Tan solo ocho años después de una salida bochornosa de la fiscalía general de la república, el abogado Conrado Arnulfo Reyes Sagastume es premiado con una magistratura suplente en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sin convocar a un nuevo proceso, sino escarbando entre expedientes rezagados, la CSJ eligió por ocho votos contra tres a quien ocupará la silla que dejó en la CC María Consuelo Porras, quien asumió la fiscalía general en mayo. Porras ocupaba la magistratura en la CC luego de un proceso convocado por la misma CSJ para designar a los jueces constitucionales que desde ese organismo la integran.
Así, quien en junio de 2010 dio lugar a la salida del primer jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Carlos Castresana, asumiría en breve la plaza vacante de María Consuelo Porras. En 2010 Reyes Sagastume fue destituido de la jefatura del Ministerio Público (MP) apenas un día después de nombrado por Álvaro Colom debido a su falta de idoneidad para el cargo. Entre otros elementos, fue señalado de participar en procesos y estructuras de adopciones ilegales (lo que se enmarca en la figura de trata de personas) y de tener vínculos con otros entornos del crimen organizado.
No obstante dicho revés profesional, Reyes Sagastume ha insistido sin éxito en postularse para el mismo cargo y para otras posiciones en el sistema de justicia. De esa manera, durante el proceso en el cual la CSJ designó a Porras como su magistrada suplente en la CC, Reyes Sagastume también presentó su documentación.
Esta semana, la jefatura del Organismo Judicial, lejos de convocar a un nuevo proceso (lo que correspondería en ley), por pereza, conveniencia o mala fe optó por llevar a cabo la selección dentro de quienes quedaron fuera en la elección anterior. Con ello la misma CSJ violenta los principios contenidos en la Ley de Comisiones de Postulación, así como en los criterios que la Constitución Política de la República establece para las judicaturas constitucionales.
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Apostando entonces a que la memoria social puede haber olvidado los hechos, los magistrados Ranulfo Rojas, Silvia Patricia Valdés Quezada, Vitalina Orellana, José Antonio Pineda Barales, Josué Felipe Baquiax, Néster Vásquez Pimentel y Sergio Pineda le dieron su voto a Reyes Sagastume, de tal suerte que le ofrecen una entrada al tribunal que dio los argumentos legales para su destitución en 2010 a quien ni en ese entonces ni ahora reúne condiciones para ser parte del sistema de justicia.
El llamado #PactoDeCorruptos sigue dando pasos hacia la procura de impunidad, esta vez mediante la designación de un personaje que, al ocupar la magistratura en cuestión, podría tener en sus manos las decisiones clave en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Así lo han dado a conocer diversas organizaciones que objetan dicha designación y la Fundación Myrna Mack, la cual interpuso un recurso de amparo en contra de dicho nombramiento. Toca ver si los organismos responsables de atender dicho amparo atienden las voces ciudadanas y dan la salida correcta, que incluirá no solo la anulación de un nombramiento anómalo, sino también la reconducción de un proceso viciado: algo que ha sido muy común en la actual CSJ, que ha sido incapaz de funcionar con un claro e inequívoco esquema de apego al Estado de derecho.
Así pues, si las magistradas y los magistrados que desde la CSJ sirven a los intereses de la impunidad le apostaban al olvido, se han equivocado. La memoria social no solo es amplia, sino crítica, por lo que hoy alza su voz en contra de un acto más de corrupción e ilegitimidad.
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