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¿La agenda de quién?
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¿La agenda de quién?

El primer trimestre tiene un saldo de proporciones grandilocuentes. Un primer mes de aprobación de 10 decretos por el oficialismo y sus aliados. Y dos meses de estancamiento por la interpelación de Centeno gracias al freno impuesto por el oficialismo y la bancada Lider.
Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala (EG), señala que más que un dominio para favorecer temas del Ejecutivo, lo que se ha visto es que se retoman propuestas que el PP no quiso aprobar cuando era un partido de oposición y las reformulan para que parezcan sus iniciativas.
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Es el Organismo creado para representar a toda la población. Dentro de un ejercicio democrático idóneo, se espera también que sea el encargado de legislar de acuerdo a las necesidades de todos los sectores de la población de manera independiente de los otros poderes del Estado y de la sociedad. La forma en que se aprobaron leyes en el Congreso de Guatemala durante los primeros tres meses de Legislatura dan lugar a que las bancadas opositoras cuestionen si en verdad la labor del parlamento se desarrolla con independencia o es el Ejecutivo el que lleva el control sobre su agenda.

Durante los dos últimos meses de la actual Legislatura el Congreso no ha logrado discutir iniciativa de ley alguna porque la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider) aún interpela al ministro de Finanzas Pública, Pavel Centeno. Pero este lapso no es un reflejo de lo ocurrido desde el 14 de enero, ya que el primer mes, en el hemiciclo parlamentario se aprobaron 10 leyes a un ritmo superior al que muestra por lo general este Organismo del Estado. En 2011 se aprobaron en todo el año esa 37 decretos.

Si bien los decretos tienen orientaciones que incluyen desde la adhesión a la Corte Penal Internacional hasta cambios en el sistema de alerta Alba Kenneth contra el robo de niños, la percepción que las bancadas tienen al respecto es de que se ha enfatizado en los temas de interés para el Ejecutivo, que se ha encargado de marcarle la agenda al Congreso.

Además de la agilidad con que se han aprobado algunas de las iniciativas que afectan el funcionamiento del Gobierno central, se manifiesta una diferencia con lo visto en las últimas dos legislaturas sin mayoría desde 2004, cuando la oposición, la sociedad civil y hasta la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) promovían iniciativas y participaban de su discusión en mesas técnicas o con los presidentes de las comisiones encargadas de emitir dictámenes.

Mario Taracena, jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), considera que esto es normal al principio de un Gobierno y que la diferencia con la gestión anterior se debe en gran medida se debe a estilos diferentes de gobernar, pues cree que el de Otto Pérez reflejará su formación militar. “No es su culpa: así lo educaron a él y a nosotros nos toca ayudarlo porque si fracasa él, fracasa el país”, expresa, no sin sarcasmo, el diputado uneísta.

El primer decreto apoyado por la actual Legislatura fue la reforma a la Ley Orgánica al Organismo Ejecutivo que creaba el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del cual se lograba institucionalizar los programas sociales iniciados durante el Gobierno pasado y sujetos a señalamientos de clientelismo.

La idea de establecer esta nueva dependencia se había planteado durante el Gobierno central y se trataba de una iniciativa del exdiputado Aníbal García. No obstante, aprobar esta reforma le permitió al mandatario iniciar su mandato con un gabinete acorde a su planificación estratégica y en el cumplimiento de uno de sus compromisos de campaña.

El presidente Pérez Molina encargó desde que ganaron las elecciones a la vicepresidente Roxana Baldetti, exjefa de bloque del PP, que se encargara de liderar al oficialismo.

Las iniciativas en paquetes

Hay motivos más fuertes que llevan a las bancadas a pensar en una injerencia más fuerte que las tradicionales en la agenda legislativa. El más fuerte de ellos tiene su origen en el momento que se aprobó de la Ley de Actualización Tributaria, un paquete de siete libros que creaban nuevas normativas fiscales y modificaban otras.

Esta propuesta se logró llevar al Congreso, dictaminar y aprobar de urgencia nacional en un plazo de tres días. Solo fue posible mediante la ayuda que el partido oficial recibió de sus aliados y los acuerdos coyunturales conseguidos con otros grupos parlamentarios.

Aunque esta Ley le permitirá al Gobierno de Pérez Molina un aumento gradual de los ingresos para su funcionamiento a partir de 2013, la necesidad de que se reformara la política tributaria del país para proveer al Estado de más recursos había sido manifestada por varios sectores durante más de 10 años.

Las inconformidades de los diputados sobre este tema se centran en la forma en que se aprobó. “Presentan la iniciativa y nos pasan la aplanadora”, lamenta Leonardo Camey, subjefe de Lider, quien opina que el problema es que el oficialismo cuenta con el apoyo de todos en el Congreso y es por ello que su bancada no puede oponerse a estas imposiciones.

Pese a lo manifestado por Camey sobre ser la única bancada en desacuerdo con el partido de Gobierno, el rumbo que tomó la agenda legislativa durante los primeros meses también molestó a miembros de otros bloques. Amílcar Pop, diputado de Winaq, indica que no puede hablarse de que un impulso legislativo por parte de un sector debido al entrampamiento que propician las disputas entre Lider y PP, pero que lo poco que ha hecho el Congreso se debe a la mayoría que ha logrado conseguir el oficialismo para los aspectos de su interés. “Las fuerzas progresistas no hemos encontrado el eco en las bancadas ante un gobierno que tiene la necesidad de imponer sus propios principios”, manifiesta.

Pop lamenta la falta de consensos aún en temas que se ya habían sido abordados, como el de transparencia, para el que el Gobierno ya envió al Congreso el segundo paquete con dos iniciativas y 11 reformas legales. “Los consensos logrados han sido relegados a un segundo plano y nos han forzado a analizar dos iniciativas del Ejecutivo”, concluye.

Camey acepta el papel que tiene el Organismo Ejecutivo como entidad con la facultad de presentar iniciativas de ley, pero señala que la imposición se refleja cuando llega una iniciativa tras otra, en paquetes que incluyen una gran cantidad de leyes, y logran su aprobación por medio de aplanadoras.

Y es que el primer trimestre tiene un saldo de proporciones grandilocuentes. Un primer mes de aprobación de 10 decretos por el oficialismo y sus aliados. Y dos meses de estancamiento por la interpelación de Centeno gracias al freno impuesto por el oficialismo y la bancada Lider.

Retomadas y hechas de nuevo

Varios de los decretos aprobados desde enero de este año tienen su origen en iniciativas que ya se encontraban en el Congreso a la espera de ser aprobadas. Entre ellas se encuentran varias relacionadas con el paquete de transparencia –planteado como un complemento a la reforma tributaria– como regulaciones a los fideicomisos, modificaciones a las estructuras orgánicas de algunas instituciones o la tipificación como delito del enriquecimiento ilícito.

Es por ello que Leonel Lira, jefe de la bancada de Encuentro por Guatemala (EG), señala que más que un dominio para favorecer temas del Ejecutivo, lo que se ha visto es que se retoman propuestas que el PP no quiso aprobar cuando era un partido de oposición y las reformulan para que parezcan sus iniciativas.

“Aquí existen tres propuestas para regular los fideicomisos públicos, dos para combatir el enriquecimiento ilícito, dos con reformas Contraloría General de Cuentas, tres que tienen reformas a la Ley de Contrataciones del Estado”, puntualiza Lira. Otro ejemplo citado es el de la reforma tributaria, que había sido planteada y discutida por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, pero que, a criterio del congresista, se presentó “de una manera tan burda y errónea”. Según Lira, lo que busca el oficialismo es dejar abandonadas las propuestas existentes y “pasar por la fuerza sus planteamientos de urgencia nacional”.

Camey coincide con Lira en este punto y añade que en gran medida se debe a una búsqueda de protagonismo.

“La agenda dinámica”

A pesar de las inquietudes de las bancadas fuera del oficialismo, la actual Legislatura aprobó en los dos primeros meses de Legislatura iniciativas como la reforma a la Ley del Sistema de alerta Alba Kenneth, con la que se incluyó la participación de otras entidades públicas y se creó la Unidad Operativa; se ratificó el Estatuto de Roma, con lo que el país se incorporó a la Corte Penal Internacional, y se aprobó la Ley de vivienda, un compromiso adquirido a pobladores que pasaron más de cinco meses de plantón frente al edificio del Congreso para presionar a los diputados.

Es con base en iniciativas como estas que Gudy Rivera, presidente del Legislativo, niega que exista una imposición de los temas que le interesan al Gobierno, y atribuye las leyes aprobadas hasta el momento a los consensos que se obtienen con todas las bancadas.

“La agenda que aprobamos con los jefes de bloque es bastante dinámica por mismo funcionamiento de un Congreso en el que existen 15 bloques”, asegura Rivera y agrega que las puertas siempre están abiertas para la sociedad civil y los sectores que busquen discutir temas de relevancia nacional.

Sin duda, “los consensos” que menciona Rivera son fundamentales en esta discusión, ya que si es el Ejecutivo –con 62 diputados en la bancada oficial– el que ha dominado la aprobación de leyes en el Congreso, es innegable que para conseguirlo ha contado con el apoyo de otras bancadas.

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