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Ley de Aceptación de Cargos: admitir responsabilidad para reducir la pena
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Ley de Aceptación de Cargos: admitir responsabilidad para reducir la pena

La aceptación de cargos es un recurso jurídico que pretende agilizar los procesos penales
La postura de Cicig y el MP es clara: evitar que la aceptación sea dar dinero para evadir la prisión
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Las reformas al Código Procesal Penal que proponen el procedimiento de aceptación de cargos buscan que un sindicado, en lugar de aferrarse con uñas y dientes a la inocencia, admita los hechos y colabore con la investigación. Un mea culpa avalado por el sistema de justicia que beneficie al señalado con una condena reducida y de paso también beneficie al sistema al liberarle de casos.

En el Congreso corre prisa por aprobar la Ley de Aceptación de Cargos, una iniciativa presentada en mayo del año pasado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que inicialmente había sido ninguneada por las bancadas dominantes por considerarla “una ley de sapos”, pero que ahora es vista como una tabla de salvación para decenas de políticos, empresarios, diputados y otros funcionarios implicados a partir de abril de 2015 en casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito. Al acogerse a ella podrían evitar la cárcel, mas no la justicia y la obligación de reparar el daño cometido. Aunque el objetivo original es la de cumplir con el principio de “justicia pronta y cumplida” para todos.

Se trata de la iniciativa 5311, la que basada en los principios de la justicia premial, propone la adhesión al Código Penal de un capítulo denominado “procedimiento especial de aceptación de cargos”, que beneficiaría con la reducción de las penas a las personas que acepten la responsabilidad de los delitos imputados a cambio de colaborar con la Fiscalía para llegar hasta la verdad de los hechos, resarcir a las víctimas y/o al Estado por los daños, y garantizar que en el futuro no incurrirán en los mismos delitos.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil especialistas en temas de justicia, en “términos generales” apoyan la propuesta, pero no en los términos en que el Congreso corre por aprobarla.

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El 29 de mayo pasado, en cumplimiento a lo dispuesto por los jefes de bloque, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, convocó a la integración de una comisión específica para analizar la iniciativa, escuchar a expertos y grupos interesados, para luego emitir un dictamen. La comisión está conformada por 12 congresistas (uno por cada bancada), y es presidida por el diputado Manuel Conde Orellana del Partido de Avanzada Nacional (PAN). Aunque esta comisión apenas ha tenido una sola reunión de trabajo con avances mínimos, el pasado 5 de junio varios legisladores pretendieron incluir la discusión y aprobación de la iniciativa en primera lectura. No lo lograron, pero podrían hacerlo en las próximas sesiones extraordinarias previstas para estos días. Junto a esa iniciativa pretenden también aprobar la de financiamiento electoral ilícito (que beneficiaría a varios empresarios y diputados procesados por ese ilícito).

De la “ley de sapos” a la tabla de salvación

El tema de aceptación de cargos no es nuevo. Llegó por primera vez al Congreso en 2016 de la mano del MP y la Cicig, pero fue desestimado por ser considerado por algunos diputados como una “ley de sapos”, porque favorecería a quienes delataran a sus cómplices para salvar sus pellejos, mientras que otros grupos consideraron que promovía la impunidad al reducir las penas a quienes se declararan culpables.

Casi al mismo tiempo, el diputado Oliverio García Rodas, presentó una iniciativa similar, la 5132, y un año después lo hizo la CSJ. Ambos proyectos permanecieron engavetados hasta el pasado 19 de abril, cuando el MP y la Cicig presentaron el segundo caso por Financiamiento Electoral Ilícito contra el partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Esta nueva etapa señaló a grandes empresarios como Felipe Bosch Gutiérrez, Salvador Paiz del Carmen, Miguel Torrebiarte Novella, José Guillermo Castillo Villacorta y José Fraterno Vila Girón. A este grupo se le señala de haber aportado hasta Q8,3 millones de forma anónima para pagar a los fiscales distritales, departamentales y de mesa de la agrupación política durante la primera y segunda vuelta electoral de 2015. Los empresarios fueron ligados a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito el pasado 6 de junio.

El 27 de abril, una semana después de que se presentara el caso, el diputado Luis Hernández Azmitia del Movimiento Reformador (MR) logró que la iniciativa de García Rodas y no la de la CSJ fuera puesta en agenda para una segunda lectura. Hernández Azmitia argumentó que su propuesta se debía a que la aceptación de cargos era un tema que se había tratado desde el inicio de la legislatura. “Son temas sustantivos que tenemos que abordar ya como Congreso y darle viaje a esa agenda que la tenemos rezagada”, declaró a los medios al salir de la reunión.

Pero los cálculos le fallaron a Hernández Azmitia y compañeros, y momentos antes de que la iniciativa fuera aprobada, García Rodas desistió de su proyecto para que fuera conocido el de la CSJ.

Semanas después, preguntado por su decisión de desistir de la iniciativa que tanto había defendido, al punto que había pedido que fuera dispensada de dictamen, García Rodas sonrió e hizo un gesto de negación con la cabeza. “No quiero comentar de esto”, dijo. Sus acciones, agregó, hablaban por sí mismas. En el Congreso se rumoraba de las intenciones de varios diputados de incluir una serie de enmiendas de último momento a esa propuesta. García Rodas se habría percatado de ello y prefirió desistir de su iniciativa antes de que esta fuera desnaturalizada.

Los jefes de bloque, entonces, encontraron otra tabla de salvación. Llamaron a los magistrados de la CSJ para refrescar la iniciativa presentada un año atrás por ese organismo. Los magistrados Delia Dávila y Néster Vásquez, miembros de la Cámara Penal, se sentaron durante más de una hora con los interesados en escuchar la propuesta. El acuerdo de esa mañana fue que la iniciativa se conocería en primera lectura y luego se convocaría a una mesa técnica para hacer las enmiendas necesarias. Únicamente sucedió lo segundo.

Justicia, verdad, reparación y no repetición

La aceptación de cargos es un recurso jurídico que pretende agilizar los procesos penales para garantizar el principio de justicia pronta y cumplida, así como descongestionar el sistema de justicia y penitenciario. Se basa en cuatro premisas clave: justicia, averiguación de la verdad, reparación digna a la víctima y garantía de no repetición. Cuando el acusado reconoce su responsabilidad ayuda a las autoridades a esclarecer el hecho, se compromete a reparar a la persona dañada, y promete no volver a cometer el delito por el que fue procesado. Si hay más involucrados en el caso, el señalado también deberá testificar sobre lo que le consta al respecto. Según la iniciativa original, los delitos en los que no se podría invocar esta ley son los de lesa humanidad (como genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de humanidad). Sin embargo, los diputados y organizaciones de sociedad civil piden que se incluyan los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas y trata de personas.

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No podrán aceptar cargos las personas que reincidan ni se tendrá derecho a la conmutación de la pena impuesta o a la rebaja de esta. Tampoco quienes ya hayan sido condenados en sentencia firme.

La aceptación de cargos la ofrece la persona sindicada al juez. Es una acción voluntaria que beneficia a la persona al reducir la pena de acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentre. En la iniciativa original, si el señalado declaraba luego de la audiencia de primera declaración, se reducía su condena a la mitad. En la segunda iniciativa, que fue presentada en 2017 por la CSJ se establece que la pena se reducirá en un 30%. La propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y de algunos diputados es que se aumente a un 40%.

“Me declaro culpable” 

Imagine a un empresario vestido con un impecable traje Hugo Boss, sentado en el banquillo de los acusados, viendo fijamente al juez durante la audiencia de primera declaración, en la que el MP y la Cicig lo sindican del delito de financiamiento electoral ilícito. De voluntad propia, el empresario pide al juez ser beneficiado con la Ley de Aceptación de Cargos; acepta su responsabilidad, explica cómo se cometió el ilícito y quiénes participaron en los hechos. El juez le impone la pena máxima (ocho años), con una reducción del 40% está queda en cuatro años y ocho meses, lo que la convierte en conmutable a razón de Q5 por cada día; el juez también le impone una reparación económica al Estado de Q50 mil, y le prohíbe ser contratista del Estado durante el tiempo que dure la pena. De vuelta a casa; fin del proceso.

Imagine que sale del trabajo, no hay tráfico, va rápido, el camino está oscuro y una persona cruza la calle. Usted la atropella y la víctima tiene una lesión. Le llevan a tribunales, pasa la audiencia de primera declaración y le ligan a proceso, pero le otorgan una medida sustitutiva. Durante la etapa intermedia, su abogado le sugiere aceptar cargos y accede. El juez le condena con un 30% menos de la pena que debió recibir y tiene la orden de resarcir económicamente al atropellado. De vuelta a casa; fin del proceso.

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Imagine que va en el carro de un amigo. La policía los para y encuentran mariguana en la guantera. Los llevan ante el juez, quien los liga a proceso por posesión para el consumo. Su amigo acepta los cargos durante la etapa intermedia. Usted lo hace durante el debate oral y público por lo que le reducen la condena en un 10%. Se le asigna trabajo comunitario a manera de reparación. Los dos salen del embrollo legal.

En estos escenarios ninguno de los acusados llegó a un debate oral y público, pero los casos no quedaron en la impunidad; hubo justicia. El Estado no invirtió recursos humanos y económicos más allá de los necesarios. No se trató de un procedimiento abreviado ni de beneficios por colaboración eficaz, los cuales son otros principios de la justicia premial que ya contempla el Código Penal.

Aceptación de cargos por transfuguismo 

Los diputados sienten la elección de 2019 respirar sobre sus nucas y con ella, la oportunidad de buscar la reelección. ¿El problema? Cerca de 80 legisladores no pueden buscar una curul en el próximo proceso electoral debido a que se cambiaron de partido. El transfuguismo fue prohibido en las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) aprobadas en 2016, y está penado con la prohibición de presidir comisiones de trabajo e integrar la Junta Directiva del Organismo Legislativo. Además de que no se pueden postular como candidatos para la reelección si no es con el partido con el que fueron elegidos inicialmente.

Hernández Azmitia presentó una iniciativa para permitir de nuevo el transfuguismo, pero aún no consigue los votos para su aprobación. El proceso para reformar este artículo es complejo, ya que cualquier reforma a la LEPP debe ser llevado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para su consulta. Este procedimiento puede demorar todo lo que la CC desee. De hecho, las últimas reformas que se aprobaron en noviembre de 2017 aún no han sido retornadas al Congreso.

Para este grupo de congresistas que no puede optar a la reelección es importante modificar la ley y ofrecen sus votos para las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito y la Ley de Aceptación de Cargos, a cambio de que se consiga pasar la reforma del transfuguismo. Es una estrategia con un gran trecho que recorrer y esperan apurar lo más que puedan.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, considera que el transfuguismo es “estratégico”, pero que la reforma del delito de financiamiento electoral ilícito requiere la misma atención ya que si logran cambiar la pena para que sea menor de cinco años y luego pasan la Ley de Aceptación de Cargos, estarán legislando impunidad, porque aprobarán leyes legales pero legitimas.  

Esto es lo que el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez señaló en la conferencia de prensa el pasado 18 de abril, cuando salió el caso de Financiamiento Electoral Ilícito que involucra a un grupo de la cúpula empresarial, al partido oficial y podría señalar al presidente Jimmy Morales Cabrera. “Las normas que sancionan el financiamiento electoral ilícito de la política, incluyendo el financiamiento anónimo, deben ser robustas, severas, ejemplares, si es que en realidad se aspira a la prevención de la corrupción y a las garantías de no repetición”, dijo entonces. No se deben de buscar “amnistías disfrazadas”.

Por el momento, la reforma de este delito pasó un primer debate. Transfuguismo fue incluido en la agenda del 5 de junio y se encuentra en la Comisión de Asuntos Electorales para obtener dictamen. La comisión que ve el tema de aceptación de cargos ya tuvo su primera reunión. Sin embargo, la iniciativa podría conocerse en primer y segundo debate y que luego las conclusiones de la comisión se presenten como enmiendas de curul.

Cicig, MP, sociedad civil y el grupo empresarial

En un inicio, existía claridad acerca de que se debía plantear un proceso de aceptación de cargos para generar un mecanismo que oxigenara el sistema y redujera el número de la población que se encuentra en prisión preventiva. Según las estadísticas de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en las cárceles del país hay un total de 22,464 de privados de libertad. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 50% de estas personas se encuentra en prisión preventiva.

Los intereses de cada sector se evidenciaban mientras el debate se hacía cada vez más técnico. Las reuniones continuaron. Hasta que salió el caso de financiamiento electoral ilícito y el grupo que representa al sector empresarial, la Fundación 2020 y la Cicig dejaron de tener contacto. La fundación mantuvo relaciones con Fundación Myrna Mack y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).

Fundación 2020 es un centro de análisis de carácter privado que nace en septiembre de 2010. Su fin es investigar, analizar y proponer políticas públicas, con un énfasis en el ámbito legislativo. Es el “brazo técnico” de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) del sector empresarial, la cual está integrada por el Comité Coordinador de Cámaras y Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Rango (Fundesa).

César Sigüenza, abogado de 2020, reitera que el caso de financiamiento electoral ilícito en el que están involucrados los empresarios no tuvo nada que ver con la falta de reuniones con la Cicig, sino que se esperaba a la activación de la mesa técnica para continuar la colaboración. Mack también asegura que ya no se necesitan más reuniones.

Existen tres cambios sustanciales que las organizaciones de sociedad civil y algunos diputados acordaron incluir en la iniciativa de la CSJ:

  1. Excluir los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas y trata de personas del proceso de aceptación de cargos. Actualmente, no se encuentra redactado en la iniciativa de la corte, pero todos los entrevistados dieron por hecho que sería incluido en esta.
  2. Aumentar a 40% la rebaja que puede recibir una persona que se declara culpable durante la etapa de primera declaración.
  3. Si una persona no cuenta con los recursos económicos para dar una indemnización económica a la víctima podrá prestar servicio comunitario por el tiempo que dure la condena.

A pesar de estos puntos en común, existen otros dos en los que los distintos grupos han acordado disentir: la reincidencia y la conmutabilidad de penas. La postura de Cicig y el MP es clara: no se ofrece una conmutación para evitar que la aceptación sea un mecanismo que permita dar dinero para evadir la prisión.

La Fundación 2020 difiere en este tema. “Si el delito original era inconmutable, con la aceptación de cargos, aunque sean dos días, los tiene que pasar en la cárcel. Ahora si en el delito se permitía la conmuta, aquí también lo puede conmutar”, explica Sigüenza.

El otro punto en donde rozan los desacuerdos es en el tema de la reincidencia. En la iniciativa actual se establece que una persona no podrá aceptar cargos dos veces por el mismo delito, aunque se trate de hechos distintos. Es un tema que todos los involucrados discuten con cautela porque los actores más pegados a las instituciones de justicia niegan que siquiera se incluya este tema. Fundación 2020 presenta una postura distinta.

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“Se permite la reincidencia siempre y cuando el juez en un caso concreto lo autorice, con el agregado de que si vuelve a cometer un delito (dentro del tiempo que cumple condena por la aceptación de cargos) pierde sus beneficios anteriores”, explica Sigüenza.

Estos dos puntos son los que van a causar más debate en la comisión. Sin embargo, tanto Fundación 2020 como los sectores del área de justicia aseguran tener documentos y materiales de apoyo ya preparados para tener un debate frente a los congresistas.

Hay otros grupos que, aparte de la aceptación, hablan de una ley de negociación de cargos. Incluso existe una iniciativa, la 5385, que contempla este procedimiento. En este caso, el proceso no sería acusado y juez, sino se trataría de una negociación entre el acusado y el fiscal del MP. Esta figura fue rechazada por la Cicig en agosto de 2016 debido a la corrupción que se encuentra enraizada en las instituciones del sistema de justicia y la debilidad en algunas de ellas.

La comisión que trabaja este tema busca apresurar un dictamen favorable para que el proceso de aceptación de cargos sea aprobado durante el período extraordinario de sesiones. Aunque no hay nada escrito en piedra. Lo único que se tiene claro es que la ley pasará, lo que no se sabe es bajo qué reglas y quién las impondrá.

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