El supuesto principal del proyecto Convivimos parte de la llamada teoría del cambio, que plantea que, si se fortalecen las capacidades individuales, familiares, comunitarias y gubernamentales y si se produce un alineamiento de todos estos factores para el cambio, la sinergia creará nuevas oportunidades de desarrollo que, entre otros efectos positivos, tenderán a reducir la violencia y la inseguridad en los lugares donde se produce la intervención. Como hemos comentado las semanas anteriores, el proyecto tiene en el centro del proceso un concepto clave: la resiliencia comunitaria, que en pocas palabras es fortalecer el tejido social y los factores de protección que favorezcan el empoderamiento de las comunidades para el trabajo conjunto con las autoridades de gobierno, lo cual generará todos los cambios positivos que predice la teoría.
En el centro del modelo de intervención del proyecto, por lo tanto, se encuentran toda una serie de acciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los individuos y de las comunidades. Ello incluye toda una serie de actividades formativas, recreativas y de recuperación de los espacios públicos diseñados para ayudar a las mismas comunidades a priorizar sus problemas y gestionar los apoyos necesarios para hacer realidad los proyectos emanados de la voluntad comunitaria: todo un supuesto perfectamente coherente, teóricamente hablando.
Lamentablemente, parece que el supuesto parte de una realidad distorsionada. Muchas de las 62 políticas públicas vigentes (de las cuales 14 son de desarrollo social y 7 dedicadas a grupos vulnerables) enfatizan la participación ciudadana y crean algún tipo de comisión especializada, dependiendo del mandato de cada política. Por ejemplo, la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación crea unas comisiones de prevención:
Dentro del Departamento de Organización Comunitaria se trabajó con 286 comisiones de prevención en 10 departamentales, 159 municipales y 116 comunitarias, con la proyección de alcanzar 488 comisiones para el 2017.
Ministerio de Gobernación
El proyecto Convivimos organiza igualmente las comisiones comunitarias de prevención y convivencia (CCPC), y de igual forma operan muchos otros proyectos de desarrollo local, municipal y regional. El resultado: un énfasis que parece loable por convocar, organizar y desarrollar actividades con las comunidades y que multiplica los espacios para que los ciudadanos expresen sus preocupaciones y formalicen algún tipo de plan de acción.
El esquema de participación ciudadana oficial, sin embargo, se concreta según el ordenamiento institucional de Guatemala en el Sistema de Consejos de Desarrollo (decreto 12-2002, artículos 1 y 3), los cuales operan en los niveles locales en dos modalidades: los consejos de desarrollo urbano y rural, tanto comunitarios (Cocodes) como municipales (Comudes). Eso significa que todos los espacios de participación ciudadana que organizan las políticas públicas vigentes, incluyendo los programas de desarrollo local o regional que operan con fondos de cooperación, deben pasar finalmente por el filtro de los Cocodes y los Comudes vigentes en el municipio si es que quieren ejecutar fondos públicos, lo cual genera no pocos problemas organizativos y logísticos, ya que no siempre estos espacios múltiples de participación se articulan de la mejor manera.
La duplicidad de funciones, la politización de los espacios y la confrontación de los espacios comunitarios, que rivalizan con la legitimidad que los acompaña, son una realidad común en el espacio local. El resultado: muchas acciones, pocos cambios. El perfecto ejemplo del gatopardismo.
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