La asamblea ordinaria es la más importante de cada año, pues conoce el informe de auditoría, el informe anual de ejecución presupuestaria y la propuesta de presupuesto del siguiente período.
La Ley de Colegiación Profesional Obligatoria dice que la asamblea general ordinaria es la máxima autoridad del colegio y que puede conocer cualquier asunto. Las asambleas extraordinarias no pueden conocer asuntos que no estén en la agenda.
La sala principal del edificio de los colegios profesionales se llenó a rebalsar por la expectativa de conocer el tema del nombramiento honorario.
Debe agregarse que el CIAG está integrado por varias ingenierías: agronómica, forestal y de recursos naturales, así como por los profesionales en administración de tierras. Estas personas se gradúan en la universidad pública y en varias privadas. El CIAG tiene sedes departamentales con representantes electos.
El ambiente estaba muy caldeado. Hubo muchas intervenciones en contra del nombramiento honorario y ni una sola en defensa de la junta directiva (JD), por lo que la asamblea general cambió el orden de la agenda.
Sobre la mesa estaba la propuesta de pedir la renuncia de las personas de la JD. Con el cambio de agenda, el presidente declinó la dirección de la asamblea y minutos antes los miembros de la JD habían empezado a abandonar la sala una persona a la vez. Algunas personas trataron de impedirlo, pero no se logró, lo que calentó más el ambiente y la propuesta pasó a desaforo o revocatoria de los nombramientos. La asamblea avanzaba votando puntos, y quienes se oponían a ellos variaron entre uno y seis contra no menos de cien en cada ronda.
Al final, la asamblea nombró una comisión provisional con mandato para atesorarla y se declaró en sesión permanente. Se decidió convocar a nuevas elecciones y buscar la asesoría y el apoyo de la asamblea de presidentes de los colegios profesionales. La comisión provisional deberá regresar a la asamblea general para entregar los resultados de sus gestiones.
Uno o dos días antes, la JD había justificado su acción con el artículo 24, inciso r, de los estatutos del CIAG. Este dice que dentro de las atribuciones de la JD se encuentra la de crear y otorgar distinciones para reconocer méritos de estudiantes y de profesionales. El problema es que eso no puede extenderse fuera de la comunidad académica y profesional del CIAG. De todas maneras, la JD se disculpó en el comunicado que se menciona arriba, revirtió la decisión y prometió que no volvería a hacer algo así.
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Lamentablemente, ya era muy tarde. Hasta las juntas departamentales donde la JD había ganado las elecciones con el 97 % de los votos estaban presentes y apoyaban las decisiones de la mayoría.
Puede que el castigo haya sido excesivo, pero ahora es en vano pensar qué habría pasado en otros escenarios. El abandono de la sala por parte de la JD fue el detonante del desaforo. La asamblea no sancionó a todas las personas que aparecieron en la fotografía pública, aunque fue propuesto.
Ahora el CIAG se encuentra ante un posible escenario catastrófico. Si la JD desaforada decide ir en contra de la petición explícita de la asamblea general y no acata el desaforo, optando por la judicialización, se creará una situación tóxica (doble JD) que hasta podría terminar con personas encarceladas. Además, el pleito podría durar años y obligar a altos costos económicos.
Los gremios profesionales agrupados en el CIAG deben pensar en la multitud de consecuencias negativas (paralización administrativa y disputas legales por la legitimidad de los actos de la JD desaforada, de la comisión transitoria y de la JD por elegirse).
Llegó el momento para todos de dejar de lado cualquier intención de resarcimiento de honores heridos para pensar en el bienestar del CIAG y del país. Algunas cosas no debieron ser hechas y otras se habrían podido hacer de manera diferente, pero todo ello es ya una quimera. Es el momento de la altura cívica y de la búsqueda del bien común por encima de otros intereses.
Lunes, 18 de febrero de 2019
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