A pesar de que se le juzga en Estados Unidos por delitos supuestamente cometidos en ese país, como la introducción de cantidades exorbitantes de droga a distintas ciudades, nada, absolutamente nada, se ha dicho de la posible corrupción de funcionarios estadounidenses de alto o mediano escalón. Por el relato construido por la Fiscalía, la imagen que se tiene es de una inmensa y altamente rentable industria de la producción y el trasiego de droga en y desde países latinoamericanos, en particular Colombia y México, pero que, introducida a los estados fronterizos, deja de tener responsables visibles.
Si, como dijo uno de los testigos, las utilidades de los carteles podían ir desde 13,000 dólares por kilogramo si la droga se quedaba en Los Ángeles, California, hasta 16,000 si la colocaban en Nueva York, donde vendían el kilo a 35,000 dólares, la pregunta que no se hace (o cuya respuesta al menos no se publicita) es: ¿quiénes eran los compradores mayoristas de ese producto en esas ciudades? Porque resulta impensable que fueran empleados de los carteles mexicanos los que se apostaban y se apostan en las esquinas estadounidenses para distribuir el producto al menudeo y, solo entonces, recuperar sus inversiones y repartir las ganancias.
Además, si para finales de los años 80 e inicios de los 90, según la declaración de quien dice haber sido gerente del Chapo, habían logrado introducir a territorio estadounidense, por vía aérea y luego marina, aproximadamente 25 toneladas anuales de droga (lo que daría un aproximado de 875 millones de dólares al año), ¿cuánto se estará distribuyendo en la actualidad? Porque no hay indicios serios de que el consumo haya disminuido drásticamente a causa de la detención de los capos actualmente bajo arresto. En un negocio a todas luces tan rentable y que además no paga impuestos y no tiene ningún control sanitario de calidad, es evidente que, al claro estilo neoliberal, si alguien deja el lugar, otro, con igual vocación empresarial, vendrá a ocuparlo, pues los consumidores siguen demandando el producto y, según parece, cada vez con más ansia y en mayor cantidad.
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Hay que hacer notar, además, que, si hace 30 años el gramo de droga podía haber costado 35 dólares al por mayor, su valor para el consumidor final bien podía duplicarse. Dada la estrategia de criminalización de su consumo, todo hace suponer que en la actualidad su precio puede ser aún mayor. Los consumidores de antes y los actuales, en consecuencia, solo pueden ser personas con un alto poder adquisitivo, muy probablemente con vínculos con el poder político local y federal. Las redes de importación y distribución no pasarían, en consecuencia, desapercibidas, por lo que solo una estrecha complicidad entre estas y las autoridades podría explicar que los mayoristas no aparezcan y que toda la culpa recaiga en los exportadores.
Lo dicho y hecho en este juicio, altamente mediatizado, nos muestra que de parte de las altas autoridades estadounidenses no hay un objetivo ni un sincero propósito de enfrentar el consumo y la comercialización de las drogas. No solo no se persigue a los que las importan al por mayor (o al menos no tan públicamente, como se hace con los extranjeros), sino que no se han establecido sanciones drásticas contra bancos y vendedores de bienes raíces, a quienes acuden los importadores mayoristas para bancarizar y blanquear sus ingresos.
Todo lo anterior evidencia la doble moral con la cual la élite política estadounidense ha estado tratando el asunto de las drogas. Su oposición a modificar una estrategia que durante más de 30 años ha demostrado su ineficacia no es solo a causa del conservadurismo que supuestamente priva en la oposición a la legalización de las drogas. Hay también fuertes intereses económicos que se oponen a ella, de tal manera que se evidencia, además, una permanente y bien aceitada corrupción, tal vez mayor que la que de México se denuncia en estos días en Nueva York.
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