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Defender la sociedad

Lo político significa debatir la oposición central generada en torno a cómo el Estado aplica la violencia que considera legítima y cómo eso depende del acceso a un poder del que carecen las mayorías
Del Estado contrainsurgente pasamos al Estado de seguridad. Violencia, al final de cuentas.
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Es urgente crear una coalición para defender la sociedad del protofascismo.

Este ensayo, si bien se organiza como una crítica de la pospolítica,[1] tiene un único objetivo: expresar la urgencia de crear una coalición amplia compuesta por la mayor cantidad de sectores sociales y políticos interesados en defender la sociedad. Esta urgencia nace de la amenaza de un tipo de “protofascismo” que gravita hoy en torno a la defensa de la impunidad y el denominado pacto de corruptos que, fácticamente, tiene tomadas las riendas de los poderes ejecutivo, legislativo y parte del judicial.

El hilo conductor para pensar una articulación así pasa por los antagonismos generados por la relación violencia de Estado-sociedad. En este sentido, recupero la posibilidad de una política que cuestione el discurso que insiste en que vivimos en un mundo posideológico, caracterizado por un consenso ficticio y la aparente domesticación del desacuerdo expresado por los sectores sociales que históricamente sufren de la violencia de Estado. Propongo ubicar el debate sobre lo político en relación con la construcción de una democracia basada en el disenso.

Se defiende con ello la siguiente tesis: es imposible pensar que lo político haya sido superado mientras el Estado ejerza formas concretas de violencia en contra de la sociedad. Es decir, de quienes se oponen a los intereses de los sectores más poderosos que, ya sea en el escenario o tras bambalinas, gobiernan. Así, la crítica de la violencia es esencial. Ésta implica atender cómo la violencia planificada, administrada y ejercida por el Estado ha sido diseñada para impedir que los sectores populares organizados participen en la política. Me interesa avanzar un argumento que se ha planteado ya hace algún tiempo relacionado con el imperativo de retornar a lo político en esta coyuntura de lucha contra la corrupción y la impunidad.

Más allá de la pospolítica: antagonismo y violencia de Estado

La lucha contra la corrupción reintrodujo el debate sobre la pospolítica. No pretendo atender aquí todos los argumentos esgrimidos a favor o en contra. Me interesa únicamente señalar que ese debate ha girado en torno al siguiente postulado: la lucha contra la corrupción nos ubica en un presente en el cual las diferencias ideológicas han quedado superadas. Con ello, es importante generalizar la moderación del pensamiento, fortalecer la formación en administración pública y arraigar referentes éticos en los individuos que componen las clases política y tecnocrática.

Si bien hay algo muy valioso en esa última idea (ya que es innegable la importancia de mejorar las bases éticas y la formación de los administradores públicos), la pospolítica no ha funcionado en la práctica. Además, ha dado pocas muestras de abrir la posibilidad de crear una coalición como la que se propone para defender la sociedad. La pospolítica ha perdido de vista la naturaleza antagónica y contradictoria de lo político, que es inherente a las relaciones entre Estado y sociedad, y que en el presente se expresa cristalinamente en lo que Mónica Mazariegos identifica como la tensión fáctica entre las formas de justicia premial y el derecho penal del enemigo.

Como señala Mazariegos, la justicia premial se entiende como “aquella que ‘premia’ a los ‘arrepentidos’ que luego de haber participado directa o indirectamente en ciertos delitos, deciden colaborar con las investigaciones confesando su responsabilidad, contando sus testimonios, aportando información detallada y toda clase de pistas que contribuyan con el esclarecimiento de la verdad judicial”.

Una de las características más visibles de la justicia premial es que en la práctica se aplica casi exclusivamente a las élites económicas. Como se ha indicado ya, el modelo público confesional que ahora se ha puesto en la palestra con el mea culpa de los dirigentes empresariales en lo que catalogan, erróneamente, como una forma de justicia transicional, es una muestra de ello.

Por el otro lado, el derecho penal del enemigo da cuenta de cómo los sectores populares organizados son duramente castigados por una lógica jurídica que los trata como “enemigos”. En muchísimos casos, se han dado detenciones ilegales y arbitrarias a líderes sociales que pasan prolongados períodos de tiempo en prisión, acusados maliciosamente de delitos que no gozan de medidas sustitutivas (y en caso en los que sí son aplicables, los jueces se resisten a conferirlas). Para ellos, además, es impensable considerar algún tipo de criterio de oportunidad que permita resolver los conflictos sin la necesidad de aplicar la violencia del Estado. Este panorama se agrava en tanto el castigo de la persona se deriva no de la consumación del delito, sino de la peligrosidad que el individuo supuestamente representa.

Se observa, por tanto, un doble vínculo, profundamente arraigado en la Historia, que es tensionado por esas dos prácticas desiguales del derecho, y que expresa uno de los antagonismos esenciales de la sociedad guatemalteca.

Lo político, pues, significa poner en el primer plano del debate la oposición central generada en torno a las formas en que el Estado aplica la violencia que considera legítima y cómo quedan supeditadas al acceso a un poder político, social y económico del que carecen la mayoría de guatemaltecos.

Al no considerar el doble vínculo y su respectivo antagonismo constituyente se han incrementado las suspicacias de aquellos que no ven reflejados sus posicionamientos en el postulado central de la moderación inherente a la pospolítica.

Más aún, la pospolítica ha girado en torno a una retórica moralizante en la que las posiciones políticas de quienes sufren directamente la violencia de Estado se equiparan a la del fascismo. Es decir, aquellos expresan desacuerdo ante la violencia arbitraria del Estado y las empresas quedan tildados de extremistas del mismo modo que aquellos que claman por su exterminio.

Dicho de otro modo, el punto de partida de la pospolítica es erróneo. Al tiempo que promueve la justicia premial, aniquila el debate sobre los usos de la violencia del Estado en contra de los sectores populares organizados, que debería ser central para entender lo político. Formas de violencia que además son consideradas legítimas en tanto quedan inscritas en el procedimentalismo legalista.

Antagonismo: violencia de Estado e historia

La omisión del debate sobre el antagonismo que fundamenta lo político es central para la reproducción ideológica (en el sentido de la falsa conciencia) que hace posible la permanencia de la violencia de Estado a lo largo de la historia.

Primero, las configuraciones estatales coloniales y, después, el Estado finquero, desplegaron instrumentos para mantener subyugadas a las poblaciones originarias. Instrumentalizar la violencia que se les aplicaba servía, casi siempre, a una lógica económica construida sobre el abuso y el irrespeto a la humanidad de sus víctimas. Éstas fueron forzadas a participar de modelos socioespaciales de producción que aseguraban lo que algunos académicos denominan acumulación originaria. Se desplegó, pues, una razón de Estado que calculaba las formas e intensidades de violencia necesarias para propulsar la economía capitalista, mediante el sostenimiento de relaciones económicas primitivas basadas en la semiesclavitud y la servidumbre. Con ese fin, se buscó incesantemente reducir y sujetar a las poblaciones originarias a los pueblos de indios, a las encomiendas y, siglos más adelante, a las fincas.

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Las poblaciones subalternizadas, especialmente los pueblos originarios, fueron vilificadas por más de cuatro siglos. Primero, se les vio como bestias rústicas aptas para el trabajo obligatorio y esclavo y, algunas décadas después de la invasión, finalmente, la corona les consideró súbditos (de segunda categoría en la práctica) con derechos restringidos, que rara vez trascendían los límites locales y comunitarios. Esta mejoría relativa se logró solo por la intermediación incesante de “defensores de indios”, como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, quienes estuvieron detrás del espíritu de las leyes nuevas que prohibieron la esclavitud de los “indios”. Estas transformaciones, sin embargo, nunca se materializaron en finalizar los abusos de la violencia colonial. Por el contrario, se logró mediante ellas mantener una estabilidad relativa a lo largo de toda su duración.

Ya con las condiciones dadas por la república, la violencia de Estado se tradujo en la creación de leyes que obligaron a grandes contingentes de población indígena a trabajar en las fincas cafetaleras. Se crearon los sistemas de endeudamiento, se introdujo el alcohol, se expropiaron tierras comunitarias y se obligó a pueblos enteros a trabajar forzosamente en la creación de la infraestructura necesaria para sacar adelante al capitalismo finquero. La finca, el modelo que significaba desarrollo y prosperidad para unos, era en la práctica una condena a la servidumbre para las mayorías.[2]

En cada uno de esos momentos, el Estado y sus aparatos de violencia (y de legitimación de ella) operaron no con el fin de crear una sociedad justa, sino por el contrario, con el de crear y defender los privilegios de unos a costa del sufrimiento y la muerte de otros. No es sino hasta la década del 44-54 que se produjo una anomalía nunca antes vista. Esta anomalía se tradujo en aspectos como la creación de las leyes de los trabajadores, a quienes se les permitió defender sus derechos, se creó el sistema de seguridad social, y se dio inicio a la reforma agraria.

Todo apuntaba a que la historia de la violencia en Guatemala daría un giro. Por primera vez se pudo vislumbrar un horizonte de posibilidades en el que la participación política se hacía viable para quienes habían sido objeto histórico de la violencia de Estado. Por primera vez podía considerarse que el Estado no solo representaría un instrumento de ejercicio de la violencia necesaria para crear “riqueza” económica, sino un soporte para todos aquellos que lo habían sufrido durante tantos siglos.

Pero llegó el anticomunismo, las dictaduras militares, la violencia contrainsurgente y, nuevamente, el efímero sueño quedó suspendido.

Politización: de la anomalía a los alzamientos

Historizar el antagonismo sirve para pensar la politización. Hay que evitar, sin embargo, lecturas mecanicistas. Lo más probable es que una multiplicidad de causas se encuentre subyacente a los alzamientos del siglo XX. Es importante considerar, a pesar de ello, que todas estas causas pueden estar relacionadas, de una u otra forma, con la violencia que el Estado ejerció contra la sociedad después del 54.

Hay que ser muy obcecado para asumir que las raíces del conflicto armado interno se entierran en algún tipo de intencionalidad guerrerista, especialmente cuando se piensa en aquellos actores que se opusieron al yugo dictatorial del anticomunismo y la contrainsurgencia. Hacer una homologación entre violencia contrainsurgente y la sublevación de los pueblos es igual o más reduccionista que proponer que aquellos se alzaron debido al fantasma marxista (y sus derivaciones) inseminado desde las organizaciones revolucionarias en la mentalidad de los guatemaltecos. Los procesos políticos de ese medio siglo fueron diversos y complejos y en ellos se encauzaron una variedad de perspectivas y formas de pensamiento que excedían por mucho al mero pensamiento marxista.

El derrocamiento de Jacobo Arbenz se convirtió en el parteaguas que da inicio a una de las épocas más oscuras de nuestro pasado. Un período de tiempo que llegaría a su momento más tenebroso a inicios de los años 80, con los genocidios perpetrados por el Estado contrainsurgente en contra de los pueblos originarios. Cientos de miles de mujeres, ancianos, niños y hombres inocentes fueron fulminados por la violencia de Estado. Los relatos son duros y terribles y han quedado ahí, registrados para la posteridad.

Las aldeas modelo operaron como un tipo poscolonial de reducción de las poblaciones indígenas. El fin, nuevamente, era mantenerlos controlados y, eventualmente, asegurados para el avance del modelo económico que entonces ya daba algunos indicios de modificarse. Se reinventaba, pues, una práctica arraigada en la colonialidad que fue readaptada al capitalismo finquero. Nada nuevo bajo el sol, en apariencia.

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Como un modelo muy particular de poder blando, fueron introducidas las iglesias evangélicas fundamentalistas para ganar, como se decía en ese entonces, los corazones y las cabezas de aquellos a quienes se subyugaba.[3] Con una mano, el Estado destruía y quemaba aldeas hasta sus cimientos. Con la otra, prometía guerra humanitaria, construía nuevas aldeas que quedaban bajo su control y llevaba la “buena nueva” dada por la gran alianza establecida entre desarrollo, progreso y mesianismo religioso. No solo era imposible pensar en la justicia, sino que el Estado se encargó de garantizar esa imposibilidad tanto en el plano material como en el espiritual.

Sumado a esto, desde la segunda mitad de los años 50, la persecución, desaparición y asesinato de jóvenes de clase media e intelectuales se convirtió en la vida cotidiana para todos aquellos que disintieran de los regímenes dictatoriales. Movilizaciones muy similares a las de 2015, como las jornadas de marzo y abril del 62, fueron silenciadas a sangre y plomo. Más adelante, la persecución contra académicos e intelectuales se agudizó tanto, que los años 70 pueden considerarse como la generación perdida (o desaparecida). La muerte, la tortura, el dolor y el sufrimiento reemplazaron la posibilidad de la democracia (que en sí es entendida como el mecanismo con el cual es posible defender los disensos).

Los relatos de quienes optaron por la clandestinidad dan cuenta de la complejidad subyacente a las subversiones y los alzamientos. La decisión de ir a la guerra de muchos jóvenes mestizos de sectores medios, y de amplios números de indígenas se debía en parte al cierre de espacios políticos que inicia en el 54 y que se deja ver en la despiadada represión que se desplegó durante largas décadas de duelo y dolor. A esto se suman innumerables relatos de los entonces jóvenes guerrilleros que optaron por la vía armada debido a la imposibilidad de llevar una vida digna más allá del modelo dominante. El Estado los tenía sujetados a vivir y morir en las fincas y para muchos de ellos, la única decisión soberana que podrían tomar en sus vidas era la de morir en la guerra, en sus propios términos.[4] Incluso el factor religioso desempeñó un papel central en el alzamiento de muchos.[5] Y, finalmente, también hubo quienes se levantaron en armas por la inspiración del marxismo y sus derivados. Pero estos no fueron todos y es muy improbable que hayan sido mayoría.  

En síntesis: la violencia de Estado estaba ahí, desde siempre, expresándose como la manera de gestionar el antagonismo constitutivo y central de lo político en Guatemala. La multiplicidad de las sublevaciones se desencadenó, de una u otra forma, ante la presencia de esa violencia que ha sido instituida y es instituyente de lo político; esa violencia que sedimentó en la vida cotidiana a lo largo de los siglos.[6] 

A pesar del neoliberalismo

El desenlace de lo anteriormente expuesto corresponde a esas pocas partes de la historia que hemos atestiguado en mi generación. De los cientos de miles de víctimas civiles del conflicto armado interno, la gran mayoría fueron indígenas. La saña para torturar y asesinar a indefensos marcó la dureza con que la violencia de Estado se desplegó, con el fin de mantener el orden de las cosas. En ese orden, el Estado no defendía a la sociedad, sino los privilegios que las élites nacionales habían forjado por más de cuatro siglos. Era, pues, violencia creada para defender violencia; la forma en que el antagonismo no solo pervivió, sino que se llevó a los límites.

En un traslape histórico de por lo menos treinta años, el proyecto contrainsurgente poco a poco hilvanaría las condiciones de posibilidad para la implementación del Estado neoliberal. Éste se caracteriza por la socialización de los costos y la privatización de los beneficios. Se crea un discurso de desarrollo ideológicamente invertido que por un lado cuestiona cínicamente el papel de los monopolios y los oligopolios en las sociedades modernas mientras por el otro les otorga a las corporaciones monopolistas las empresas nacionales con proyección de interés general para la sociedad, criminalizando a los que disientan del modelo.

En otras palabras, se desarrolló y recurrió a formas más sofisticadas y menos descarnadas de violencia de Estado. Del Estado contrainsurgente pasamos al Estado de seguridad. Violencia, al final de cuentas.

Sin embargo, los asesinatos selectivos continuaron y con el despliegue paulatino del neoliberalismo el derecho penal del enemigo coaguló como otra forma más de violencia de Estado. Los usos maliciosos del derecho se convertirían en la norma para tratar a los líderes comunitarios y populares. La violencia del Estado contrainsurgente poco a poco se nombró de modo distinto. Se hablaría, desde entonces, de estabilidad, de reglas claras, de contraterrorismo, de guerra preventiva.

El antagonismo evolucionó de los modelos de acumulación originaria creados durante la época colonial y el capitalismo finquero hacia lo que algunos autores llaman modelos de acumulación por desposesión, encarnados empresas típicamente neoliberales como las mineras e hidroeléctricas.[7] En tan solo tres décadas, la infraestructura ideológica, política y jurídica creada por escuelas de pensamiento neoliberal, el consenso de Washington y los programas de ajuste estructural devendrían en la creación de mecanismos de desterritorialización y reterritorialización de la geografía.

Industrias como la energética, la minera y los monocultivos se convirtieron en la nueva finca. La diferencia ahora es que ya no es imprescindible en todos los casos mantener bolsones de capital laboral pasivo (ejércitos de trabajadores temporales esperando la oportunidad para capitalizar sus economías domésticas o saldar sus deudas) como sí lo hacían las fincas. Los trabajadores en abandono que fueron expulsados de las fincas quedaron a la intemperie, a merced del hambre y el desarraigo. Después de cinco siglos de funcionar como la piedra angular del enriquecimiento de las élites económicas, las poblaciones que fueron víctimas de la violencia de Estado pasaron a ser desechables. Una nueva forma de violencia se iba instituyendo, definida ahora por la usurpación y el abandono.

A pesar de ello, desde la firma de la paz se logró crear una institucionalidad muy básica que, si bien no regresaba aquello que le fue despojado a la sociedad en 1954, por lo menos permitía la emergencia de posiciones políticas que supuestamente no serían reprimidas del modo en el que se hizo durante la guerra. La posibilidad de imaginar un porvenir emancipado de los vicios y abusos del pasado se hizo, en apariencia, nuevamente viable. A pesar del neoliberalismo y su traslape con el proyecto contrainsurgente, a lo largo de estos veintidós años de paz, se lograron crear y mantener espacios de participación y organización que vale la pena considerar y defender. Estos, si bien no han tenido el apoyo institucional, son muy importantes ya que mantienen sedimentado lo político desde la mirada de los pueblos. Por mínimos que sean, se han producido avances. Uno de ellos es que podemos imaginar retornar al debate de lo político y problematizar el papel del Estado en el ejercicio de la violencia que lo constituye.

“Poco” antes de la reconfiguración cooptada estaba lo político

Cuando se desencadenaron los pocos debates de orden sociológico sobre la corrupción y su relación con la cooptación del Estado surgieron infinitas interrogantes. El esencial giró en torno al antagonismo que el Estado ha tenido históricamente con la sociedad: la violencia. En otras palabras, lo más relevante de este debate no ha girado en torno a la excepcionalidad de la corrupción, sino a cómo la violencia de Estado ha sido una constante a lo largo de la historia. Es más, se ha de considerar cómo esa constante es la esencia misma de lo político.

Autores como Garay y Salcedo-Albarán han hecho análisis muy finos de un fenómeno que denominan la reconfiguración cooptada del Estado. Ésta se entiende como la captura instrumental de las reglas del juego y las instituciones que pueden enmarcarse no solo en los límites formales del Estado, sino también incluir a medios de comunicación, la sociedad civil, los partidos políticos y el sistema de justicia.[8] A esto se suma lo propuesto por autores como Matilde González que, entre otros, han demostrado cómo el Estado se configura a partir de un proceso de captura que le es inherente. En otras palabras, empíricamente hablando, se puede observar que el Estado nace a partir de la articulación de redes de poder que se organizan con la intención de atender a fines que no necesariamente coinciden con el bien general de la sociedad. Por el contrario, la sociedad se ve sometida a los intereses de pequeños sectores que no dudan en utilizar la violencia de Estado para asegurar su posición de privilegio.

Por eso, cuando en el contexto de la lucha contra la corrupción se propone la necesidad de trascender las ideologías para entrar en un momento pospolítico se comete un grave error analítico derivado de una omisión empírica de enormes proporciones: la historia.

Defender la sociedad: el retorno de lo político

Sin embargo, no hay que tirar el agua del balde con el niño adentro. Hay algo en el pensamiento pospolítico que no puede despreciarse. En sí, hay mucho sentido en el objetivo estratégico de imaginar un mecanismo que permita crear una coalición que articule la mayor cantidad de sectores interesados en defender la sociedad. Y con la sociedad, aquí, se está pensando en todos los que han padecido de la violencia de Estado y no solo los que se han valido de ella.

La lucha contra la corrupción ha abierto ventanas de oportunidad. Con los casos de financiamiento ilícito y corrupción solo los más cínicos se atreven a negar que el estado ha sido cooptado por las élites económicas (legales e ilegales) y sus operadores de violencia. Lo que se discute en este momento ya no es si la cooptación es una excepción, sino su caldo de cultivo. La hipótesis que se ha manejado a lo largo de este ensayo respalda esa idea. Un breve recuento de la historia de la violencia de Estado da elementos de juicio para probarlo. La violencia de Estado siempre ha estado presente y ha dado el basamento fundamental del antagonismo que evidencia la imposibilidad de escapar de lo político.

 Dadas esas condiciones, es poco viable pensar en una coalición que se articule desde la pospolítica. Para que funcionara, sería necesario recurrir al peor de los revisionismos para adecuar la historia obviando completamente el antagonismo entre violencia de Estado y sociedad, y eso se ubica peligrosamente cerca del fascismo. Si nos interesa defender la sociedad, es imperativo retornar a lo político. Como se señalaba al inicio, el doble vínculo que representa la justicia premial y su tensión con el derecho penal del enemigo pone en evidencia que la violencia de Estado se encuentra a la orden del día.  El antagonismo que se ha venido reciclando a lo largo de la historia parece estar cuajando ahora en formas de legitimación de la opresión de los sectores subalternizados de la sociedad guatemalteca. No solo es que lo político haya retornado, es que nunca se ha ido.

Lo político: una coalición antifascista

Entonces, si realmente hay intención de crear una coalición para defender la sociedad hay que pensar varias cosas. Claro que es fundamental imaginar un objetivo estratégico que podría perseguir la creación de mecanismos institucionales que no solo garanticen el bien común, sino que también estimulen el debate político de las disputas derivadas de la estructura de antagonismos que fundamentan el poder, superando los usos privados y estatales de la violencia.  Se piensa entonces en defender la sociedad como multiplicidad; es decir, el diseño de políticas que realmente (pero realmente) limiten los usos arbitrarios de la violencia de Estado y que permitan abrir aún más las posibilidades de disentir y oponerse. En otras palabras, pensar un futuro en el que los usos del derecho no se encuentren supeditados a la acumulación de capitales económicos, políticos y sociales, sino que estimulen la práctica del disenso como eje central de la democracia y como condición de posibilidad de la justicia.

Pero para llegar a esto, primero hay que asegurar algunas cosas. Deleuze y Guattari proponen en Mil Mesetas que el Estado fascista no solo es un Estado totalitario, sino aquel que ha sido dominado por el poder de la máquina de guerra[9]. En este sentido, el riesgo que se corre en la actualidad emana de la desesperación de aquellos actores aglutinados en torno al pacto de corruptos. No es poco probable que realmente estén considerando soltarle la rienda a los operadores de la muerte, que asesinaron ya a cientos de miles en el pasado. Eso nos sumergiría en una política retrógrada que imposibilitaría cualquier esperanza de avanzar como sociedad.

Las alarmas deberían de estar sonando al considerar no solo cómo la violencia de Estado ha sido instrumentalizada a lo largo de la historia, sino poniendo sobre el tapete las propuestas de ley anti ONG y contraterrorismo, el incremento de asesinatos de líderes comunitarios, la expulsión de diplomáticos, las amenazas de muerte solapadas contra funcionarios de Naciones Unidas y periodistas de medios masivos e independientes, así como la alineación del gobierno con los sectores religiosos fundamentalistas más reaccionarios y virulentos.

Y si la mirada histórica no basta, si estos acontecimientos de la coyuntura no nos conmueven, simplemente hay ver hacia Honduras, que no está demasiado lejos. Prácticamente diez años de golpe, clausura, fraudes, violencia política, censura, represión y el horizonte no ofrece nada bueno ni en el corto, ni en el mediano plazo. Eso es lo que urge prevenir en este momento.

 Todos, desde quienes apuestan por las propuestas refundacionales, la asamblea constituyente plurinacional, aquellos que acuerpan visiones social demócratas, liberales, e incluso tecnocráticas nos confrontamos hoy ante el imperativo de profundizar la democracia como un reto antifascista. Si emerge el fascismo, todo aquello que anhelamos como horizonte de posibilidades, desde nuestros posicionamientos políticos e ideológicos, como futuro, como progreso, como sueños, será imposible. No es, entonces, solo la lucha contra la corrupción, sino una oposición profunda al retorno de la muerte como política. Y si no nos ponemos de acuerdo en ese mínimo, llevaremos las de perder.

Esto implica emprender un reto que hasta el momento ha sido poco considerado y que se plantea como enorme y complejo: una coalición amplia que se ancle en la crítica de la violencia de Estado y que busque el aseguramiento de las condiciones de posibilidad para alcanzar el bien común y la democracia de disenso. El espectro es extenso, ya que considera organizaciones campesinas e indígenas, alcaldías indígenas, comunidades en resistencia, partidos políticos (que no sean parte del pacto de corruptos, claro), organizaciones de mujeres, colectivos LGTBQ, profesionales, sectores religiosos, e incluso, empresarios “modernizados”. Una vez estemos seguros de que el retorno de la política de muerte ha dejado de ser una amenaza, podremos disputar nuestras diferencias ideológicas en la democracia profunda. Pero antes, tendremos que estar seguros de que no nos arrebatarán el futuro, otra vez.

Léase esta reflexión como un llamado urgente por defender no solo lo poco que logramos, sino todo aquello que podemos alcanzar: una sociedad en la que quepamos todos; un mundo en el que quepan muchos mundos (diría Marcos). Una coalición es, en definitiva, un paso necesario para asegurar la posibilidad de un futuro para todos, un proceso que no ha de ser visto únicamente como un imperativo que decanta del momento electoral, sino como el primer gesto para crear un nuevo pacto; un pacto en el que el Estado cesará ya, de una vez y por siempre, de ejercer violencia arbitrariamente en contra de aquellos que disienten. Si la mayoría de sectores organizados están de acuerdo en ese punto fundamental, si estamos preparados para ver lo político en sus propios términos, quizás entonces, se logre por primera vez una política que sirva para defender la sociedad.

Por una democracia del disenso

A lo largo de este texto se ha desplegado un argumento central: es imposible asumir una posición que se defina a partir del fin de lo político (o la pospolítica) que no nos conduzca eventualmente a la reemergencia del fascismo.

Más que un proceso que permita generar articulaciones amplias mediante la exaltación de los elementos vinculantes de los posicionamientos políticos múltiples, el enunciado central de la pospolítica cancela las posibilidades de encuentro, en tanto es esencialmente negacionista de los procesos históricos que han caracterizado la relación antagónica entre violencia de Estado y sociedad (como se ha visto arriba, la corrupción no es la excepción sino la norma de la violencia de Estado).

Es decir, la pospolítica, más que una herramienta para articular un proceso que profundice la democracia, la pone en riesgo.

Historizar el antagonismo entre violencia de Estado y sociedad permite comprender las implicaciones fundamentales que constituyen lo político. Lo político, pues, se expresa como las formas en las que la violencia de Estado ha sido aplicada para negar a amplios sectores de la sociedad, en especial contra las poblaciones originarias).

Lo político, además, se manifiesta como la permanente emergencia del disenso o el desacuerdo; es decir, del modo en que esos sectores han resistido y luchado por sobrevivir y prevalecer ante los embates de la violencia de Estado. Parafraseando a Ranciere, lo político hace que la democracia ponga en el centro, antes que el gobierno mismo, la voz de aquellos que históricamente “no cuentan”.

Proponer un modelo democrático que obvie la permanencia en el tiempo del antagonismo, es decir, una democracia pospolítica, es una imposibilidad que impide contrarrestar la reemergencia de prácticas fascistas. Si bien la pospolítica se opone discursivamente al fascismo, la ausencia de una mirada dirigida a la historia concreta de la violencia permite la generación de las condiciones de posibilidad para que éste renazca. En otras palabras, el fascismo es una manifestación de mayor intensidad del tipo de violencia de Estado que ha antagonizado históricamente con la sociedad. Eso es, en síntesis, el flujo de la máquina de guerra que se apodera del Estado y que suelta las riendas para ejercer violencia sin control contra la sociedad.

En contraposición, un modelo de democracia que posicione en el centro el imperativo de lo político se plantea como un horizonte que permitirá no perder de vista la historia de la violencia, su ejercicio contemporáneo y su potencial disminución y eventual extinción. De ahí que un primer elemento articulador de una democracia basada en lo político es dado por la oposición absoluta al fascismo y las fuerzas de destrucción y muerte que en el pasado ha desplegado desde el Estado.

Una democracia de esta naturaleza, cuestiona y redefine (y eventualmente detiene) las formas cómo el Estado ejerce violencia en relación con el despliegue de racionalidades económicas determinadas. Esto es, un debate en el cuál el cálculo racional no es dado por la generación de mayor enriquecimiento a costa del ejercicio de la violencia contra grupos de la sociedad, sino, por el contrario, el análisis situacional profundo que ampare a aquellos sectores con menor acceso a los capitales (económicos, sociales y políticos) que tradicionalmente determinan la dirección hacia donde el Estado ejerce violencia.

Una democracia de disenso, en este sentido, se convierte en el eje que puede contribuir a profundizar el bien común más allá del mero cálculo costo (social) beneficio (privado).

Este modelo de democracia requeriría en sí un compromiso serio por parte de aquellos interesados en formar esa amplia coalición antifascista, especialmente del lado de los empresarios interesados, ya que esto se traduciría en renunciar al aprovechamiento del Estado para el mantenimiento de sus privilegios monopólicos y oligopólicos que antagonizan con la sociedad.

 

El título de este ensayo se inspira en el curso dictado por Michel Foucault entre 1975 y 1976 en la cátedra “Historia de los sistemas de pensamiento” del Colegio de Francia. ate tiene ya varios años de estar en la palestra internacional. Como reacción a los postulados del fin de la historia esgrimidos a inicios de los años 90, tras el fin de la Guerra Fría, emergieron una gran cantidad de voces críticas. De los pensadores contemporáneos más importantes que han abordado esta crítica se encuentran Žižek, Badiou y Ranciere. También es importante anotar que esta crítica no se dirige al movimiento situacionista, ni a los “artivistas”, ni a las corrientes de pensamiento autonomista como las promovidas por Negri, que retoman la nomenclatura de la pospolítica.
[2] Para tener una perspectiva más profunda de este fenómeno se recomienda consultar los trabajos de McCrery “The Rural Guatemala”; Palma y Gómez “Romper las Cadenas. Orden Finca y rebeldía campesina: el proyecto colectivo Finca la Florida”; Castellanos Cambranes “Café y Campesinos en Guatemala”; González “Modernización capitalista, racismo y violencia: Guatemala, 1810-1930”.
[3] Se recomienda consultar el trabajo de Virginia Garrard-Burnet llamado “Terror en la tierra del espíritu santo”.
[4] Se recomienda consultar la tesis de maestría de Juan Carlos Mazariegos “The war of proper names: histories of civil war, indigenous rebellion, and genocide in Guatemala.”
[5] El trabajo de Ricardo Falla sobre rebeldía en el Quiché es esencial en este sentido. También los trabajos de Karen Ponciano sobre religiosidad y politización han hecho un enorme aporte en avanzar estas ideas.
[6] Claro que estas formas de resistencia son tan viejas como las violencias del Estado. Desde la colonia había quienes hablaban del temor que causaba la “violencia de indios” desplegada a partir de lo que Severo Martínez llamó los motines de indios. Eso, llegó a convertirse en parte central del imaginario racista que ha formado el Estado guatemalteco y que ha servido de justificación para prolongar las matanzas en despliegue de fuerzas que nunca han sido recíprocos. Además, si se quiere tener una aproximación a fondo de la multiplicidad de formas de alzamiento y resistencia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se recomienda leer el texto editado por el doctor Manolo Vela Castañeda, titulado “Guatemala, la infinita historia de las resistencias”. Sergio Palencia también ha hecho aportes importantes para pensar la rebelión indígena en Guatemala.
[7] Se recomienda consultar el trabajo de David Harvey sobre acumulación por desposesión
[8] Se recomienda consultar el capítulo 1 del libro Narco Tráfico, Corrupción y Estados, elaborado por Garay y Salcedo-Alarán
[9]Cuando Paul Virilio define el fascismo no por la noción de Estado totalitario, sino por la de Estado suicida, su análisis nos parece profundamente justo: la denominada guerra total aparece así no como una empresa de Estado, sino como la empresa de una máquina de guerra que se apropia del Estado y hace pasar a través de él un flujo de guerra absoluta que no tendrá otra salida que el suicidio del propio Estado”. Deleuze y Guattari, Mil Mesetas
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