Llamado constitucionalmente a elegir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a las salas de apelaciones, se valió de una estratagema que deriva en retardar por meses el proceso ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC). El tribunal constitucional y máxima corte del país le ordenó al Legislativo elegir magistraturas que cumplan los requisitos de idoneidad y reconocida honorabilidad.
También mandató que fueran excluidas de las candidaturas aquellas personas que sostuvieron reuniones presenciales o mediante llamadas telefónicas con Gustavo Alejos Cámbara, empresario y exfuncionario procesado por actos de corrupción y recapturado por violar sus privilegios de medida sustitutiva. Privilegios que utilizó, precisamente, para negociar la composición de las altas cortes.
Lejos de acatar la resolución judicial, bajo la conducción formal del presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, del partido Vamos, en el Gobierno, el Congreso la desobedece. Además, aprueba un mecanismo que tiende a dilatar durante meses el proceso de elección. A las dos de la madrugada, con el voto de 92 legisladores, se aprobó el decreto 14-2020, que ordena la elección en siete pasos. Uno de estos incluye la elección por viva voz de cada diputado y ante cada candidatura, así como la argumentación del voto.
Un cálculo del medio digital Nómada plantea que se requerirá de más de 24,000 intervenciones para completar la elección, algo más de 400 horas a un minuto por voto. De esa manera, no hay duda de que con esta disposición los 92 congresistas que aprobaron el mecanismo se burlan no solo de la CC, sino también de la sociedad, que reclama un sistema de justicia regido por jueces y juezas independientes.
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¿Por qué la orden de la CC? Pues básicamente porque, según el informe del Ministerio Público (MP), el cual revela la información y evidencia encontrada al momento de la captura de Alejos in fraganti, este se reunió o sostuvo conversaciones telefónicas con aspirantes a la CSJ como Carlos Humberto Rivera Castillo, José Luis de Jesús Samayoa Palacios, José Alejandro Córdova Herrera y Óscar Ruperto Cruz Oliva. También contactó personalmente o por teléfono con las siguientes personas que aspiran a ocupar una magistratura en salas de apelaciones: Hilda Jeannette González Donado, Luis Mauricio Corado Campo, María Eugenia Castellanos Cruz, Geisler Smaille Pérez Domínguez, Romeo Monterrosa Orellana, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Nelson Oswaldo Cámbara Flores, Rafael Morales Solares, Dasma Janina Guillén Flores, Edwin Albino Martínez Escobar y Óscar Ruperto Cruz Oliva.
La elección se habría empezado a amarrar con los congresistas Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel y Herbert Salvador Figueroa Pérez, del partido Visión con Valores (VIVA); Carlos Enrique López Maldonado, Raúl Antonio Solórzano Quevedo, Carlos Santiago Nájera Sagastume y Marleni Lineth Matías Santiago, de la Unión Nacional de la Esperanza, (UNE); Sofía Jeanetth Hernández Herrera, de Unión del Cambio Nacional (UCN); Sergio Arana Roca, del partido Vamos, y Felipe Alejos, de Todos. Además, habría sostenido reuniones con integrantes de la comisión postuladora para la CSJ como Dennis Billy Herrera Arita y Romeo Monterrosa, también nominado a dicha corte.
La obvia participación de Alejos sustenta la resolución de la CC violentada con el decreto aprobado por el Congreso, que con ello busca garantizarse y garantizar impunidad. Una estrategia basada en la corrupción que domina a un número mayoritario de congresistas, que utilizan su curul para negociar y sostener el sistema de inequidad, corrupción e impunidad en Guatemala. Tanto Allan Rodríguez, presidente del Parlamento, como Felipe Alejos, operador político de las alianzas de crimen y corrupción, son los rostros visibles de la operación pachorra. Sin embargo, también están tras ellos quienes han facilitado los recursos económicos para comprar las voluntades que se dan el lujo de desobedecer a un tribunal que ahora tiene la evidencia y la facultad para certificar lo conducente contra quienes solo sirven a la corrupción y a la impunidad.
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