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Cuando los dinosaurios atacan
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Cuando los dinosaurios atacan

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Tipo de Nota: 
Opinión
28 01 18

En solidaridad con Mario Antonio Sandoval

A Ileana Alamilla, in memoriam

 

La estrategia del pacto de impunidad, puesta en marcha por los funcionarios públicos de más alto rango para impedir ser juzgados por sus múltiples y diversos delitos, no solo incluye copar todos los espacios de poder que les permitan impedir la acción de los órganos jurisdiccionales de justicia, sino, por lo visto, también reducir al máximo el derecho de la población a informarse de lo que sucede y a opinar a través de los distintos medios, de modo que se limite en todo lo posible eso que se llama ahora el derecho de las audiencias.

En su ímpetu autoritario y despótico, no solo han intentado censurar y adquirir medios que les sean serviles, sino que han dispuesto atacar artera y maliciosamente a medios y periodistas en particular. No es fortuito, en consecuencia, que en un momento el presidente Morales, principal promotor, articulador y beneficiario de este pacto de impunidad, ataque de manera directa y sin fundamento al periodista Mario Antonio Sandoval, columnista y copropietario de Prensa Libre y principal accionista del canal por cable Guatevisión, y que días después sea el alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, quien también, con falsedades, ataque al periodista.

A pesar de todas nuestras debilidades y limitaciones ideológicas y políticas, es innegable que en Guatemala se ha producido una renovación crítica y profundamente profesional dentro de los medios de comunicación. Varios dueños de los grandes medios, como es el caso de Sandoval, han sabido entender ese proceso de recomposición ideológica de los medios y, actuando en consecuencia, han permitido que nuevos periodistas investiguen y trasladen informaciones que, dado el carácter mafioso en el que la clase política nacional se manifiesta, resultan afectando los intereses de estos. Los medios comerciales buscan mantener sus ganancias, lo que implica satisfacer los intereses de sus consumidores informándolos del uso de los recursos públicos, para lo cual se cuenta ahora con legislaciones que permiten un acceso mayor a información sobre el gasto público, antes guardada bajo cuatro llaves y custodiada con tanques y fusiles.

No hay en estos medios un proyecto para controlar el poder o chantajearlo. Hay, simplemente, una necesidad de sobrevivencia comercial que los lleva a un compromiso con la información que, por referirse al ejercicio del poder y al uso de los recursos públicos, interesa a la población. Ejemplar resulta en este sentido el reciente reportaje de Luis Ángel Sas, publicado por el vespertino tabloide Nuestro Diario, referente al uso abusivo e irresponsable de los recursos públicos para satisfacer los gustos extravagantes del presidente Morales. Se privilegiaron la calidad y la objetividad de la información, por lo que esta se ofreció a un sector de población muchas veces dejado de lado por los medios electrónicos y escritos.

Por su parte, la mayoría de los nuevos medios nativos electrónicos han venido a renovar la labor informativa del país. La manera como han tenido que enfrentar la competencia por atrapar segmentos del mercado —publicidad y lectores— felizmente no les ha permitido que entren en contubernio y complicidad con quienes malversan los recursos públicos, tal y como ha sucedido desde hace años con los canales abiertos y su cadena radial, que, para mantener su monopolio, se han convertido en simples repetidores de las falsas informaciones y hasta de las mentiras de quienes ejercen el poder público.

Esta práctica ha llegado a su más cínica manifestación en la página electrónica El Siglo, que, reivindicándose como heredera directa de Siglo 21, no solo se ha dedicado a atacar y denigrar desde sus editoriales a quienes desde los órganos de justicia persiguen a corruptos y corruptores, sino también, de la manera más descarada, se ha convertido en defensor oficioso de Jimmy Morales y Álvaro Arzú, con el agregado de que, a pesar de pasada una semana, no se ha atrevido a informar, al menos brevemente, sobre la persecución penal a Manuel Baldizón.

Los propietarios, mantenedores e impulsores de los distintos medios definen su política editorial basada en sus criterios comerciales e ideológicos. No hay, es cierto, un compromiso irrestricto y genérico con la libertad de información y con la de expresión, que deben entenderse como dos funciones distintas, aunque inseparables, de la labor periodística. Pero, si no se depende de recursos públicos, y mucho menos de favores y complicidades con quienes temporalmente ejercen el poder, la libertad será mucho mayor. En la actual coyuntura, Prensa Libre y Nuestro Diario, cada uno según sus intereses, han demostrado abierta independencia de los viejos y nuevos dinosaurios de la política. Y no solo debemos celebrar eso, sino también solidarizarnos con ellos.

Es por ello que, junto con la denuncia documentada de todo lo que huela a corrupción, urge la construcción de procesos que movilicen a la población para la aprobación de una ley de medios de comunicación que, cerrándoles el paso a los monopolios, les permita a los medios un compromiso con la objetividad, un alejamiento absoluto de los intereses particulares de quienes ejercen temporalmente el poder público y una independencia total del poder económico.

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