Entramos a la crisis con condiciones laborales poco favorables para los trabajadores. Existe mucha informalidad y pocos trabajos que gocen de las prestaciones de ley. Se producen muchas irregularidades y violaciones sin que se tengan recursos suficientes para hacer cumplir la legislación existente. Las empresas piden la milla extra (sin que el trato sea recíproco), las condiciones laborales son muy duras en ciertos sectores, se simulan contratos laborales, los juicios laborales duran años, etc.
Y ahora la crisis provocada por el coronavirus impacta de muchas formas en las condiciones en las que las personas acuden a sus trabajos. En carne propia o por información de familiares y amigos sabemos que se producen muchas exigencias, arbitrariedades e ilegalidades que desnudan esta relación desfavorable.
Tengo un amigo que no tiene vehículo propio. Desde el inicio de esta crisis tiene que trasladarse desde un municipio cercano a la capital y ver cómo se moviliza de un lugar a otro. No está funcionando el transporte colectivo. La empresa donde trabaja no ofrece ningún tipo de servicio de traslado a sus trabajadores. Tampoco tiene opción de home working.
Por lo tanto, tiene que caminar varios kilómetros al día para poder llegar a su trabajo, ya que los taxis colectivos que se colocan en ciertos lugares cobran Q10 a sus varios ocupantes por viajes cortos (lo que atenta contra la distancia física para prevención del coronavirus). Y el bolsillo no aguanta con eso.
Otra amiga, profesional, trabaja en una institución del Estado. Pese a no estar en la lista de trabajadores exceptuados por las disposiciones presidenciales del 28 de marzo, en la institución la hacen llegar y les han indicado a ella y a sus compañeros que, si no quieren trabajar, hay 100 personas esperando turno para ocupar sus puestos.
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No son los casos más graves que están pasando debido a la crisis. Hay casos de despidos, descuento de días de vacaciones e incumplimiento de disposiciones del Gobierno. Pero ilustran la precaria situación de las personas trabajadoras.
Es cierto que existen otros sectores en condiciones más difíciles o que tienen poco margen de maniobra en esta crisis, como el sector informal o el de microempresarios y pequeños empresarios. Pero, cuando se observa de manera sistémica, se advierte que hay lazos entre las distintas situaciones.
La existencia de un porcentaje tan alto de la población en condiciones de informalidad, subempleada o desempleada, como ejército industrial de reserva, condiciona de manera clara la situación de los trabajadores con empleo fijo. Como le dijeron a mi amiga, por cada empleo fijo hay 100 candidatos interesados.
Encima, el gobierno de Alejandro Giammattei ha optado por favorecer claramente al sector empresarial (al capital) con medidas como suspensión de pagos de cuotas de IGSS, Irtra e Intecap, mientras que no ha hecho lo mismo con la clase trabajadora.
Además, el decreto del 28 de marzo deja la situación laboral en manos de las empresas, puesto que los recursos de negociación de los trabajadores son mucho menores que los de las empresas. La pita se rompe por donde es más delgada.
Hace mucho tiempo esto tenía un nombre: lucha de clases, que le decían. Lo único es que, como muchas otras cosas, la crisis deja ver de manera muy clara lo que realmente está pasando. Mientras, un enojo se extiende.
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