La propuesta de Óscar es fomentar la participación y la integración de escalas geográficas, que todos los actores interesados se sienten a la mesa a ponerse de acuerdo.
Sugiere en su columna que el primer paso para alcanzar los ODS es «educar, enseñar y convencer a nuestra gente de que el agua no es un bien de Dios». Quienes hemos hecho investigación en áreas rurales de Guatemala, en contextos donde existen graves conflictos ambientales, pensaríamos que nadie mejor que las personas que viven en estos lugares saben que el agua no es un bien de Dios. La mayoría de las personas que viven en el área rural de Guatemala saben que el agua es un recurso en continua disputa, de cuyo acceso justo y equitativo la mayoría es excluida. Esta exclusión no resulta de la ignorancia, sino de la operación concreta y brutal de regímenes asimétricos de poder. La catástrofe en el río La Pasión es solo el mejor y más contundente ejemplo de ello.
La idea de desarrollo sustentable descansa sobre los pilares de la equidad, la permanencia en el tiempo de los recursos naturales y la justicia. Me parece que el primer paso para alcanzar un marco legal e institucional con mayor justicia tanto social como ambiental es partir de que la gobernanza del agua implica varios retos. El primer reto es entender cómo las características físicas de este recurso fluido delinean las normas y reglas que gobiernan su acceso. El segundo reto es entender cómo distintas relaciones de poder efectivamente permean el asunto del acceso al recurso y la distribución de este. El tercero es aceptar que la gobernanza del agua no puede partir sino de la pluralidad en tanto el recurso existe en lugares concretos con prácticas legales heterogéneas.
A nivel global, más de mil millones de personas carecen de acceso a agua potable, lo que constituye uno de los fracasos más impresionantes de las políticas y las prácticas del desarrollo. En Guatemala, según datos de la Cepal, el 40 % de la población rural carece de acceso a agua potable. En términos de saneamiento de agua, solo el 17 % de la población rural tiene acceso a ese servicio. Los departamentos con mayor índice de ruralidad y pobreza y con mayor población indígena son los mismos en los que la mayoría de personas carece de acceso a agua limpia.
Dentro del campo de la ecología política, se ha analizado este dramático fracaso en proveer agua potable a nivel global o local como un punto de entrada para explicar las formas en que el ejercicio del poder opera en diferentes contextos. Las preguntas básicas que nos planteamos los ecólogos políticos van desde entender qué explica este fracaso y qué actores son responsables de ello hasta cuestiones más amplias como la consolidación de ciertas reglas que prevalecen sobre otras y de esta manera buscar explicar problemas sociales y ambientales más amplios.
La evidencia que he recopilado en mi propio trabajo académicoi sugiere que la formulación de leyes es un proceso estrechamente vinculado al ejercicio del poder político, económico y social. Por ejemplo, la industria extractiva —incluidas las empresas transnacionales y la élite nacional— influyó de manera decisiva en la formulación de leyes como la Ley de Minería y la Ley General de Electricidad en Guatemala. Estas privilegian de manera desproporcionada los intereses corporativos sobre los de las comunidades rurales. No hay nada que haga pensar que una ley de agua correría una suerte diferente en este momento.
Sin embargo, académicos como Boaventura Sousa de Santos y César Rodríguez Garavito argumentan que los procesos de formulación de leyes pueden ser también espacios de transformación en tanto estimulen una reconexión de la ley y la política para reimaginar instituciones legales que emerjan desde los márgenes. Los derechos —por cuanto el acceso al agua, la salud y la vida son derechos humanos— deben ser politizados antes que legislados. Por lo tanto, la acción colectiva, la resistencia y las acciones contestatarias son requisitos necesarios para una transformación política y legal significativa. Los diferentes movimientos de resistencia a las industrias mineras, hidroeléctricas y agroindustriales en Guatemala han puesto el dedo precisamente en el acceso al agua y en su calidad.
Concuerdo con Óscar: el agua y su gobernanza son asuntos que no pueden postergarse en Guatemala. Además de hablar de leyes, es necesario discutir cómo el agua y el acceso a esta se enmarcan en asuntos más amplios como la inequidad social, política y económica, el desarrollo rural y las luchas que durante décadas actores subalternos han mantenido en el país.
i Aguilar-Støen, M. (2015). «Staying the same: transnational elites, mining and environmental governance in Guatemala». En B. Bull y M. Aguilar-Stoen (eds.). Environmental politics in Latin America: elite dynamics, the left tide and sustainable development. Londres: Routledge Earthscan.
Aguilar-Støen, M., y C. Hirsch (2015). «Environmental Impact Assessments, local power and self-determination: The case of mining and hydropower development in Guatemala. The Extractive Industries and Society, 2: 472-79.
Aguilar-Støen, M. (2016). «Beyond transnational corporations, food and biofuels: the role of extractivism and agribusiness in land grabbing in Central America». Forum for Development Studies xx:xx
Aguilar-Støen, M. y Bull, B. «Forthcoming Anti-mining movements in Guatemala: the elites’ influence in the outcome and the response from the government». Development and Chang.
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