El jueves pasado, dos hombres hirieron de bala al taxista Fardy Mayén Pérez Miranda. Los delincuentes, identificados como Roger Ronald Gómez Carrillo y Edwin Herrera, intentaron huir, pero fueron interceptados por una turba que los linchó quemándolos vivos. Horas después, el taxista Pérez Miranda falleció en el Hospital General de Accidentes del IGSS 7-19, mientras que los presuntos sicarios Gómez Carrillo y Herrera fallecieron en el Hospital General San Juan de Dios.
Al día siguiente, viernes, otro taxista, identificado como Edy Guillermo Tánchez, fue capturado, ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por su supuesta participación en el linchamiento. La captura de Tánchez generó una protesta de taxistas, que se quejaron de la gravísima inseguridad por la inacción de las autoridades y de que, por un lado, la Mara 18 los extorsiona cobrándoles entre Q300 y Q500 semanales por unidad, mientras que, por otro, la Mara Salvatrucha les cobra hasta Q1,000 por cada taxi. Reportaron, además, que alrededor de 1,500 taxistas están amenazados de muerte, situación que se agravará aún más luego del linchamiento de los dos supuestos sicarios.
De manera natural y esperable, este incidente ha generado controversia y debate, además de no pocas expresiones de frustración y agresividad. Imágenes en video y fotografías horrendas del linchamiento están circulando en las redes sociales, las cuales, en vez de causar rechazo, animan vítores y expresiones de satisfacción en apoyo a la venganza violenta como una forma desesperada de justicia. Las imperdonables inutilidad, corrupción e ineptitud de las fuerzas de seguridad del Ministerio de Gobernación dirigido por Enrique Degenhart alimentan el hartazgo de la gente y generan los hervores de un muy peligroso caldo de cultivo para brotes de violencia y un estallido social.
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Esta situación no es nueva. De hecho, ha llegado a ser una enfermedad social crónica. Por ello, la posibilidad de que esta situación social explosiva se agudice al combinarse con las tensiones y la conflictividad que desde su inicio está mostrando la campaña electoral es un peligro muy real. Debemos advertir y ser muy conscientes de lo corto que es el paso para transitar de un brote de violencia ocasionado por el atentado perpetrado por un par de sicarios a un enfrentamiento entre correligionarios de dos fuerzas políticas enfrentadas por una decisión judicial.
Por la altísima conflictividad social, Guatemala ha estado sentada en un enorme barril de pólvora, pero hasta el momento no ha habido un hecho o proceso suficientemente grave como para detonarlo. Sin embargo, mal manejadas las cosas, como lo están hoy por las autoridades del gobierno de Jimmy Morales, el inicio de la campaña electoral bien pudo haber encendido la mecha.
Proliferan las quejas por la judicialización de la política, las cuales, desde cierto punto de vista, son justificadas: en vez de estar debatiendo ideas y propuestas, estamos más atentos al incansable ir y venir de denuncias, resoluciones y amparos entre el Ministerio Público, los juzgados, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Pero, desde otra perspectiva, quizá debamos recordar que es preferible que los conflictos, incluyendo los políticos electorales, se ventilen en los juzgados, tribunales y cortes, por imperfectos que sean, ya que la alternativa sería el rompimiento constitucional, con lo cual me parece inevitable la violencia.
Guatemala tiene un pasado muy trágico de violencia que debemos relegar como irrepetible. El disenso y las diferencias son propios de la naturaleza humana. Lograr vivir en paz con ellos es una prueba de desarrollo humano inteligente.
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