Sin embargo, lejos de acudir a su mandante, el pleno, la CP, en claro abuso de poder, se arrogó funciones que no le competen, que han servido para avanzar en el proceso de desaforo de cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que le resultan incómodos al poder que ha secuestrado al Estado. En su acción, la CP no actuó sola. Más bien fue comparsa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual dio trámite a un amparo contra la CC y con ello inició la ruta del desaforo.
La queja contra la CC fue planteada cuando esta resolvió en favor del Ministerio Público (MP), cuya titular acudió en petición de amparo a fin de que se subsanara la corrupción del proceso de designación de candidaturas a dirigir la CSJ y las salas de apelaciones. El proceso se vició con la intervención de Gustavo Alejos en tanto negociador con postuladores, aspirantes y congresistas. En virtud de ello, la CC le ordenó al Congreso excluir de consideración a quienes se hubiesen reunido o puesto en contacto con Alejos según la evidencia penal presentada por el MP.
En un galimatías de acciones legales y de desobediencia, han salido a luz pública los respaldos a la acción de desaforo. Estos reúnen a la crema y nata del empresariado, a las autoridades del Legislativo y del Judicial, a los medios de comunicación (televisión abierta y radio) vinculados a Ángel González, a los mascarones de proa del negocio de la impunidad, como Felipe Alejos, y a los corifeos permanentes del pacto en redes sociales. La operación, lanzada y tejida como tela de araña, incluye la alianza del empresariado con su otrora enemiga Sandra Torres, pues, con tal de alcanzar la meta de la desarticulación del sistema democrático, al parecer todo se vale, hasta mascar pero no tragar a la enemiga.
Desde el lunes el caso está en manos de la jefa del MP, Consuelo Porras. La CC se lo trasladó al certificar lo conducente. De esa manera, el MP debe proceder contra las y los congresistas que violaron la ley al incumplir la orden del tribunal constitucional. Es la ruta de la salida jurídica, que se suma a que el Congreso —la CP— cese en su contumaz desobediencia a la ley o se atenga al desaforo.
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El silencio del presidente Alejandro Giammattei es más que sospechoso. La crisis institucional, obviamente provocada por actores que han conspirado, no le puede ser ajena. Su impavidez ante la debacle democrática lo ubica del lado de los golpistas a menos que dé un paso al frente y se desligue de su bancada y de los congresistas aliados en el golpe a la CC.
Es su responsabilidad constitucional, puesto que esta lo señala como el representante de la unidad nacional: unidad que no se refleja en el golpe, sino en el cada vez más creciente rechazo a este.
La tragedia que la pandemia del covid-19 ha representado para las mayorías, excluidas en el país, no puede ser utilizada perversamente con aviesos fines políticos. No puede ser pretexto para imponer un modelo regresivo que anule las limitadas garantías y derechos. Quienes a la sombra de la crisis del covid-19 conspiran para destruir el andamiaje democrático son no solo golpistas, sino también criminales insensibles ante la tragedia social. Suficiente daño le ha hecho al país el concubinato del gran empresariado voraz y evasor con sus colegas en las empresas politiqueras mal llamadas partidos políticos. Durante las décadas que lleva su amancebamiento han socavado los cimientos de la democracia. En equipo han ordeñado hasta el hartazgo las limitadas arcas nacionales y han destruido el sistema de servicios públicos (salud, educación y seguridad social, entre otros) con el único y avieso fin de abultar sus hambrientos bolsillos. De tal manera, la jefa del MP no puede dejar pasar esta oportunidad para frenar las abusivas acciones de los congresistas servidores del capital. Al ponerles freno podrá salvar la cara y levantar la frente. De lo contrario, terminará como el avestruz: con la cabeza enterrada y exponiendo al público el resto de su humanidad.
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