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El alcalde, el Congreso y la impunidad
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El alcalde, el Congreso y la impunidad

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Opinión
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La solicitud de levantamiento de derecho de antejuicio presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) contra el alcalde Arzú, en el marco del caso denominado Caja de Pandora, ha generado el revuelo esperado.

Arzú ha sido una figura muy impopular entre periodistas y medios de comunicación fuera de la órbita del señor Ángel González, pero, paradójicamente, ese hecho no ha impedido que haya sido reelecto como alcalde de la capital en dos ocasiones. Creo que su éxito político ha sido un hecho molesto para sus detractores, que no terminan de comprender por qué alguien como él puede resultar atractivo para una amplia gama de ciudadanos capitalinos. Así que verlo caer bajo la lupa investigativa del MP y de la Cicig fue un motivo de particular celebración para muchos comunicadores y medios. Y, por supuesto, para esa parte de la ciudadanía que nunca ha creído en su liderazgo político.

Sin duda, nuestro alcalde tuvo muchos disgustos digestivos ante semejante afrenta por parte de la justicia. Pero, al leer con detenimiento el caso en sí, es claro que la misma FECI es precavida, pues por el momento la evidencia no apunta más que a la necesidad de investigar el posible involucramiento del alcalde en una red de financiamiento electoral ilícito y de asignación de plazas fantasmas articulada desde la Municipalidad de Guatemala. Esto es algo así como cuando el MP y la Cicig acusaron a Juan Carlos Monzón por ser el líder de La Línea porque no tenían evidencia del involucramiento del entonces presidente Otto Pérez y de la vicepresidenta Roxana Baldetti en dicha red de fraude aduanal.

¿Alguien espera que el alcalde sea absuelto de su presunto involucramiento en esa red de financiamiento electoral ilícito y de asignación de plazas fantasmas? En este momento, probablemente solo sus seguidores más fieles. Pero la FECI, con su trabajo metódico, piensa tomarse este caso en serio y por eso ha decidido no acusar ligeramente al alcalde Arzú sin tener pruebas sólidas en su contra. Así que la solicitud de levantamiento del derecho de antejuicio es solamente el paso necesario para que el MP continúe su investigación. Eso sí, oponerse a que se levante ese derecho de antejuicio es claramente un acto de obstrucción de la justicia.

Por el momento, el alcalde ha articulado mal su defensa. Decir que todo es una artimaña política por su papel en evitar un supuesto golpe de Estado contra el presidente Morales es una historia que solo puede ser creída por sus seguidores más entusiastas y por los cada vez más escasos seguidores del presidente. Su base política amplia capitalina se parte frente a una argumentación así, y el alcalde arriesga mucho al vincular su destino con la alicaída imagen de Morales. Si para creerle al alcalde es requisito creer en el liderazgo del presidente, muchos de sus seguidores lo pensarán dos veces.

El alcalde haría bien en ver las cosas desde el ángulo de la justicia y en defenderse en el ámbito en el cual se lo investiga: el de una acusación penal. Si el alcalde es inocente, su defensa más clara es demostrarlo sin aspavientos ni bravuconadas, acudiendo a las pruebas y a la evidencia como clara demostración de que los capitalinos han hecho bien en mantenerlo en el palacio de la loba durante más de una década. El que no la debe no la teme. Y si la verdad está del lado del alcalde, no hay nada que él deba temer por su parte. Pero, para tener esa claridad meridiana, primero tiene que bajarse de la nube y de la novela en que se montó y aceptar que la investigación de la FECI debe ser rebatida por medios penales, y no con declaraciones políticas de dudosa credibilidad.

La ciudadanía hace bien en discutir ese tema ampliamente, como lo ha hecho hasta ahora. Pero habrá que dejar que la justicia continúe su camino y, en vez de focalizar la atención en la figura del alcalde, se deberá tener claridad en continuar apoyando los esfuerzos por romper la impunidad de las redes de financiamiento electoral ilícito que han encumbrado a una clase política nefasta. En pocas palabras, el objetivo central que debería tener la ciudadanía es lograr que las figuras partidarias que articularon esquemas de financiamiento electoral ilícito rindan cuentas ante la justicia. La impunidad de esos crímenes es la mayor afrenta a nuestra democracia y cuestiona la legitimidad de las instituciones en las cuales descansa el poder público en este momento.

Que caigan bajo la mano de la justicia todos aquellos que han pervertido y corrompido nuestros procesos electorales al aceptar de manera espuria fondos ilegales y de dudosa procedencia. Que la ciudadanía presione para que rindan cuentas por sus actos criminales. Y, luego de un proceso de depuración de esas estructuras, discutamos cómo aprobar una Ley Electoral y de Partidos Políticos que impida que este tipo de actividad delictiva se repita en el futuro.

Para alcanzar esa gran meta habrá que actuar de manera metódica (tal como opera el sistema de acusación penal). Una demolición controlada del sistema de corrupción y de financiamiento electoral ilícito pasa por priorizar las luchas y las consignas. Y todo apunta a que el verdadero centro neurálgico del sistema político espurio se encuentra articulado en el interior del Congreso de la República. Los operadores que desde allí están comprando tiempo para evitar enfrentar la justicia son las columnas del gran edificio de la corrupción.

Para llegar a buen puerto, nunca hay que perder el foco que alumbra el camino. Y el foco para la ciudadanía debe seguir siendo la depuración de las figuras espurias que, aprovechándose del financiamiento electoral ilícito, hoy operan desde el Congreso de la República.

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