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Tipo de Nota: 
Opinión
22 04 18

Tiempo aproximado de lectura: 4 mins

Las informaciones proporcionadas el jueves 19 de abril por la fiscal general, Thelma Aldana, y por el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el señor Iván Velázquez, seguidas por sendas declaraciones de las colaboradoras eficaces y de los grandes empresarios implicados directa y conscientemente en delitos electorales, colocan al país frente a una parte de la cara real de lo que ha sido en las últimas décadas la participación política de los dueños de las mayores empresas del país.

Si en los años de masacres, de desaparición forzada y de tierra arrasada financiaron, por debajo de la mesa y sin miramientos, los bombardeos y demás crímenes de sus supuestos salvadores, en los tiempos de elecciones relativamente libres se han dedicado a corromper a los políticos presumiendo de bienintencionados e ingenuos, cuando lo que siempre han buscado es tratamiento blando para sus triquiñuelas y obediencia ciega a sus exigencias de política económica, que, entre otras cosas, expulsan ...

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