Pese a que terminó reculando en su intentona, al igual que el Congreso con las leyes proimpunidad, tanto el Ejecutivo como el Legislativo continuaron en su afán de limpiarse el camino de la corrupción. Al amparo de acciones de autoritarismo extremo, en agosto de 2017 la decisión presidencial significó la salida de dos funcionarios de carrera de la Cancillería, el titular Carlos Raúl Morales y el vicecanciller Carlos Ramiro Martínez. Ambos se negaron a cumplir la orden ilegal del gobernante y salieron del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El excanciller Morales fue sustituido por Sandra Jovel, digna representante de los disparates del jefe del Ejecutivo. A diferencia de sus antecesores, Jovel no orienta la política exterior en beneficio de los objetivos nacionales, sino en función de los caprichos presidenciales: una ruta peligrosa y de consecuencias cuya gravedad aún no logra dimensionar la improvisada funcionaria al frente del servicio exterior.
De ahí que tanto el gobernante Jimmy Morales Cabrera como Jovel sigan buscando neciamente cualquier resquicio para promover la salida del titular de la Cicig, modificar el mandato de la entidad y con ello hacer que el combate de la corrupción dé marcha atrás.
Entre los más recientes disparates de la dupla Morales-Jovel destacan las peticiones de retiro de los embajadores de Suecia y de Venezuela. En ambos casos, el argumento fue la supuesta injerencia de ellos en asuntos internos. En el caso de Venezuela, por la reunión que la embajadora sostuvo con el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), entidad que fue criminalizada por el mismo mandatario en un discurso. En cuanto al embajador de Suecia, el argumento fue la tergiversación a conveniencia de un fragmento de declaraciones vertidas hacía meses por el representante. Mientras Venezuela retiró a su representante, Suecia solicitó información a Guatemala y, entre tanto, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional para impedir la salida del embajador nórdico.
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En el ínterin, Guatemala concretó la decisión absurda y contra la comunidad de las naciones de trasladar la embajada del país de Tel Aviv a Jerusalén, en Israel. Ese hecho aísla aún más al país. No obstante, el Gobierno y su Cancillería vivieron el evento como una especie de excursión familiar y, en un viaje financiado por un particular, por cierto señalado de corrupción en Estados Unidos, se fueron hasta con los familiares procesados por corruptos para celebrar a lo grande la díscola decisión del gobernante.
La obsesión del presidente contra la Cicig solo tiene base en la necesidad de él de impedir a toda costa que se lo procese por financiamiento electoral ilícito y de proteger a su hermano y a su hijo de la acción penal por corrupción. No le ha importado que con ello tire por la borda el esfuerzo multinacional de apoyo y de acompañamiento para superar una de las mayores lacras que, junto con la inequidad, sostienen los altos niveles de subdesarrollo en Guatemala.
El reino de Suecia es no solo uno de los principales donantes de la Cicig, sino también, y a lo largo de la historia, uno de los más generosos colaboradores en la consolidación democrática y el desarrollo de Guatemala. Venezuela, en su época de bonanza, fue un apoyo clave en atención en salud y en educación, en tanto que, con el cambio de embajada en Israel, se pierde la relación con los países árabes, principales compradores de cardamomo. Esto último, una situación que afectará a miles de pequeños productores de las Verapaces, cuyo destino parece no importarle al caprichoso gobernante.
No se trata de un desliz o de un error en la gestión diplomática, sino de una conducta marcada por el capricho y la improvisación. Tiempo es ya de que Sandra Jovel se retire por atentar contra los objetivos nacionales y dé paso a la recuperación de la gestión de las relaciones internacionales desde la óptica profesional, y no desde el antojo gubernamental.
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