Cerrar

Ir
La jueza Érika Aifán, del juzgado de mayor riesgo D, en abril 2018, durante una sesión del caso denominado Financiamiento Ilícito. Simone Dalmasso

Erika Aifán, la jueza bajo asedio

Hay un abismo entre el abundante respaldo de los últimos días a la realidad que la jueza de Mayor Riesgo D vive en su oficina.
«He estado sometida a hostigamiento durante todo mi trabajo judicial (tanto) que en este punto he aprendido a tomar las cosas con calma».
Tipo de Nota: 
Información

Erika Aifán, la jueza bajo asedio

Historia completa Temas clave

Erika Lorena Aifán recién cumplió cuatro años como jueza de Mayor Riesgo D, una ocasión que no festejó porque debía defenderse de la enésima denuncia en su contra. Acostumbrada a los señalamientos –en toda su carrera suma casi 75 acusaciones–, esta vez sintió que sí había intenciones de procesarla pese a que la denuncia era infundada. Aunque volvió a salir invicta, no deja de sentirse hostigada y vigilada.

Redes-lateral

Aifán, 45 años, no tiene la popularidad del juez Miguel Ángel Gálvez aunque en su sala de audiencias se han librado importantes batallas por la justicia. Condenó a nueve empresarios que dieron sobornos al exministro Alejandro Sinibaldi, hizo que pidieran disculpas al pueblo de Guatemala y les impuso construir obras públicas por 35 millones de quetzales como resarcimiento por el daño causado, entre otros.

[relacionadapzp1]

Aifán no es una jueza popular, es más bien una funcionaria bajo asedio. El último señalamiento es por el fallecimiento del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, detenido por el caso Asalto al Ministerio de Salud. La jueza autorizó que el exfuncionario, enfermo por coronavirus, fuera trasladado de la cárcel a su casa para recuperarse, pero el Sistema Penitenciario no lo hizo y murió el 20 de julio en el intensivo del Hospital Roosevelt.

En 17 años de carrera acumula casi 75 denuncias de acusados, abogados, sindicados, empleados bajo su cargo, y a esta lista recién se sumó el Instituto de Magistrados de Apelaciones, que representa a 127 de los 132 magistrados del país.

Eso sí, no le escasea el apoyo. Embajadores, jueces de todo el mundo, estudiantes universitarios, colegas suyos y organizaciones sociales se volcaron a respaldarla cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) accedió a dar trámite a la denuncia de los magistrados aunque el reclamo no estaba bien fundamentado. 

Habituada a defenderse, Aifán encontró que esta vez desde el sistema de justicia había intención de causarle daño y perjudicarla, dice. Buscó amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), y logró contener la amenaza.  

Aunque recibió todo este apoyo nacional e internacional, en su juzgado, Aifán enfrenta en soledad varios problemas. Solo tiene tres trabajadores asignados, dos de los cuales son temporales. Tiene plazas vacantes y otras ocupadas por empleados que no quieren estar ahí. Tres empleados la acusaron de malos tratos y una la denunció por retención ilegal. La jueza ha reportado al personal por filtrar información, extraviar documentos importantes, ausentarse sin excusa y retrasos en la gestión de expedientes.

El área administrativa del Organismo Judicial (OJ), que debería poner orden, dilata los procesos y los ha enredado en un laberinto burocrático que parece no tener salida. Aifán cree que se pretende dañar su trabajo, o que existe una grave incompetencia en el área de Recursos Humanos del OJ.

[relacionadapzp2]

En medio de todo quedan los procesos pendientes, casi todos con decenas de sindicados por actos de corrupción gubernamental que involucran varios millones de quetzales.

Un historial de denuncias

Aifán no duda en definir lo que vive como «hostigamiento», que no empezó cuando asumió como jueza de Mayor Riesgo, sino que la ha acompañado a lo largo de su carrera judicial.

Se convirtió en jueza en 2002, tres años después de graduarse como abogada en la Universidad de San Carlos, pero tuvo que pelear el puesto a través de un amparo ante la CC. Tenía los méritos y la nota para ganar el puesto, pero la CSJ no le daba la plaza.

[relacionadapzp6]

Su primera asignación fue la judicatura de primera instancia de Ixchiguán, San Marcos, a casi 300 kilómetros de la capital. Aceptó y se mantuvo en esa zona montañosa del occidente del país por tres años y dos meses. Después la trasladaron a Jutiapa, luego a Cuilapa, Santa Rosa, y por último a la capital.

En 2019 postuló a integrar la CSJ, pero a pesar de sus 89 puntos en la calificación de méritos, solo tres postuladores le dieron el voto. De los 26 candidatos que podrían integrar esta Corte, 16 clasificaron con un punteo menor que el de Aifán. Le faltó apoyo político del gremio y la academia, aunque tampoco cumplía con tener un periodo como magistrada de Apelaciones ni 10 años de experiencia como abogada, como lo requiere la Constitución Política.

[frasepzp1]

Casi en cada juzgado en el que Aifán ha estado enfrentó alguna denuncia. En 2014, en el Juzgado de Primera Instancia de Jutiapa, el abogado Romeo Monterrosa (hoy magistrado de Apelaciones, que en febrero de 2020 admitió que fue convocado a una reunión para hablar de elección de magistrados con Gustavo Alejos) denunció que el guardia de seguridad de Aifán lo había sacado de la sala de audiencias a punta de pistola.

El caso llegó a la CSJ, el cual dio trámite a la denuncia. La jueza presentó sus pruebas ante el juez pesquisidor y evidenció que el guardia no estuvo de turno el día de los supuestos hechos. Expediente archivado.

Ese 2014, varios abogados la denunciaron. Jaime Leonel Guerra Aguilar, por retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de procesos; Edwin Cardona, por una supuesta falta de respeto a subalternos y representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia; Livio Homero Morales Juárez, por falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas del Organismo Judicial. A ninguna le dieron trámite y todas quedaron archivadas.

Los litigantes del juzgado de Jutiapa y los empleados se quejaron de la jueza ante la Cámara Penal, pero no lograron respuesta. La jueza de la voz trémula no se rinde, ni titubea para defenderse. En 2016 asumió la responsabilidad del juzgado de Mayor Riesgo y desde entonces suma por lo menos 21 denuncias, 11 de ellas se han convertido en pedidos para retirarle la inmunidad.

Inconformes con sus resoluciones, varios procesados han presentado acciones legales . Entre ellos el abogado Moisés Galindo, acusado de lavado de dinero en el caso Caja de Pandora; el exdiputado Armando Escribá, vinculado al caso Construcción y Corrupción por lavado de dinero; y Leonid Zaharenco o Igor Bitkov, el ciudadano ruso que consiguió que personal del Renap y Migración lo registraran como Igor Benítez, guatemalteco de origen y nacido en Santa Rosa. Este último usó su blog y cuentas en redes sociales para difamar y atacar a la jueza.

La exmagistrada Claudia Escobar la llamó «La jueza rebelde» en una columna, porque no aceptó que la Sala Tercera de Apelaciones le dictara cómo resolver en el caso de la familia Bitkov. Dos veces los envió a juicio y eso le ocasionó denuncias del acusado y de los magistrados de la Sala Tercera, que pidieron investigaciones internas en el Organismo Judicial, en el Ministerio Público (MP) y hasta la multaron. Una de las integrantes de esa Sala es Beyla Estrada, nombrada para conducir la investigación por la denuncia del Instituto de Magistrados en julio de 2020.

Estrada es esposa de Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de Jimmy Morales. El caso de los Bitkov fue uno de los emblemas de esa administración para atacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

[relacionadapzp3]

Aunque la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha marcado distancia, la fiscal Cinthia Monterroso también se sumó a las denuncias, y señaló a la jueza de exigirle que presentara acusaciones en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Magistrados vs jueza

Aifán, como hemos visto, goza de poca popularidad por sus resoluciones. La han tildado de «carcelera». Un abogado, que pidió no ser identificado con nombre, dijo que la consideran una «juez dura» que no cede a ningún requerimiento.

Diputados pidieron en 2018 que la Comisión Contra la Tortura investigara el caso del exdiputado Manuel Barquín, a quien la jueza no permitió la prisión domiciliar y falleció en el Hospital Roosevelt a causa de fibrosis pulmonar.

«El Ex Diputado Manuel Barquín NO falleció, lo Mataron y la responsable tiene nombre y apellido Jueza Erika Aifán», escribió en twitter el diputado, Felipe Alejos, otro parlamentario que, según la FECI sostuvo comunicaciones con Gustavo Alejos antes de la integración de la nómina de candidatos a las Cortes.

[frasepzp2]

Aifán califica todos estos señalamientos como «un ataque sistemático» a su independencia judicial. El Instituto de Magistrados, el último que denunció, casi logra atravesar el escudo legal que la protege. El Instituto dice que la jueza autorizó investigar las cuentas bancarias y registros telefónicos de algunos de sus integrantes, como prueba citan el informe que la FECI elaboró para el Congreso, el cual detalla los nombres de magistrados que buscan la reelección y sostuvieron comunicaciones con el reo Gustavo Alejos, en las vísperas de la elección de los candidatos.

El texto de la denuncia del Instituto de Magistrados también cuestiona que la jueza conozca el caso sin contar con el aval de la Cámara Penal del OJ. Además, lanzan una crítica fuerte a la jueza. «Esta jueza es el verdugo ad-hoc que busca Helen Beatriz Mack Chag a través de Juan Francisco Sandoval Alfaro para encarcelar a sus enemigos políticos indefinidamente, violándole toda clase de derechos».

Aifán refuta los señalamientos. «No he autorizado ni me han pedido que autorice nada en contra de ningún juez ni de ningún magistrado en ninguno de los procesos, específicamente en el (expediente número) 359, que es el de Construcción y Corrupción, que tiene varias fases y en una de ellas está (Gustavo) Alejos», asegura.

[relacionadapzp7]

Fue hasta el jueves 16 de julio que la FECI presentó una solicitud al Organismo Judicial para dar trámite al retiro de antejuicio contra 12 magistrados y un juez, por su supuesta comunicación con Alejos para negociar su elección. En la lista figuran Wilber Castellanos y Dasma Guillén, presidente y segunda vicepresidenta del Instituto de Magistrados.

La jueza insiste en que el informe de la FECI, en el que se basa la acusación del Instituto de Magistrados no tiene nada qué ver con los procesos que ella tiene a su cargo. Castellanos recrimina, «me niegan el acceso porque dicen que no soy parte del proceso, pero mencionan mi nombre como una de las personas que sostuvo comunicación con el señor Alejos, a quien no conozco», reclama.

Aifán aseguró que la CSJ dio trámite a una petición para quitarle el derecho de antejuicio sin tener pruebas concretas y sin argumentar su decisión. Pidió amparo a la CC, que detuvo el antejuicio de forma provisional. En tanto, la magistrada pesquisidora, Beyla Estrada, se negó a conocer el caso contra Aifán porque es miembro del Instituto de Magistrados.

Wilber Castellanos, el presidente del Instituto de Magistrados, dice que pertenecer al Instituto no debería ser «causal para que algún magistrado se excuse». Fue la Junta Directiva y no la asamblea la que tomó la decisión de denunciar a Aifán.

A causa de este proceso, Aifán recibió apoyo nacional e internacional. La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), que se formó en 2018 para romper con el dominio de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, presentó un amparo ante la CC para detener el proceso de retirarle el antejuicio. Argumentaron que la denuncia «presenta inconsistencias» (la misma CSJ usó ese término en su resolución) y pone en riesgo y mayor vulnerabilidad a cualquier juez, porque con denuncias falsas o infundadas pueden quedar sujetos a investigación, lo que «violenta la independencia judicial».

[relacionadapzp4]

Ese golpe a la justicia, reflejado en una jueza, activó un movimiento internacional y nacional que denunció la persecución contra Aifán y señalaba a la CSJ por juzgarla bajo criterios discutibles. Federaciones internacionales de jueces, asociaciones locales, organizaciones sociales, estudiantes y los embajadores de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Bruselas, se volcaron a apoyarla.

Todo ese respaldo hizo que Aifán sintiera «tranquilidad y fe» en que todo saldría bien.

«He estado sometida a hostigamiento durante todo mi trabajo judicial (tanto) que en este punto he aprendido a tomar las cosas con calma, con prudencia, a pedirle a Dios sabiduría y a analizarlo jurídicamente», concluye.

El caos en el piso 14

Hay un abismo entre el abundante respaldo de los últimos días y la realidad que la jueza vive en su oficina, en el piso 14 de Tribunales. Desde 2019 hay problemas con el personal y aunque la CSJ, ni ellos ni el área de Recursos Humanos del OJ actúa con agilidad. 

Cinco de los siete empleados asignados al juzgado la denunciaron por malos tratos a finales de 2019, y pidieron su traslado. La jueza también los acusó por incumplimientos laborales, destaca que a una oficial la reportó por extraviar partes del caso Fénix, que trata del desfalco millonario al IGSS, y en el que aparece señalado el empresario y operador político Gustavo Adolfo Herrera. La oficial y el notificador también fueron reportados por filtración de información.

La CSJ autorizó el traslado de los cinco, pero demoró seis meses en hacer el de la comisario, que al cierre de esta nota espera le notifiquen su nueva ubicación de trabajo. No obstante, la situación del juzgado no cambió con los traslados del personal.

El conflicto se mantiene porque no hay suficiente personal para atender medio centenar de procesos. Lo ideal es que el juzgado funcione con tres personas como oficiales, una como comisario y una a cargo de las notificaciones. Al cierre de esta nota, la jueza reportó que la nueva notificadora tenía un historial de denuncias de otros juzgados y que no llega a laborar desde mediados de junio. El caso ya lo reportó y está en investigación del Régimen Disciplinario, además la denunció por extraviar un memorial de Gustavo Alejos y una notificación del caso de Financiamiento Electoral Ilícito.

El juzgado de Mayor Riesgo D funciona así: La comisario espera su traslado, una oficial fue destituida y, entre las dos personas temporales que le asignaron, hay una en cuarentena y otra que tiene traslado a otro juzgado.

A pesar de que el trabajo diario no cesa, ni el área de Recursos Humanos ni los magistrados de la CSJ salen para auxiliarla. La jueza Aifán narra que, durante esta crisis sanitaria por el coronavirus, no ha dejado de ir a su oficina y que incluso labora hasta la medianoche para cumplir con su trabajo. La jueza tiene un desempeño destacado, en 2019 obtuvo 91 puntos en la evaluación que le hizo el Consejo de la Carrera Judicial.

El departamento de Recursos Humanos respondió por escrito una serie de preguntas de Plaza Pública. Admiten que la responsabilidad de elegir al personal para los juzgados es de ellos, pues son los que determinan «la elegibilidad» de los candidatos. La aprobación final es de los magistrados de la CSJ. Sin embargo, señalan que han tratado de cubrir dos de las tres plazas de oficial vacantes, pero que las personas propuestas por Aifán no obtuvieron resultados satisfactorios en la evaluación de desempeño, y otra persona no aceptó incorporarse a este juzgado por razones personales. 

Debido a todos los problemas que ha tenido con sus subalternos, Aifán resolvió que todas las instrucciones que gira queden por escrito para demostrar qué orden dio y cómo fue cumplida. El ambiente laboral está adoquinado de absoluta desconfianza.

[relacionadapzp5]

El informe de Impunity Watch «Jueces en Mayor Riesgo, amenazas a la independencia judicial en Guatemala», presentado en 2019, indica que «se ha identificado que el personal que conforma un órgano jurisdiccional puede tener un impacto significativo en el buen desempeño de la labor judicial. Por ello es importante determinar que los procesos de selección de dicho personal sean adecuados y que respondan las necesidades de los órganos de justicia, según su especialización y carga de trabajo».

«He trabajado con muchas Cortes, porque cada una lleva su personal administrativo, pero con ninguna han sido tan difícil los cambios de personal y las sanciones. No sé si hay intención de obstaculizar la labor del juzgado o sea una cuestión de incompetencia», refiere.

En octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la jueza y pidió que el Estado de Guatemala la protegiera debido a la «gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos». Aifán dice que esas medidas también son para que «pueda desarrollar mi trabajo sin perturbación, y eso no lo ha cumplido el OJ».

A manera de reflexión, Aifán expone que lo que ocurre en su juzgado y la amenaza a la independencia judicial no debería resultar ajeno para cualquier ciudadano. Los jueces «tomamos decisiones muy importantes en la vida de las personas. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (que) la base fundamental de un sistema de justicia es contar con magistrados imparciales e independientes porque ellos son los que pueden resolver los conflictos de la sociedad, (que) tarde o temprano pueden impactar en la vida de cualquier ciudadano y por eso es importante que le pongamos atención».

Autor

 

 

 

 

Ver Comentarios

 

 

 

 

Autor
aua