Desde el 27 de agosto de 2017, cuando la sociedad guatemalteca despertó abruptamente de lo que parecía un mal sueño para enterarse del anuncio presidencial de la expulsión de Iván Velásquez, nuestro país navega en un enfrentamiento entre al menos dos grandes polos que se han etiquetado en redes sociales como el #PactoDeCorruptos y lo que ahora se conoce como #PactoDeTerroristas. El lenguaje y los argumentos de ambos grupos, paradójicamente, parecen los mismos: recuperar Guatemala de las mafias que la aprisionan y dotarla de un rumbo que probablemente nunca tuvimos, el de caminar hacia la senda de un desarrollo económico, social y político. La diferencia de fondo es que el primer grupo quiere impulsar cambios que construyan una sociedad más abierta e incluyente, mientras que los segundos defienden intereses y proyectos que benefician a la pequeña élite de siempre.
Indudablemente, en épocas críticas como esta, la indiferencia es fatal. Uno debe orientarse hacia uno de los polos, y para nadie es un secreto que comulgo más con los argumentos y posiciones de los que respaldan al comisionado Velásquez y a la fiscal Thelma Aldana. Sin embargo, hay ocasiones en las que, para avanzar, hay que saber que se deben tender puentes mínimos que permitan alcanzar algunos pocos acuerdos base y superar el eterno enfrentamiento, que solamente deja una larga lista de perdedores y unos pocos ganadores pírricos. El costo de la victoria es tan oneroso que más bien parece una derrota. La complejidad de la situación actual parece encajar en esa descripción de una guerra de todos contra todos, en la que parece que todos perdemos. Los indicadores económicos son fiel testigo de cómo la economía guatemalteca va en franco deterioro. Y con esta crisis las instituciones estatales siguen perdiendo aceleradamente lo poco bueno que aún conservan. Gane quien gane el pulso obtendrá una sociedad más polarizada, una institucionalidad estatal más debilitada y una economía más arruinada.
La causa de esta complejidad es el concepto de anomia del Estado. Tanto los defensores del sistema como los impulsores del cambio están apostando por caminos parecidos: presionar políticamente a los operadores políticos, interpretar la ley vigente que asegure objetivos previamente trazados y controlar a los actores institucionales ubicando a los aliados en puestos clave. En el camino se están utilizando los recursos legales con cierto grado de discrecionalidad, lo cual, lejos de fortalecer la institucionalidad y la estructura del Estado, las está poniendo al servicio de la correlación de fuerzas dominantes. En ese contexto, el margen de maniobra deja muchas dudas y multiplica las lecturas que se pueden sacar de un mismo hecho.
Paradójicamente, en una situación como esta, las recetas teóricas son escasas. ¿Cómo fortalecer instituciones? O, en su defecto, ¿de qué institución hablamos: de la formal, que nunca tuvo preeminencia por sus múltiples contradicciones y debilidades de diseño, o de la paralela y oculta, que sigue estando fuerte y renovada? Según la teoría, fortalecer instituciones es hacer compatibles ambos tipos de institucionalidad: la formal y oficial y la oculta e informal. La receta en la práctica no está del todo clara:
- Apostar por la ilusión de lo formal parece una trampa: las contradicciones y debilidades del sistema formal estaban pensadas para orientar la acción real por el camino paralelo. Eso es lo que explica la necesidad periódica de los impulsores del cambio de apostar por la presión mediática, política y social. El llamado #PactoDeCorruptos hizo lo propio antes de la crisis declarada después del 27 de agosto de 2017. La diferencia es que ahora lo hace de manera abierta y descarada.
- Apostar por legalizar lo oculto y paralelo parecería una locura. ¿Cómo institucionalizar los acuerdos bajo la mesa, el abuso de poder, la evasión fiscal, el nepotismo, el tráfico de influencias y las prácticas clientelares que eran un secreto a voces? La teoría, sin embargo, eso recomienda: fortalecer instituciones es hacer compatibles las prácticas socialmente aceptadas con las reglas del marco legal vigente. Al menos, de esa forma dejaríamos de decir lo que no hacemos y haríamos lo que efectivamente pensamos y buscamos. ¡Un mundo al revés de lo que nos han enseñado!
El camino, por lo tanto, debería ubicarse en algún punto intermedio. El tamaño del desafío recomienda que empecemos a pensar fuera de la caja.
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