El cómo ha llegado a esa situación obedece a varios factores, incluida una reacción de defensa contra las prácticas de corrupción que, exagerada en algunas ocasiones, mal conceptualizada o mal dirigida en otras, ha terminado por enredar a extremos insospechados la administración de la maquinaria estatal. Hagamos un esfuerzo por ordenar las principales causas de este desastre en cinco temas dentro del caos teórico y práctico existente.
Primero, lo que mal empieza mal acaba o cuando menos mal se desempeña. Y las deficiencias en los procesos de planificación son evidentes. Los lineamientos que reciben las instituciones son repetitivos año tras año. En algunos períodos y en recientes administraciones gubernamentales se han hecho esfuerzos por mejorar las prácticas de construcción de los presupuestos, incluyendo la metodología de planificación, pero la apropiación de estas mejores prácticas aún está muy lejos de ser exitosa. También aparece en este apartado, pero merecedora de un trato aparte, el cómo se evalúa la eficiencia de la función pública, todo ello centrado en los niveles de ejecución financiera, que pocas veces se encuentra relacionada con la atención real de la población y de sus necesidades.
Segundo, no se puede comprar. La Ley de Contrataciones del Estado (decreto 57-92) y su reglamento son inoperantes debido a temas como montos, plazos, responsables y recursos administrativos, entre otros. Además, mezcla su aplicación sin tratar detalles particulares, por ejemplo para instituciones autónomas del Estado con actividades especializadas o estratégicas para el bienestar de la población y la funcionalidad de la economía. Es necesario establecer un registro de proveedores que reduzca los procesos al recurrir a juntas de adjudicación, que en una mayoría de casos reciclan prácticas que secuestran los procesos una y otra vez. Esta utilización de un registro de proveedores debe ser similar a los procesos de lista corta de organismos internacionales.
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Tercero, el recurso humano que administra los procesos debe ser preparado y dignificado, tema que no puede abordarse sin llegar a la creación de un sistema nacional del servicio civil (insisto por enésima vez: no es cambiar la ley; es crear el sistema). La misma planificación depurada y el desarrollo de los procesos de compra y contratación requieren un recurso humano en diferentes condiciones.
Cuarto, el galimatías de las fuentes de financiamiento, que da como resultado la necesidad de la existencia de instancias suprainstitucionales que deben aplicar criterios cuasitécnicos a la hora de asignar recursos, en muchos casos para superar deficiencias en las estimaciones de las mismas fuentes.
Quinto, la fiscalización debe ser más objetiva y preventiva. Nadie discute nunca la necesidad de la fiscalización de los recursos, pero son los aspectos de forma los que se convierten en fondo y ocasionan la inmovilidad del aparato estatal por temor de los funcionarios a procesos judiciales. Es necesario establecer una fiscalización preventiva con criterios definidos, más que correctiva y de señalamiento, con criterios uniformes para toda la administración pública. Así se permitiría viabilizar procesos con un margen de error controlable y que provean confianza en las acciones de los responsables de la administración.
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