El Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) es una base de entrenamiento para las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas ubicada en Cobán, Alta Verapaz. Durante el conflicto armado, estas instalaciones fueron el centro de la coordinación y de la inteligencia militar y se conocían como la Zona Militar 21 (ZM21). Desde el 2012, investigadores del Ministerio Público (MP) y de la Fundación de Antropología Forense (FAFG) han exhumado 565 cuerpos de las 85 fosas localizadas dentro de la base militar. De estos, 143 han sido identificados a través de ADN como víctimas del conflicto armado interno asesinadas entre 1981 y 1987. El 6 de enero de 2016, el MP arrestó a 14 militares en relación con el caso, que la fiscal general Thelma Aldana ha descrito como uno de los de desapariciones forzadas más grandes de América Latina.
En su resolución del 7 de junio de 2016, la jueza Claudette Domínguez determinó que ocho militares retirados, incluido el general Benedicto Lucas García, debían enfrentar juicio público. La jueza determinó que uno de los acusados, que sufre de incapacidad mental, debe enfrentar juicio bajo medidas especiales, que incluyen que las audiencias sean a puerta cerrada, y que no hay posibilidad de sanción si fuera hallado culpable por haberse cerrado el plazo. Finalmente, la jueza desestimó la acusación contra dos de los acusados.
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Si bien la resolución fue recibida como un significativo avance en los esfuerzos de hacer justicia transicional en Guatemala, también ha causado controversia. Los acusadores le objetaron a la jueza que excluyera a casi el 80 % de las víctimas identificadas de la acusación sin justificación o explicación alguna. También objetaron la decisión de haber desestimado los cargos contra dos de los acusados (el MP también apeló un dictamen previo de la jueza Domínguez que desestimó la acusación contra tres de los acusados, pero la apelación sigue sin resolverse). Juan Francisco Soto, director ejecutivo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), una de las organizaciones que asisten legalmente a las víctimas, dijo que la decisión tomada por la jueza de excluir a tantas víctimas debilita el caso presentado por el MP.
Apelación del auto que excluye a las víctimas
La acción más reciente del caso ocurrió el mes pasado en relación con una apelación formulada por el MP contra la resolución del 7 de junio de 2016. El MP afirma que el auto es defectuoso, ya que la jueza omitió explicar su decisión de excluir a un gran número de víctimas identificadas en la acusación original. A mediados de mayo, los fiscales recibieron la notificación de que la Sala de Mayor Riesgo de Extinción de Dominio había rechazado la apelación. En respuesta, el 18 de mayo el MP apeló tal resolución ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
La fiscal Elena Zut expresó que la apelación fue presentada en representación de las víctimas cuyos casos habían sido excluidos en la resolución de junio de 2016. Por ejemplo, sobre el caso de Los Encuentros, una comunidad en Río Negro, la fiscal Zut dijo: «La juzgadora menciona a las víctimas al dictar la resolución, pero no dice si va a abrir juicio por esas víctimas o si las dejó afuera».
Zut dijo que la jueza también omitió cinco casos de violencia sexual de Pambach, Alta Verapaz, y afirmó que esos delitos no estaban incluidos en la acusación original del MP de enero de 2016. Los acusados en estos casos son los oficiales militares en retiro César Augusto Cabrera Mejía, quien antes de su arresto había sido considerado para ocupar cargo en el Ministerio de Gobernación, y Juan Ovalle Salazar, comandante de batallón de infantería. Ambos fueron destacados en la ZM21 cuando se cometieron los hechos señalados.
En la audiencia del 18 de mayo, el MP presentó los audios de las audiencias de enero de 2016 y demostró que ambos casos eran, de hecho, parte de la acusación original. La fiscal auxiliar Elena Mijangos declaró que el MP apeló la reciente decisión porque «no presenta ningún argumento y solamente repite lo que la juzgadora resuelve en el mes de junio, ya que los magistrados no entraron a conocer los medios de prueba propuestos (los audios de las anteriores audiencias) y tampoco se pronunciaron por las víctimas».
De acuerdo con Mijangos, la sala apelada omitió considerar los audios de las audiencias aportados en enero de 2016 y no clarifica la situación de las víctimas.
Como consecuencia de tales exclusiones, los cargos contra varios de los sindicados han quedado reducidos. Por ejemplo, la acusación contra Lucas García incluía 14 casos de desapariciones forzadas, pero la jueza Domínguez ordenó la clausura de 2 y el sobreseimiento de 7, de modo que solamente dejó 5 de la acusación original. En el caso de Cabrera Mejía, la acusación original incluía 125 casos de desapariciones forzadas, pero la jueza excluyó 76 argumentando actividad procesal defectuosa, clausuró 1 y sobreseyó 16 más, por lo que dejó solamente 32.
El caso Creompaz, estancado
Aparte de las apelaciones, el MP presentó otro amparo contra la resolución emitida por la jueza Domínguez en junio de 2016 que busca la readmisión de decenas de víctimas excluidas del proceso. En diciembre de 2016, la CC otorgó el amparo provisional a los solicitantes, pero aún no ha emitido su resolución final.
El MP también solicitó el antejuicio contra el entonces diputado y asesor principal del presidente Jimmy Morales, Édgar Justino Ovalle, a quien se espera acusar por al menos seis casos de desapariciones forzadas relacionadas con el caso Creompaz. Después de más de un año de deliberación, la jueza Domínguez resolvió a favor de retirarle la inmunidad a Ovalle y perseguirlo penalmente. Sin embargo, Ovalle se dio a la fuga y se desconoce su paradero (ocho militares retirados relacionados con el caso Creompaz están prófugos, incluyendo al general retirado Luis René Mendoza Palomo, ministro de la Defensa durante el gobierno de Romeo Lucas García).
Otra serie de recursos procesales quedan pendientes. Una de las organizaciones de víctimas, la Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz (Codevi), recusó a la jueza Domínguez en junio de 2016 por denegarle a la organización querellarse dentro del proceso. Otro de las querellantes, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), presentó amparo ante una sala de apelaciones por el retardo en la resolución de distintos recursos procesales.
Al mismo tiempo, los abogados defensores han presentado una serie de recursos procesales que buscan ponerle fin al proceso penal en contra de sus clientes. A la fecha se han celebrado nueve audiencias para dar respuesta a sus solicitudes. Benedicto Lucas García, por ejemplo, ha alegado que no tiene responsabilidad alguna por los delitos cometidos por sus subordinados y que los cargos en su contra deben ser desestimados. Varios de los abogados defensores también han pedido desestimar las acusaciones alegando que sus clientes estaban fuera del país en el momento de los hechos.
Mientras tanto, las víctimas del caso Creompaz, que han esperado entre 30 y 36 años para dar a conocer la verdad y obtener justicia, siguen exigiendo la apertura del juicio en el caso.
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Benedicto, de Plaza Pública.
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Este artículo fue publicado por primera vez en el Monitor Internacional de Justicia (IJM) y traducido por Evelyn Recinos Contreras.
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