Resulta de políticas sociales creadas para satisfacer las necesidades de un modelo económico diseñado predominantemente en la hegemonía heredada de la patria del criollo. Se han respaldado las injusticias con datos poco fiables sobre cuántos, cuántas, quiénes y cómo somos en Guatemala. El censo 2018 es una oportunidad básica para reconocernos mínimamente y reclamar aquello por lo que aún no se nos reconoce.
Luego de alcanzar la cobertura universal de la educación primaria en 2009, esta descendió drásticamente durante los siguientes años, sin que hasta la fecha se logre detener su descenso. La ministra del gobierno del Partido Patriota —hoy una reconocida estructura criminal por sus vínculos con el narcotráfico y con empresas involucradas en casos de corrupción— argumentaba entre líneas que el dato de disminución de la cobertura no era más que un producto de la inexactitud del dato de población con el que se realizaban las estimaciones del indicador. En otras palabras, se argumentó que hay menos niños y niñas en el sistema educativo porque hay menos niños y niñas en el país. Esta verdad a medias pudo haberse basado en la disminución sostenida en la tasa de fertilidad, así como en el incremento de la migración infantil. Sin embargo, estos datos no son proporcionales a la disminución del 20 % en la cobertura en menos de 10 años.
Se ha argumentado también como verdad absoluta que el modelo de privatización de servicios y de su distribución ha sido la opción ideal para ampliar el acceso a determinados bienes. Entre las supuestas evidencias se incluyen datos como que en Guatemala hay más teléfonos celulares que habitantes y que a partir de la privatización de la distribución de la energía eléctrica hubo un incremento significativo de la población con acceso a esta. Ambas verdades deslumbran en un país que, siendo de ingresos medios, aporta más personas de la mitad de las personas viviendo en pobreza en la región centroamericana y tiene a uno de cada dos niños subsistiendo con desnutrición crónica. Estos fenómenos solo pueden existir como hechos complementarios e interdependientes cuando el efecto de la acumulación de la riqueza es gracias a su inequitativa distribución. No es que los celulares se distribuyan de forma igual entre los estimados 19 millones de habitantes ni que los helicópteros sean de uso colectivo ni que adonde llega la energía eléctrica esta lleve consigo el desarrollo y la prosperidad.
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Tan inexacta resulta ser en algunos aspectos la imagen que los datos actuales presentan del país que se ha dado paso a la negación del pueblo xinca, habitante de la región siglos antes que los ladinos y extranjeros que imponen su industria extractiva en el suelo que aquel aún ocupa. El desconocimiento le ha permitido al actual gobierno minimizar su grado de responsabilidad en un posible homicidio culposo derivado del irresponsable manejo de la reducción de desastres en San Miguel Los Lotes y El Rodeo, en las faldas del volcán de Fuego. Nadie tiene certeza de las estimaciones de personas fallecidas y desaparecidas en el lugar. Poco se podrá avanzar en materia de legislación a favor de los niños, de la juventud y de la prevención de violencia contra las niñas mientras se siga desconociendo cuántas son, dónde están, cómo viven y qué necesitan.
Necesitamos información que, además de actualizada y universal, sea incluyente, es decir, que nos incluya a todas y a todos en nuestras múltiples dimensiones de diversidad. Mientras leía la boleta del censo, publicada en redes sociales, consideré que les faltará precisión a algunos datos: yo soy mestiza —no ladina—, tengo amigas y amigos que no podrían autoidentificarse como hombre ni mujer, mi hermano también puede reportar sobre su paternidad. Esto lo cuestiono públicamente de forma prospectiva para el próximo censo —ojalá en el 2022—. Reconozco, sin embargo, que es sumamente importante el esfuerzo detrás de este ejercicio y me sumo a él.
Abro mi puerta, la de mi vivienda y hogar, al censo 2018. Es fundamental para tener un mejor retrato del país, uno que sirva para reconocernos, planificar, auditar, denunciar, legislar, hacer avanzar la justicia.
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