La polarización la sufre la población, no ellos. Al final, ellos tienen asegurado que quienes lleguen a la Presidencia o al Congreso obedecerán sus dictados y gobernarán para proteger y reproducir sus intereses económicos. Así fue antes de 1996, cuando Gobierno y guerrilla discutían la paz. Las organizaciones sociales, los políticos, los sectores y los grupos nos enfrascamos en complejas y complicadas discusiones sobre cómo consolidar un Estado democrático e incluyente mientras el sector económico se preparaba para privatizar los servicios públicos esenciales e impulsar tratados de libre comercio. No se logró la democracia, menos el cumplimiento de los acuerdos de paz. Ellos sí lograron la privatización.
Actualmente estamos entretenidos con 28 partidos políticos, con similar número de binomios presidenciales, con diputados delincuentes encabezando listados, con campañas anticipadas, ante la miopía del Tribunal Supremo Electoral. Estamos confundidos y no sabemos por quién votar ni qué ofrece cada candidato para paliar la violencia, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la crisis educativa, de salud, etc. La población está enfrascada en discusiones estériles en las redes sociales, sin orientación ni contenido alguno, solo con descalificaciones y noticias falsas.
Al sector económico hegemónico eso no le preocupa. La ganancia económica que produce un mercado mayoritariamente controlado por ellos le garantiza más acumulación, independientemente de que se trate de inversiones propias o de inversión extranjera directa, de que sean privilegios fiscales o del dolor y la tragedia de los migrantes convertidos en millones de dólares que pasarán primero por sus instancias económicas, productivas o de servicios.
Ejemplos:
La Fundesa propone un plan para duplicar la inversión en infraestructura a través de seis ejes [1]: servicios domiciliares (vivienda, Internet, electricidad, etcétera), desarrollo urbano, mitigación de riesgos, fomento productivo, movilidad interna (caminos, carreteras, puentes, trenes, terminales, etcétera) y conectividad global (aeropuertos, muelles, aduanas, red digital y espacio aéreo). Para ello se cocina la ley de infraestructura en el Congreso de la República, en tanto la ley de desarrollo rural duerme desde hace años.
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«Diálogo Interamericano y USAID, con apoyo de Tigo, impulsan programa de educación financiera para quienes reciben dinero del extranjero» [2]. La empresa telefónica, involucrada en financiamiento a políticos, trabajará en lo que llama «corredores de remesas» para capacitar a la población sobre transacciones digitales por medio del teléfono móvil. De seguro no le interesan los departamentos con altos niveles de pobreza, pero sí estará motivada por los 25 millones de dólares diarios que entran como remesas al país [3]. Casi lo mismo que el total de las exportaciones y mucho más que otras actividades productivas como el café, el azúcar, el cemento, etcétera, que operan con el privilegio de ser monopolios y la tutela del Estado. Qué les importa que tengamos cifras récord de familias que se van de Guatemala [4].
El BID y uno de los más grandes bancos dispondrán de una cartera de 563 millones de quetzales para créditos productivos, y el mismo BID aprobó un crédito de 150 millones de dólares para mejoramiento y rehabilitación de carreteras [5].
Estos recursos e iniciativas tienen que pasar antes de llegar disminuidos a la población, el filtro de la matriz económica colonial imperante para consolidar más la desigualdad sin resolver la pobreza.
El estudio Desigualdad y poder en Guatemala: economía capturada, de Paraíso Desigual, señala que existe una influencia de poderes económicos sobre el Estado para manipular y moldear las políticas públicas, las normas jurídicas y las regulaciones institucionales para beneficio propio.
En sus conclusiones, el estudio indica que los mercados público-privados fracasan en democratizar la economía del país. Aproximadamente el 50 % del valor total de los contratos adjudicados entre 2004 y 2017 resulta afectado por la economía de captura. Por su parte, las empresas grandes se apropian de la mayor parte del excedente de captura y reproducen así la estructura de desigualdad económica, refiere el estudio.
Así, en esas condiciones no queremos inversiones.
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[1] Prensa Libre, 1 de febrero de 2019, página 12.
[2] Prensa Libre, 8 de febrero de 2019, página 16.
[3] Prensa Libre, 10 de enero de 2019, página 12.
[4] Prensa Libre, 12 de febrero de 2019, página 4.
[5] Prensa Libre, 8 de febrero de 2019, página 12.
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