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El Estado en la calamidad
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El Estado en la calamidad

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Tipo de Nota: 
Opinión
6 10 17

Desde la semana anterior ha sido evidente la intención gubernamental de imponer estado de calamidad ante la condición en que se encuentran las vías de comunicación terrestre en el país.

La llegada de las lluvias intensas ha evidenciado que carreteras y caminos son extensiones enormes de agujeros que imposibilitan el tránsito de personas y mercancías, una circunstancia inaceptable por cuanto este gobierno en particular involucró a las fuerzas armadas, concretamente a su cuerpo de ingenieros, en tareas de reparación y mantenimiento de la red vial, por lo cual también recibieron incremento en su ya de por sí inflado presupuesto.

Pero no son las carreteras en pésimo estado, pese al gasto que representan para el Ministerio de la Defensa (Mindef) y el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), lo que refleja la calamidad del Estado. Este aspecto es uno de varios que ilustran la situación calamitosa de lo que pomposamente se llama Estado de Guatemala. De acuerdo con la Constitución Política de la República, el Estado se integra con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. A los dos primeros se accede directamente por medio del sistema de partidos políticos. El tercero, en cambio, el Organismo Judicial (OJ), se integra por elección desde el Congreso, por lo que, en teoría, es de manera indirecta desde el sistema de partidos políticos.

De acuerdo con los descubrimientos de investigaciones penales, a las que precedieron diagnósticos de investigación social, esta estructura evidencia una situación calamitosa. Los partidos políticos de Guatemala evolucionaron de meras máquinas electoreras y círculos caciquistas a empresas criminales organizadas para el saqueo. A partir de esta comprobación de las sospechas sociales ha quedado claro que todo, absolutamente todo lo que surge del funcionamiento de dichas agrupaciones nace con pecado original.

El Organismo Ejecutivo lo preside Jimmy Morales, quien llegó a la presidencia promovido por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). En los veinte meses y semanas que lleva en el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha alguna política pública de beneficio social. De hecho, los pocos pasos que pudo dar en la materia quedaron detenidos y empezaron a dar marcha atrás con los cambios en la cartera de Salud y con el riesgo de que se concrete la salida del titular de Gobernación.

Mientras, la legitimidad de su figura se encuentra deteriorada en virtud del empleo de su investidura para iniciar una vendetta en contra del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y para ceder a las maniobras de sus cercanos asesores, entre quienes se encuentran Armando Melgar Padilla y el titular de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Ricardo Bustamante, ambos militares retirados. Pero lo que sin duda cierra el círculo del desastre gubernamental es la creciente ola de requerimientos de retiro de antejuicio contra Morales ante las evidentes acciones al margen de la ley en las que se lo vincula. Su desatinada manera de responder a estos y su incapacidad manifiesta para ocupar la presidencia han puesto su mandato al borde del precipicio.

En cuanto al Organismo Legislativo, integrado por 158 diputados, baste decir que las movilizaciones sociales exigen ya la renuncia de 107 congresistas responsables de la aprobación fallida de reformas al Código Penal que se encaminaban a garantizarles impunidad por delitos electorales y de otra naturaleza. El #PactoDeCorruptos, como socialmente se bautizó el acuerdo entre Congreso y Gobierno para cubrirse de impunidad, dio al traste con la ya limitada credibilidad del sistema de partidos políticos. Los partidos con presencia en el Legislativo, salvo honrosas excepciones, han cavado la tumba del sistema, pues ahora es en los distritos electorales en donde se insiste en la salida de los diputados señalados de corruptos.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conductora del Organismo Judicial (OJ) y elegida por el hoy cuestionado Congreso, tampoco es un dechado de legitimidad, puesto que al menos dos de sus integrantes han debido salir por acciones de antejuicio, entre ellos Blanca Stalling, quien, pese a la evidente responsabilidad en los hechos que se le señalan, insiste en pelear hasta con las uñas su presencia en el OJ. Entretanto, la elección de la figura que presida la CSJ sigue motivando dudas sobre el riesgo de que la asuman actores vinculados a la impunidad y la corrupción.

Ni qué decir del desempeño de la estructura funcional de los tres poderes, así como de los poderes locales en el ámbito municipal, que refleja como espejo la situación de las cabezas de los tres poderes del Estado, circunstancia que evidencia el estado de crisis total del sistema inaugurado con la Constitución de 1985. De esa suerte, las condiciones de la red vial solo son una caricatura de la situación real del Estado, que no podrá levantarse sino con un cambio profundo nacido con un nuevo pacto social, reflejado en una Carta Magna que nazca de una asamblea constituyente en cuya composición se reflejen la plurinacionalidad y la equidad plena en la representación. Solo así podremos tener futuro y ser viables como sociedad.

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