Si el próximo presidente quiere construir bienes públicos como salud, educación y seguridad social y resolver muchos de los problemas nacionales tendrá que encarar el raquitismo del Estado. Se recauda a penas un diez por ciento de lo que el país produce y eso no alcanza ni para dedicar tres por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, cuando Brasil, por ejemplo, ya dedica ocho por ciento casi el equivalente de lo que recauda el país, sólo a educación. El presidente electo tiene como primer reto garantizar una reforma fiscal profunda, no ya integral, que garantice el camino hacia lograr por lo menos un quince por ciento del ingresos respecto del PIB.

Esta reforma tiene que estar marcada por la justicia tributaria, en la que tiene que pagar más quien tiene más ingresos. Una reforma al Impuesto Sobre la Renta es el primer paso. Como muestra el último reporte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), esto no es una quimera en Centroamérica. Honduras, El Salvador y Nicaragua han aprobado reformas en este sentido en los últimos dos años. La eliminación de privilegios fiscales debe ser el segundo paso en este sentido.

Este será el primer reto del próximo presidente electo, lleno de deudas con sus financistas de campaña –con fondos lícitos y probablemente ilícitos, en su totalidad opacos–, que son precisamente quienes más ingresos tienen en este país y se convertirán en los mayores opositores a que se reformen el ISR y los privilegios fiscales.

El segundo reto del próximo presidente, el séptimo en esta época democrática, será una reforma profunda del sistema político, que dio todas las señales de estar muy cercano a la podredumbre. El respaldo de la ciudadanía guatemalteca a la democracia, evidenciada en la participación electoral más alta en  una primera y una segunda vuelta desde 1985, es un activo para el próximo mandatario. Esta debe incluir una reforma al financiamiento de los partidos, al poder del Tribunal Supremo Electoral y las cortes para sancionar a los partidos políticos, y mecanismos para la democratización de las instituciones políticas. Sin esto, continuaremos teniendo un Congreso de la República clientelar y corrupto. Este proceso de reformas tiene que extenderse al Organismo Judicial, en donde ha empezado con timidez.

Los retos son muchísimos, así como las amenazas y oportunidades. Dos de estas oportunidades clave, que pueden considerarse la mejor herencia de la administración del presidente Álvaro Colom y de la CICIG, es la prioridad en la agenda nacional del combate a la pobreza y la lucha contra la impunidad. Los programas de transferencias monetarias condicionadas son una herramienta que puede ser muy poderosa para romper el círculo de la pobreza, pero deben ser institucionalizadas y terminadas sus lógicas clientelares, electoreras. Y los procesos de transparencia e institucionalización del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial deben ser continuados y profundizados.

Desde esta tribuna, le deseamos al Presidente electo y a su equipo de Gobierno y en el Congreso el mayor de los éxitos, por el bien de nuestra sociedad y nuestra democracia. Le ofrecemos mucha fiscalización, mucho análisis e investigación independientes y reconocimiento cuando las cosas se hagan de la manera en la que consideremos a nuestro mejor entender que deben hacerse.