Desde hace más de una década se ha instalado en el imaginario colectivo la disociación entre las personas y sus derechos. La sociedad guatemalteca, desde diferentes ámbitos, entornos, culturas y posiciones políticas y económicas, reniega del sistema de derechos humanos. La han convencido de que estos le son ajenos, de que no le pertenecen ni le deben importar y de que más bien resultan un lastre que solo ha contribuido a proteger a delincuentes. Nada más alejado de la realidad, pero también nada más difícil de superar.
De ahí que la figura de quien dirija la oficina responsable de velar por que el Estado proteja y respete los derechos humanos resulte de vital importancia. No obstante, la preocupación actual por la designación de la persona al frente de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) no representa únicamente ese interés. De hecho, la mayoría de los intereses próximos al proceso de elección están muy lejos de representar la inquietud por garantizar una adecuada conducción de dicha institución.
Tan grave es la situación que la entidad a cargo de dirigir la selección del procurador de los derechos humanos carece de los conocimientos y la calidad para conducirla. De acuerdo con la Constitución Política de la República, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso propone al pleno una terna dentro de la cual el Legislativo designa, por voto de las dos terceras partes, a quien asuma la conducción de la entidad. La ley específica, la de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos, ordena que, no más allá de dos meses después de instalada, dicha comisión debe proponer la terna al pleno. La norma citada también obliga al Congreso a dar posesión a la Sala de Derechos Humanos a más tardar 15 días después de iniciado el período anual de sesiones, el 15 de enero de cada año. La Ley de Comisiones de Postulación, en vigor desde 2009, ordena que, para procesos con ley específica, como el de elección del procurador de los derechos humanos, es esa ley la que establece los plazos y los tiempos.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la oficialista Sandra Patricia Sandoval, lejos de conducir acertadamente el proceso, lo ha plagado de irregularidades, de modo que pone en grave riesgo la elección de dicha persona. La Comisión de Derechos Humanos no ha llevado a cabo su tarea. No convocó a tiempo y no preparó la documentación necesaria con la suficiente antelación. De esa suerte, hasta la fecha no ha respondido a la solicitud de acceso a información presentada el 27 de abril por Convergencia por los Derechos Humanos. Esa coalición requería conocer el conjunto de los instrumentos de evaluación, incluidos la tabla de gradación y los cuestionarios. No obstante, el silencio ha sido la respuesta de aquella entidad.
Pese a ello, la comisión recibió los expedientes de las personas aspirantes, evaluó las hojas de vida y comprobó que al menos 4 de las 31 candidaturas no cumplían requisitos. Les dio plazo para solventar el asunto y, vencido este, publicó la lista de 27 para la contienda. No fue sino hasta después que hizo pública la tabla de gradación. Es decir, primero se entera de las experiencias de vida y de las profesiones de quienes compiten y después crea los criterios sobre los cuales calificará. Pareciera que intentara darle ventaja a una candidatura en particular.
Al calificar las objeciones y las respuestas, resulta que la jefa de la comisión desconoce el mandato de la institución para la cual propondrá la terna al Congreso, de tal suerte que intenta dar validez a una objeción que se basa en un razonamiento erróneo sobre el mandato, a la vez que pretende dejar pasar que un candidato no respondió a los cuestionamientos y le ofrece un plazo extra. Este último fenómeno fue presentado como un error, pues la comisión afirmó no haberle enviado el reparo, lo cual no ha sido verificado por observación externa. De esa manera, además de adecuar la tabla de gradación a su hoja de vida, le extiende el período de respuesta a las objeciones y aplica un criterio discrecional para eliminar a quienes como aspirantes pueden ser una fuerte competencia. Todo, bajo la díscola, desordenada e ineficiente conducción de Sandoval, que resulta sospechosamente inoperante.
El cambio de titular del PDH es un asunto de interés nacional y un tema vital para la democracia. Dejar que el proceso continúe bajo la conducción de una figura que hace gala de inutilidad, ignorancia y mediocridad es vulnerar de manera flagrante uno de los pilares esenciales de la filosofía constitucional: la vigencia de los derechos humanos como garantía para la sociedad. Por lo tanto, es indispensable que se haga un alto y que se ponga orden en el caos en que se ha sumido un proceso tan importante y esencial.
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