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El pasado del Viceministro de Ambiente: contratos sobrevalorados y el Corredor Interoceánico

En junio de 2013, el entonces presidente Otto Pérez Molina declaró el corredor interoceánico como un asunto de “interés nacional”.
Ricardo Barrientos (Simone Dalmasso)
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El pasado del Viceministro de Ambiente: contratos sobrevalorados y el Corredor Interoceánico

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Antes de ser nombrado Viceministro de Ambiente, Ricardo Alfonso Barrientos Reneau, realizó cinco estudios de impacto ambiental para la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla, y los facturó por montos hasta 35 veces por encima de las tarifas del mercado. Además, mientras era consultor ambiental del proyecto Corredor Interoceánico, promovió la modificación del área protegida Punta de Manabique para favorecer la construcción de un puerto privado.

Todo el sistema de evaluación ambiental del gobierno descansa sobre las espaldas del Viceministro de Ambiente. Los analistas que revisan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las empresas, están bajo su mando, al igual que los expertos que supervisan el cumplimiento de estos estudios.

Para este puesto clave en el desempeño del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el gobierno de Jimmy Morales juramentó a Ricardo Alfonso Barrientos Reneau. Este hombre corpulento, de anchas espaldas y ojos pequeños, es un ingeniero agrónomo de 36 años de edad.

Antes de asumir este cargo, como consta en Guatecompras, el portal de compras y contrataciones del Estado, Barrientos fue contratista del gobierno durante la administración pasada. Su empresa, registrada bajo los nombres de “Consultas para Guatemala” y “Munchies”, obtuvo Q3,38 millones por la realización de cinco Estudios de Impacto Ambiental para la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac).

Estos estudios, requisito obligatorio para empezar cualquier obra de infraestructura, fueron sobrevalorados.  

Por ejemplo, en junio 2013, Barrientos realizó un EIA por la ampliación de la entrada del recinto portuario. Por este trabajo cobró Q584 mil. Plaza Pública contactó a tres asesores ambientales independientes para saber el precio de mercado de un EIA de esta naturaleza. Según estos expertos, que por la posición de Barrientos pidieron no ser nombrados, estos se cotizan entre Q15 a Q30 mil.

En otros casos de sobrevaloración, en septiembre de 2014, Barrientos cobró Q700 mil y Q725 mil por dos EIA para la pavimentación de un patio del recinto portuario y para la construcción de un edificio de bomberos. Según los mismos expertos, estas obras son de impacto ambiental moderado y, por lo tanto, no deberían costar más de Q25 mil y 40 mil, respectivamente.

En otras palabras, los montos facturados por quien ahora dirige el sistema de evaluación ambiental del MARN, fueron hasta 35 veces superiores al precio de mercado.

Preguntado al respecto, Ricardo Barrientos expresó: “En el momento, en el equipo técnico formulamos una cuantificación de costos y se hizo una propuesta técnica. Nosotros la consideramos ajustada”. Pero no dio ningún argumento para justificar estas tarifas.

Algunos de los contratos fueron firmados por Hugo Artemio Rodríguez Murcia, subinterventor de la empresa portuaria juramentado por Roxana Baldetti el 18 de junio de 2014, y los demás, por Óscar Cervantes Vargas, subinterventor y Jorge Luis Ardón Chávez, director financiero. Todos han dejado de laborar en la portuaria.

Barrientos y el Corredor Interoceánico

En 2013, Barrientos fue asesor ambiental del proyecto Corredor Interoceánico. Esta ambiciosa obra pretende construir, de la costa Atlántica a la costa Pacífica, un corredor de 372 kilómetros de largo por el que pasarían un ferrocarril, una autopista y un oleoducto. El corredor estaría vallado a lo largo del recorrido, para proteger las mercancías en tránsito. El proyecto también ambiciona construir dos puertos, uno en cada océano, en donde puedan atracar hasta cinco de los buques más grandes que existen, los Super Post Panamax de 400 metros de largo. Según los impulsores del proyecto, el corredor interoceánico permitirá a Guatemala competir con Panamá en el trasiego interoceánico de mercancías.

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Este proyecto privado es impulsado por la empresa Oficina de Enlace y Negocios para América Latina (Odepal), creada por algunos exmilitares. El fundador y presidente de Odepal es el teniente Guillermo Catalán España, piloto de guerra graduado en Chile en tiempos de Pinochet.

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El gerente de operaciones de la empresa es el general Mario García Catalán, primo de Guillermo Catalán. En 1982, Mario García Catalán era oficial de operaciones del Ejército (S3), en la base militar 21 de Cobán, donde hoy funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz. (Creompaz). En esa base se han exhumado los cuerpos de 558 personas desaparecidas durante el conflicto armado. Por este caso, en enero pasado, fueron capturados 14 militares. Sobre García Catalán no pesa ninguna orden de detención. En 2002, Mario García Catalán fue acusado por el Ministerio Público de cobrar peaje a los cargamentos de droga del cartel de Sinaloa, y pasó a situación de retiro en el Ejército.

En junio de 2013, el entonces presidente Otto Pérez Molina declaró el corredor interoceánico como un asunto de “interés nacional”. Desde entonces, Odepal ha recibido el apoyo de varios alcaldes, como Víctor Hugo Paiz, de Teculután, y está en proceso de constituir una finca privada a lo largo del trazado, convenciendo a más de 3 mil propietarios de ceder parte de sus tierras. Sin embargo, toda la empresa estuvo a punto de desvanecerse cuando el primer inversor, un empresario salvadoreño llamado Raúl Antonio Reyes, que prometió aportar capital noruego, resultó ser un estafador.

Se intentó contactar Guillermo Catalán en repetidas ocasiones para saber el avance del proyecto, pero no fue posible  hablar con él. Sin embargo, en la página de Facebook de Odepal se ven videos sobre cómo propietarios de tierras y representantes de comunidades, aportan terrenos al proyecto a cambio de acciones. Por ejemplo, en febrero, la comunidad xinka cedió 96 manzanas de sus tierras comunales en beneficio de esa empresa.

En 2013, Odepal contrató al actual Viceministro Ricardo Alfonso Barrientos, como asesor ambiental. El megaproyecto tendría que enfrentarse con la legislación ambiental en vigor. El puerto Atlántico, que la empresa quiere construir, estaría dentro de un área protegida, el refugio de vida silvestre Punta de Manabique, en donde cualquier actividad industrial está prohibida. La construcción del puerto implica grandes obras de dragado que ponen en peligro los arrecifes de coral. Arrecifes que Guatemala se ha comprometido internacionalmente a proteger.

Además, el ferrocarril interoceánico dividiría en dos pedazos varias zonas de conservación prioritaria como el corredor Sierra de las Minas-Trifinio, o el corredor para jaguares de Izabal. El proyecto conllevaría la tala de 380 hectáreas de manglar en la costa pacífica, lo cual prohíbe la ley forestal.

Sobre este proyecto, y su labor como consultor ambiental, el viceministro explicó a Plaza Pública: “El proyecto era interesante como acción de desarrollo en el nororiente y suroriente del país. Era necesario tomar en cuenta muchos aspectos para poder lograr la viabilidad ambiental. Y había que trabajar mucho, por eso éramos parte de ese equipo de trabajo. Había que tomar en cuenta la legislación tanto en Punta de Manabique, como en el área sur, porque donde iban a estar las plataformas de los puertos había zonas con manglar.”

Consciente de los obstáculos, Odepal sostuvo varias reuniones con funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), con el objetivo de viabilizar el proyecto, en las que participó Ricardo Barrientos. Una de las ideas que promovió el asesor ambiental, fue modificar el plan maestro del área protegida. El plan maestro es el reglamento de cada área protegida. Este indica qué se puede hacer y qué no en cada zona. “Se participó en el proceso de actualización del plan maestro. La misma ley indicaba que había la opción de modificar la zonificación hasta en un 15%, y por esa ventana de oportunidad se estaba participando”, admite Barrientos.

En otras palabras, el ahora Viceministro de Ambiente pretendía cambiar el trazado del área protegida para favorecer a Odepal. Según una persona que participó en esas reuniones, y que pide no ser nombrada, la idea de la empresa era que a cambio de la banda litoral que necesitaba para construir el puerto, Odepal cedería al Estado unos potreros cercanos que serían declarados zona protegida.

Otra de las labores de Ricardo Barrientos fue redactar un Estudio Ambiental Inicial. Este documento presentaba a las autoridades el proyecto.

Conap analizó el estudio y remitió su opinión al Ministerio de Ambiente. Esta era una opinión preliminar, sin verdadera consecuencia administrativa. Odepal, hasta la fecha, no ha presentado ningún Estudio de Impacto Ambiental ante el Marn.

Sin embargo, la opinión de Conap muestra que el afán de Ricardo Barrientos por darle viabilidad legal y ambiental al proyecto de Corredor Interoceánico estaba destinado al fracaso.

En sus conclusiones, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas indica que el proyecto “contraviene las leyes y las normas nacionales, así como los convenios internacionales que Guatemala ha adquirido, colocando al país en una situación comprometedora ante la comunidad internacional”.

 “La infraestructura a implementar por este megaproyecto generará riesgo que no sólo afectará la diversidad biológica dentro y fuera del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, sino también a las comunidades locales en lo que respecta a los ejes sociales y económicos”, agregó el Conap.

Ricardo Barrientos Reneau asegura que ya no tiene ninguna vinculación con Odepal. No obstante, se le preguntó si hoy, como Viceministro, apoyaría la construcción del canal interoceánico. Después de un largo e incómodo silencio contestó:

—Pienso que ayudaría mucho a Guatemala. Sí. Si cumple con la legislación ambiental, definitivamente, habría que apoyarlo.

Post data

Contactado al respecto del nombramiento de Ricardo Alfonso Barrientos, Hans Heimann, vocero de la Presidencia de la República, indicó que el encargado de nombrar a los viceministros es el propio Ministro. La Secretaría de la Presidencia sólo revisa que cumplan con los requisitos antes de juramentarlos. Por lo tanto, recomendó preguntar al Ministro de Ambiente, Sidney Samuels. No se logró hablar con este último. Por medio de comunicación social del Marn, se le hicieron llegar preguntas por escrito, pero a la hora de cierre de esta publicación, éstas no han sido contestadas. 

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