La extorsión a pilotos de autobuses se ha convertido en algo tan propio de la cultura chapina que, en el transporte público, quien no la paga es parte de los que la cobran. Pobres contra pobres se desangran sin que el aparato gubernamental haga absolutamente nada para evitarlo. Simples mecanismos como evitar que los conductores manejen efectivo y que las empresas sean efectivamente servicios públicos no se han podido establecer, ya que los gobernantes sacan mayores beneficios individuales con el estado actual de las cosas.
La mafia del transporte urbano es casi la misma que la que día a día extorsiona a conductores, a dueños de pequeños negocios y a ventas callejeras. Proliferan y se consolidan porque el Estado, ahora dirigido por una milicia autoritaria y corrupta, no hace nada para evitarlo. Si se captura a un supuesto cabecilla, este pronto establece sus oficinas en los centros de detención, donde ministros de Gobernación y directores del Sistema Penitenciario lo protegen hasta que, cansados de extorsionarlo, lo asesinan, como sucedió esta semana con Jorge Mario Moreira Reyes, alias el Marino.
La seguridad pública no está para declarar que la explosión de una granada de fabricación casera fue algo «fortuito» o para golpear al asesino del Marino. Está para impedir que estos hechos sucedan. No es fortuito, casual o accidental que una joven de 19 años amenace a un conductor con hacer explotar una granada si este no paga la extorsión. No son accidentales las extorsiones ni mucho menos las amenazas, como tampoco es fortuito que un reo tenga un arma de fuego y la dispare contra otro privado de libertad a plena luz del día.
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El Ejecutivo presidido por Jimmy Morales, alias Black Pitaya, no ha ofrecido una sola explicación convincente sobre los asesinatos en los centros penitenciarios. Aun ahora, pasados 30 meses del asesinato de Byron Lima, no sabemos quiénes ordenaron su ajusticiamiento y cómo y de qué manera participaron las autoridades para permitir ese crimen, de modo que todo queda en la increíble nebulosa de que el aparato gubernamental es ajeno por completo a aquella masacre.
Pero, si con el caso de Lima el MP y la Cicig lograron un año después varias capturas, incluida la del jefe del Sistema Penitenciario de ese entonces, en el caso del Marino no hemos sabido de una sola acción del Gobierno dentro de ese sistema, lo que hace creíble la hipótesis de que una nueva operación Pavo Real esté implementándose y de que el recién asesinado, como sucedió con el capitán Lima, dejó de ser útil a los intereses del grupo gobernante.
Las extorsiones están íntimamente vinculadas con la corrupción en el interior de los centros de detención como lo están también con la falta de políticas públicas para atender a las poblaciones, las cuales, depauperadas, no tienen otra alternativa que participar en organizaciones criminales. Nada efectivo se ha hecho en estos dos aspectos en los tres ineficaces años del gobierno efecenista.
Morales adora vestirse de militar: un disfraz más en su lamentable carrera de cómico de la política. Sin embargo, no le hemos conocido una sola propuesta que permita suponer al menos buena voluntad para acabar de una vez por todas con las extorsiones. Si bien está imitando, casi que al cien por ciento, las acciones del ortegamurillismo de Nicaragua para afianzarse en el poder, bien debería saber que a ellos les ha funcionado su autoritario modelo porque, por otro lado, han conseguido dar a la población paz social.
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