Quien ejerce liderazgo en una comunidad, entonces, es alguien que ha caminado junto a esta, que ha desarrollado un estrecho vínculo con ella, que ha plantado cara en la defensa de sus derechos. Ese es el caso de Bernardo Caal Xol, un maestro q’eqchi’ que ha encabezado la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Oxec, que amenaza el río Cahabón, en Alta Verapaz.
El año pasado, Bernardo acudió a los tribunales tras saber que tenía orden de captura. Esta obedecía a denuncias por el delito de caso especial de estafa, por supuestamente no atender su labor como maestro y cobrar por ello. En libertad por medida sustitutiva mientras se desvanecía el proceso, el dirigente debía acudir el 30 de enero al tribunal en Cobán, cabecera de Alta Verapaz.
Esa circunstancia fue aprovechada para ejecutar una nueva orden de captura. Esta vez, por la sindicación de robo agravado, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales: una configuración de delitos que se emplea en los procesos de criminalización contra defensores de derechos humanos a fin de impedir que obtengan (como en el primer caso contra Bernardo) la posibilidad de medida sustitutiva.
La criminalización por la vía judicial (es decir, el empleo espurio del derecho penal) es una de las principales armas que hoy en día se emplean en Guatemala para destruir el liderazgo social. Con ello se pretende anular la respuesta organizada de las comunidades. Parecido al caso de Bernardo es el de Abelino Chub o el del periodista comunitario Jerson Xitumul, procesados también por delitos denunciados por empresas extractivas. En todos los casos, además del origen empresarial de la denuncia o del vínculo de los denunciantes con dichas empresas, el denominador común es la relación con procesos de rechazo a la operación de la industria extractiva instalada irregular o ilegalmente.
En el caso de Bernardo, se origina en el rechazo de la población q’eqchi’ afectada por los proyectos Oxec I y Oxec II, los cuales han representado el secuestro de una buena parte del río Cahabón, fuente principal de agua en la zona de las Verapaces y un recurso ancestral de la cultura de la región.
De ahí que, desde la captura de Bernardo, las comunidades se hayan manifestado en rechazo a esta y reclamen la inmediata libertad de su dirigente. Una muestra del respaldo que él mismo tiene de su pueblo y del contenido social de su lucha.
Ahora bien, para que procesos como los sostenidos contra Bernardo, Abelino, Jerson y decenas de dirigentes sociales se produzcan, hace falta la confluencia de varios elementos. En primer lugar, la certeza de la empresa de que, pese a sus manejos irregulares o ilegales, tiene el poder de empujar acciones espurias en el sistema judicial. Luego, la connivencia de la estructura de la fiscalía distrital, que opera no con base en lo que ordena la ley, sino torciéndola en favor de la empresa. El botón lo coloca el juzgado local, que autoriza y ordena las capturas para luego iniciar los procesos judiciales. El teatro, con severos costos para las vidas de los defensores afectados, ya se ha vivido en Barillas, Huehuetenango, así como en San Marcos, Izabal, la ciudad capital y ahora Alta Verapaz.
De esa manera, si bien en el caso del Ministerio Público hay avances significativos en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, hace falta limpiar la casa. En especial las fiscalías distritales, que se coluden para criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos. De igual forma, es menester que se emita la orden general que establezca procedimientos institucionalizados para la investigación de crímenes contra defensoras y defensores de derechos humanos y que se deje de desperdiciar recursos de Estado en la satisfacción de caprichos de interés privado. A la vez, se debe investigar el daño a los recursos naturales derivado de la operación de industrias extractivas y de su funcionamiento amparado en disposiciones ilegales de funcionarios corruptos. Bernardo Caal no debe pagar con prisión el ejercicio de su derecho a defender derechos, a representar a sus comunidades en la defensa de su territorio y de su vida.
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