El conjunto de organizaciones se refiere a la situación del país, dentro de la cual destaca la elección de la junta directiva del Congreso. En esta, según la coalición, «se pone de manifiesto el camino acelerado a la consolidación del #PactoDeCorruptos». Añade que, con este hecho, los arreglos entre bancadas «entronizan una junta directiva que solo representa intereses de impunidad y corrupción [y] evidencian que en el Organismo Legislativo se amenazan las endebles conquistas democráticas a las puertas del año electoral».
La Convergencia alude también a las iniciativas de ley que se discuten en el Congreso y que intentan minar la institucionalidad democrática de pesos y contrapesos, tales como la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Se refiere también a la discusión del presupuesto general de ingresos y egresos para 2019, en el cual destacan los recortes al gasto social y el riesgo de fuga de recursos durante el año electoral.
Las organizaciones de derechos humanos señalan el acoso institucional a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y al personal de esta, en particular a su titular, Iván Velásquez Gómez, así como la reiterada desobediencia del Ejecutivo a las resoluciones de la CC.
Estos elementos, indican, configuran un entorno de alto riesgo para la democracia, que está siendo vulnerada por quienes intentan tomarla por asalto. En este caso se refiere claramente a lo que se denomina un pacto de corruptos integrado por «políticos al servicio de la corrupción y la impunidad, militares retirados con antecedentes de violaciones gravísimas de los derechos humanos, empresarios corruptos y corruptores».
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No es la primera vez que la Convergencia alude al socavamiento de la democracia por grupos que procuran impunidad. Una reflexión que también comparten otros entes y analistas, a quienes les preocupa el retroceso evidente en el funcionamiento de la institucionalidad.
Y no es para menos. De manera acelerada, a lo largo del presente año, los pasos hacia el oscurantismo social, político y judicial se han acrecentado. Y, en contra de lo que preceptúa la Constitución, el ocupante de la primera magistratura, Jimmy Morales Cabrera, lejos de representar la unidad nacional y de defender el interés social por encima del particular, ha sido mascarón de proa del individualismo pro impunidad y corrupción. A sus reconocidas limitaciones como político, orador y conductor de la cosa pública, Morales Cabrera añade su complacencia permanente con estructuras criminales que tienen secuestrado el Estado y que día tras día minan la institucionalidad. En su vergonzoso camino en reversa en relación con la democracia, el gobernante ha contado con el respaldo de un Congreso de la República dominado por la mediocridad, el cinismo y, como en la Presidencia, la corrupción.
Ese es el fenómeno al cual alude la Convergencia por los Derechos Humanos y de cuyas consecuencias alerta a la sociedad. No se trata solo de mostrar lo que sucede, de los riesgos que representa y de quiénes tienen la responsabilidad, sino, sobre todo, de llamar a derrotar esa intentona. Para ello es indispensable un gran movimiento ciudadano de unidad a favor de la democracia y en contra de la impunidad y la corrupción. Esa unidad habrá de generarse desde las bases de los movimientos en defensa y resguardo de libertades y garantías.
Libertades y garantías que hoy están plasmadas en el ordenamiento jurídico y cuya inclusión en este se alcanzó mediante la lucha y el sacrificio de decenas de miles, cuyas vidas fueron arrebatadas por los mismos que hoy intentan hacernos retroceder. De esa manera, para derrotar no solo el pacto de corruptos, sino también el asalto a la democracia, es necesaria la más amplia unidad como condición básica para detener el fascismo.
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