceden a estas alturas de la historia?

Cierro mencionando dos facetas de la democracia que en Guatemala aún no se comprenden en su totalidad.

Primero, la democracia, además de la participación y el debate ciudadano sin restricciones ni limitaciones, es la plena garantía de derechos adquiridos sobre los cuales nadie puede pasar. Ha sido difícil que este punto se entienda: la importancia de las instituciones. Las derechas predicaron a viva voz que la relación entre la democracia y el liberalismo era una del tipo agua-aceite para precisamente no tener que aceptar derechos políticos. Y las izquierdas despreciaron la democracia liberal por verla burguesa. Quizá sea bueno tener imágenes que nos hagan recordar los años 80 para entender, de una vez por todas, la importancia y necesidad de consolidar instituciones que puedan protegernos del capricho de quienes ostentan temporalmente las magistraturas.

Segundo, la democracia es, ante todo, fiscalización y rendición de cuentas: la capacidad de incidir y de detener las acciones de aquellos que toman decisiones con las cuales transforman el Estado en botín personal, cosa que, dicho sea de paso, ni Ortega ni Maduro ni Morales parecen entender.

Para consolidar estas dos facetas en la democracia guatemalteca es necesario prolongar la experiencia Cicig por más tiempo. ¿Acaso es posible pensar que los vicios acumulados de los últimos 50 años se resuelven en una sola década?

Hay que ser caraduras para pensar que un presidente que tiene conflictos de interés con la Cicig (su hermano, su hijo y él mismo son investigados) tiene alguna legitimidad para decir que la etapa Cicig debe concluir.
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