Inaceptable arbitrariedad

En una acción preventiva por el almacenamiento de explosivos en una instalación de la desaparecida Policía Nacional (PN) se encontraron varias decenas de ambientes de una instalación en ruinas que albergaba nada más y nada menos que el Archivo de la PN desde su fundación hasta 1997, cuando se desmanteló. El archivo seguía vivo, ya que la sucesora de la PN, la Policía Nacional Civil (PNC), hacía uso de los documentos de años recientes.

Sin embargo, el grueso del acervo documental permanecía apilado en enormes bloques atados con cinta plástica, dispersos entre los escombros de lo que en el gobierno de Romeo Lucas García se presupuestó como el hospital de la PN. Baldes y botes plásticos aparecían en el trayecto. Algunos alambres con diminutos bombillos, entre otros, eran los pocos elementos que el personal a cargo usaba para resguardar montañas de papeles apilados con plantas parásitas nacidas por la humedad. Anidaban también ratas, murciélagos y serpientes. Así preservaba la historia el Ministerio de Gobernación (Mingob).

El sitio en cuestión era una paradoja si se pretendía que en los 80 fuese un hospital. Pasillos que no tenían destino, habitaciones cerradas por completo (sin puertas ni ventanas) con boquetes abiertos para meter los bultos de papel y pequeños laberintos de menos de un metro cuadrado eran las dependencias del hospital. Un hospital que en toda su instalación (ya en ruinas) carecía de ventanas. En realidad, más que hospital, parecía mazmorra.

En ella se guardaban los registros con fichas de seguimiento de líderes de oposición como Manuel Colom Argueta, Oliverio Castañeda de León y Víctor Manuel Gutiérrez, asesinados por el régimen. Igualmente se guardaban registros de control de familias enteras, como el caso de la familia Molina Theissen. Y, por supuesto, también se hallaba allí el registro de la homofobia machista del Estado con los libros que contenían las fotografías y los datos de hombres gays capturados.

En pocos años, ese lugar sórdido y tenebroso llegó a parecer lo que se suponía que era: un centro hospitalario. La pulcritud del sitio, su organización y el orden de los miles de miles de cajas en las que, ya limpias, se guardaban los cerca de 80 millones de documentos encontrados cambiaron la imagen del lugar, que de las ruinas emergió como un tesoro disponible para la academia, pero también para la justicia. Peritajes basados en la documentación encontrada sirvieron para ilustrar a los tribunales sobre las prácticas de control social y de persecución a quien se oponía al régimen que se llevaban a cabo.

[frasepzp1]

Toda esa labor de rescate fue realizada por un equipo liderado por Gustavo Meoño Brenner, quien durante década y media dirigió el proyecto del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). De las manos del Mingob, el AHPN pasó a estar bajo la conducción de la entidad rectora de los documentos en el país, el Archivo General de Centroamérica (AGCA), conducido por Ana Carla Ericastilla y anidado en el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).

Todo el esfuerzo de institucionalización del AHPN y de resguardo del tesoro histórico y documental que representa está ahora en grave riesgo. En una intrusión abrupta y sorpresiva, las autoridades del MCD, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), intervinieron el proyecto, destituyeron a su director, Meoño Brenner, y le arrebataron la conducción institucional a Ericastilla, directora del AGCA.

El personal del AHPN está en peligro de perder su trabajo, y la intromisión arbitraria del PNUD en coalición con el MCD hace dudar de una acción transparente y de garantía de protección del acervo documental. El MCD y, sobre todo, el PNUD deben una explicación transparente, completa y no superficial de lo sucedido. También deben garantizar las posiciones del personal especializado a fin de no convertir el AHPN en un botín político. Y, por supuesto, les deben una disculpa al equipo y al director del Archivo ante el trato dado en la arbitraria intervención.