El antejuicio es una figura de inmunidad para proteger el ejercicio de un cargo público en el que se deben tomar decisiones que inevitablemente benefician a unos y perjudican a otros. Los casos más evidentes son los de los jueces y los magistrados, pero también los de los diputados, los ministros, los alcaldes municipales, el presidente de la república y otros funcionarios y dignatarios. Pero la ley vigente en Guatemala la define de una manera excesiva, por lo que funciona como mecanismo de impunidad.
El antejuicio impide la captura de estos funcionarios y dignatarios a menos que una autoridad competente resuelva que procede la formación de causa. Hasta aquí, más o menos es lo que uno puede encontrar en otros países. Quizá la principal falencia de la versión guatemalteca es que el derecho de antejuicio impide, además, que se investigue al dignatario o funcionario, de modo que usualmente se delega esa tarea en un juez pesquisidor que no tendrá las mismas capacidades que el Ministerio Público (MP) y, por desgracia, en muchos casos mucho más vulnerable a la corrupción.
El impedimento de que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investiguen a funcionarios y dignatarios es una muestra inequívoca de un mecanismo de impunidad que ha sido usado de forma intensiva. Permitir la investigación sustentaría mucho mejor las solicitudes de retiro de antejuicio, respecto a las cuales la autoridad competente tendría elementos más objetivos y sólidos para decidir si procede o no la formación de causa y, con ello, si se retira o no la inmunidad.
La semana pasada quedó evidenciada otra falencia grave de impunidad que otorga el derecho a antejuicio: su aplicación en el ámbito militar. En el ahora escandaloso y vergonzoso caso de Érick Melgar Padilla, implicado en el asesinato de José Armando Melgar Moreno, su propio padre, pudimos ver con mucha indignación cómo el todavía comandante de la Guardia de Honor se burló de la justicia.
Pero no lo hizo solo. Gozó del encubrimiento del ministro de la Defensa Nacional y de prácticamente toda la Guardia de Honor. El ministro hizo el ridículo al responder que a Melgar Padilla no se le podía localizar por estar de «descanso» o porque simplemente «no respondía al teléfono». Yo me pregunto si en Guatemala hay militares honestos, que de verdad practiquen todos esos valores de amor a la patria, honor, valor, lealtad, unión, deber, virtud, ciencia, fuerza y demás parafernalia nacionalista que se supone que les inculcan, que se sientan ofendidos por la cobardía y la descarada defensa de la impunidad que demostraron el ministro Ralda y el delincuente Melgar Padilla y lo denuncien.
Además del encubrimiento del ministro de la Defensa Nacional y de toda la Guardia de Honor, Érick Melgar Padilla gozó de la protección de la jueza Claudette Domínguez, quien le reconoció su derecho de antejuicio por presidir el tribunal militar, aun cuando los documentos que formalizan esa calidad fueron emitidos y firmados el mismo día que se conoció la orden de captura en su contra. Pero sobre esto resulta escandaloso que se le reconozca inmunidad ante los señalamientos de hechos que no tienen nada que ver con una atribución más de carácter auxiliar y que no ha ejercido a la fecha. Para colmo, Melgar Padilla sí se presentó en el juzgado con el mayor de los descaros, pero justo después de que la jueza Domínguez había revocado la orden de captura, cuando ya todo estaba arreglado.
¿Habrá alguien que todavía dude que esto sea impunidad pura y dura?
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