¡Lea lo prohibido! ¡Lea la sentencia del 10 de mayo!

Efraín Ríos Montt fue hallado culpable por un tribunal, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Era viernes 10 de mayo, y de alguna manera pensé que ese detalle de resignificar el día de la madre, de quién da y reconoce la vida, era un regalo de la historia.

Como todo en Guatemala, no hay alegría que se mantenga cuando el poder, los intereses y las élites de este país están involucradas. “Legalmente” se anuló, y se pidió que se repitieran varias etapas del juicio. Pero lo han dicho ya otros: la sentencia es la sentencia, para muchos está viva, es presente, es el reconocimiento del genocidio contra el pueblo ixil, es la justicia de un estado ajeno, el de la dominación de cientos de años, la que ha dicho quién tiene una responsabilidad puntual y crucial para que sucedieran los actos de genocidio a principios de la década de los ochenta en el territorio ixil del Quiché.

Desde la anulación de la sentencia, y luego de la extenuante estrategia mediática que se desarrolló para crear una opinión pública adversa a la demanda de justicia del pueblo ixil –con argumentos tan poco profundos como la tacha internacional, que de decir que sí hubo genocidio en el país se entendería que todos los guatemaltecos somos genocidas, que el tribunal estaba vendido, que era revanchismo, que la justicia era guerrillera…–, han existido dos golpes al sistema de justicia, el espacio institucional más importante para la reconciliación de una sociedad que trata de revivir después de 36 años de guerra.

Por un lado, el intento de un Tribunal de Honor del CANG para invalidar y deshonrar a la Presidenta del Tribunal del juicio. Una persona no perfecta, pero sí valiente que ha demostrado que se le puede hacer frente a quien quiere mantener en el olvido  la memoria de muchos en Guatemala y seguir sin hacer justicia. Por otro lado, el voto de los representantes de las universidades Panamericana, del Istmo, Francisco Marroquín, de Occidente, Mesoamericana, Rural, San Pablo y de aquellos que dicen ser la voz del CANG y su Tribunal de “honor”, que no permitieron a la Fiscal Claudia Paz y Paz, luego de un desempeño ejemplar en el Ministerio Público y un énfasis en los abusos de la guerra, ser parte de la nómina de seis candidatos para el próximo período, luego de impedirle terminar a cabalidad el tiempo que le correspondía, semanas atrás.

¿Qué será del juicio por genocidio el otro año, cuando se retome? Los escenarios no son optimistas en un sistema que deshecha, exilia, desconoce a aquellos que piensan con lógicas más democráticas, en pleno respeto del Estado de Derecho, del verdadero, no del ideologizado por la derecha guatemalteca a favor de sus intereses. Sin embargo no hay que dejar de seguir los pasos de todos aquellos que fueron valientes en esos meses que nos devolvieron un poco de dignidad y la esperanza: el equipo de abogados y peritos que demostró que hubo genocidio, las víctimas que hablaron, denunciaron, que se atrevieron a ir en contra de  un sistema que los desconoce, a los funcionarios públicos –como la Fiscal General y la Presidenta del Tribunal– que nos siguen diciendo que el Estado de Guatemala no puede ser una finca.

En un acto simbólico de pensamiento crítico ciudadano, de rebeldía a pequeña escala, le propongo que esta semana no deje de leer, mejor si es con alguien, uno de los grandes documentos prohibidos por el poder guatemalteco que nos mantiene como estamos, la sentencia de ese 10 de mayo, porque es la que es, digan lo que digan.