Y que vivimos en un país de impunidad es ampliamente percibido y mostrado con datos, como los recogidos por la reciente encuesta que Gauss efectuó para Plaza Pública con el soporte de la Fundación Soros, divulgada en días pasados.
La percepción mayoritaria es que quienes imparten justicia son honrados e independientes solo en el 13 por ciento de los casos. Gauss también recogió las respuestas de quienes consideran al sistema judicial como lento, corrupto y que favorece a “quienes tienen poder económico o político”. Además, es relevante que siete de cada 10 personas encuestadas favorecen que la Cicig investigue “si hay jueces relacionados con redes criminales”. Ese estudio también refleja que la ciudadanía desea jueces independientes, preparados y con vocación.
Producto de esas carencias estructurales, la mayoría de víctimas del crimen no denuncian, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) no investigan con suficiente pericia y los tribunales no siempre condenan. Consecuencia: impunidad.
De alguna manera, las percepciones recogidas por Gauss pueden ejemplificarse con la relevante condena —el 2 de agosto— en contra de cuatro de los perpetradores de la masacre en el parcelamiento Dos Erres, ocurrida en diciembre de 1982 durante el régimen de facto de José Efraín Ríos Montt, donde fueron asesinadas más de 201 personas, incluidas 103 menores de edad. Tuvieron que transcurrir casi 29 años desde que se perpetraron esas graves ofensas contra la humanidad y 15 desde que comenzó a trascender públicamente el crimen, retrasado por más de 50 acciones de amparo interpuestas por quienes se empeñaron en evadir su cita con la justicia.
La sentencia de 24 mil 246 años en conjunto para tres exkabiles y un suboficial —impuesta por el tribunal integrado por Jazmín Barrios, Patricia Bustamante y Walter Villatoro— aún le parece hiperbólica a muchas personas. No obstante, no pierde su carácter simbólico, pues en 1982 la pena por asesinato era de 30 años, y en Dos Erres se probó que hubo 201 y a los exmilitares se les condenó por cada uno, más una pena similar por el delito contra los deberes de humanidad.
El momento es oportuno para quienes aspiran a gobernar el país a partir del 14 de enero de 2012 aborden de manera responsable la temática de la lucha contra la impunidad, la cual tiene como condición el fortalecimiento del poder Judicial y del MP.