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Especialistas en facturas falsas

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Tipo de Nota: 
Opinión
22 04 18

Las informaciones proporcionadas el jueves 19 de abril por la fiscal general, Thelma Aldana, y por el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el señor Iván Velázquez, seguidas por sendas declaraciones de las colaboradoras eficaces y de los grandes empresarios implicados directa y conscientemente en delitos electorales, colocan al país frente a una parte de la cara real de lo que ha sido en las últimas décadas la participación política de los dueños de las mayores empresas del país.

Si en los años de masacres, de desaparición forzada y de tierra arrasada financiaron, por debajo de la mesa y sin miramientos, los bombardeos y demás crímenes de sus supuestos salvadores, en los tiempos de elecciones relativamente libres se han dedicado a corromper a los políticos presumiendo de bienintencionados e ingenuos, cuando lo que siempre han buscado es tratamiento blando para sus triquiñuelas y obediencia ciega a sus exigencias de política económica, que, entre otras cosas, expulsan diariamente a cientos de conciudadanos para que, padeciendo vejámenes y aun en riesgo de perder la vida, los sobrevivientes les mantengan estable la macroeconomía con sus remesas.

Lo denunciado es grave no tanto por los montos, sino por los actores implicados y por las acciones abiertamente ilegales realizadas.

Sin ambages, el candidato presidencial les pidió de primas a primeras que los fondos no se hicieran llegar al partido, para lo cual adujo incapacidad administrativa, pero dejó claro que quería seguir apareciendo como el candidato sin fondos y sin apoyo empresarial para engañar a su electorado. Es decir, les propuso claramente que fueran parte de un evidente fraude electoral, pues todos los allí presentes sabían que lo que se dijera sobre el financiamiento de la campaña sería falso (de modo que se engañó demagógicamente a la ciudadanía), y que juntos cometieran delitos electorales, pues al TSE se le presentarían informaciones  intencionalmente adulteradas.

Decir, como lo hacen en su declaración pública, que «sin saberlo se cometieron errores» es querer seguir engañando a la población. Ellos, más que ninguno, desde el primer momento eran conscientes de las ilegalidades que se cometerían, tal y como un miembro de la familia Paiz del Carmen se lo hizo saber a ellos.

No fueron la causa de sus actos el «debilitamiento de la institucionalidad» y la erosión de «la confianza de los ciudadanos en las organizaciones que nos representan a todo nivel». Esas son consecuencias directas de la manera fraudulenta, simplista y antidemocrática con la que el gran capital ha actuado en las últimas tres décadas.

Ellos conformaron un grupo delincuencial como los que, según ellos, apoyaban a los otros candidatos, considerados peligrosos a sus intereses.

Quien en verdad hubiera querido apoyar decentemente a un candidato honrado se habría levantado de la mesa al solo conocer la propuesta delincuencial del candidato. El peticionario no era lo que aparentaba y en la primera entrevista se retrató ante ellos como lo que es: un fraude político y un delincuente electoral. Pero no lo despreciaron. Se asociaron a él en ese acto delincuencial que ahora conocemos y quedó la sospecha de que también se pudieron asociar para la comisión de otros crímenes hasta hoy desconocidos.

Si aun así lo consideraban su candidato, les quedaba la opción, más que fácil, de ofrecerle al partido todo su know how para administrar esa masa de recursos solicitados, de manera que el apoyo fuese transparente y legal y la organización partidaria quedase fortalecida, pues los fiscales de mesa, se supone, son gente de partido, y no simples empleados de una empresa para contar votos.

Pero hicieron todo lo contrario. Organizaron toda una trama delictiva con facturas falsas, y quién sabe si con recipiendarios también inexistentes, para recaudar, trasladar y legalizar recursos que, usados electoralmente, aparecieran ejecutados para otros fines. Conscientemente impidieron que su partido FCN-Nación se fortaleciera democráticamente y lo convirtieron en una franquicia electoral más para lleva al poder a un candidato dócil a sus propuestas e intereses.

No hay en su accionar nada que los identifique como personas «con principios y valores», frase que de trillada no significa ya nada. Si no hubiese sido por las señoras Paiz Riera y Méndez López, esta trama criminal no se habría develado y ellos habrían continuado haciéndose los puros y santos.

Queda ahora al descubierto la calidad política y humana del alto empresariado guatemalteco y del presidente que aquel nos impuso con sus trampas e ilegalidades. Y no son suficientes los golpes de pecho y las declaraciones de buena voluntad para reparar el daño que a la institucionalidad democrática le han hecho financiando ilegalmente, cada cuatrienio, a candidatos dóciles a sus intereses. Porque, si bien puede ser cierto que no pidieron negocios a cambio, está más que claro que, siendo cómplices de delitos electorales, pueden imponer y exigir políticas fiscales y económicas que solo a ellos los beneficien.

Por su parte, Jimmy Morales no tiene ya la mínima legitimidad para seguir gobernando. No solo ha querido engañar al TSE: ha engañado a toda la población desde que se propuso como candidato. Ante las evidencias, no puede ahora decir que no sabía nada. Fue él mismo quien invitó a los más grandes empresarios del país a formar una cuadrilla para cometer crímenes electorales, y lo único que le resta es, para dignificar el cargo que aún ostenta, renunciar a él.

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