En defensa del procurador de los derechos humanos

El esfuerzo contra la corrupción y la impunidad ha alcanzado un punto de no retorno, ya que ha tocado intereses muy poderosos. Desde 2015, el Ministerio Público (MP) de Thelma Aldana, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de Iván Velásquez y el movimiento ciudadano activo han sido sus principales fuerzas impulsoras.

Sin embargo, como es natural y lógico, pese a los golpes recibidos, los grupos afectados se han reorganizado y están librando una batalla desesperada por su supervivencia. Confían en que la ciudadanía, la plaza, optará por una pasividad haragana y receptiva a la campaña de propaganda negra en contra del comisionado Velásquez, en que el MP dejará de perseguirlos bajo el mando de Consuelo Porras, en que el gobierno de Donald Trump restringirá el apoyo de la embajada estadounidense a la Cicig y al esfuerzo anticorrupción y en que su cabildeo anti-Cicig en Washington D. C. y Nueva York ganará gradualmente más efectividad, entre otros recursos y apoyos.

Sin embargo, la muerte de Álvaro Arzú Irigoyen supone la pérdida de unos de sus principales liderazgos. Además, complican su situación el cambio súbito en la posición de Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, y la firmeza del apoyo internacional a la Cicig, pero sobre todo el temor al despertar de la plaza. Por ello, para incrementar las esperanzas de éxito de su estrategia, necesitan con urgencia una victoria, un quick win que no provoque la ira ciudadana y que convenza a los indecisos, confundidos y apáticos de la legitimidad de sus esfuerzos. Para este propósito, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, es para ellos el blanco perfecto.

El punto de partida del ataque contra el procurador es una campaña de desprestigio que busca explotar los pecados de Rodas: una posición ideológica explícita hacia la izquierda, para lo cual recurren a retóricas anticomunistas de la Guerra Fría; el incidente de la Procesión de la Poderosa Vulva, pese a que Rodas no solo explicó a la saciedad lo ocurrido, sino que además opinó públicamente el carácter ofensivo de esa marcha para muchos católicos; la descarga sobre el procurador de la responsabilidad de todas las violaciones de los derechos humanos, obviando de manera trivial la responsabilidad del resto de las instituciones del Estado; la explotación sistemática en los medios de incidentes como la muerte de un niño que no pudo llegar a un centro asistencial durante una protesta del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca); la generalizada idea equivocada de que el Procurador de los Derechos Humanos (como institución) se dedica a defender mareros y presos, y haber presentado el amparo que con éxito evitó la expulsión del comisionado Velásquez en agosto de 2017, entre otros.

Quienes se han encargado de ejecutar este ataque han sido el mismo presidente Jimmy Morales y algunos diputados que integran el pacto de corruptos con el apoyo de exmilitares. Este es un hecho escandaloso e inaceptable que demuestra la existencia de una conspiración alejada de la crítica legítima a un funcionario público, que establece y protege el artículo 35 de la Constitución Política de la República.

Toca entonces levantar la voz en defensa del procurador e impedir su destitución por parte de quienes buscan avanzar en un proceso que busca la expulsión de la Cicig y el retorno al Ancien Régime de corrupción e impunidad. Toca darse cuenta de la batalla que se está librando y lo que está en juego.

Toca tomar conciencia y reiterar nuestro rechazo a la corrupción y a la impunidad.