Si bien en la década de los 90 la comunidad internacional impulsó la conformación de las Comisiones de la Verdad, especialmente para los casos guatemalteco y salvadoreño, buena parte de sus recomendaciones no se han hecho realidad como política de Estado y tienen hasta hoy un alcance muy limitado.
El contenido de las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador fue impugnado directamente por el Estado. Aunque en Guatemala no se haya cuestionado oficialmente el contenido de los informes de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, los cambios institucionales que se han efectuado no han posibilitado una política estatal de conocimiento y estudio del pasado, la cual se debe iniciar desde la escuela, entre otras tareas urgentes.
Honduras pasó de un lento proceso de reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado durante la década de los 80, bajo un fuerte impulso de la comunidad internacional, a la instalación de una Comisión de la Verdad, encargada actualmente de investigar los mismos hechos después del golpe de estado del 28 de junio de 2009. Antes y después de este golpe de Estado, los colegas historiadores Rodolfo Pastor Fasquelle y Darío Euraque, junto a otros intelectuales hondureños, sufrieron todo tipo de vejámenes y abusos por parte del régimen golpista de Roberto Michelletti.
Nicaragua, refrendando la tradición pactista de su élite política, hizo del Protocolo de Transición de 1990 un instrumento jurídico que evitó la instalación de una Comisión de la Verdad que esclareciera las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto durante el régimen de Anastasio Somoza como del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Costa Rica, ante la crisis de su modelo de Estado, se enfrenta a una fase de creciente desmemoria en su imaginario social, que ha tenido profundos efectos en las capacidades de la sociedad para una acción colectiva que siga referida a su itinerario histórico de luchas por la democracia y la paz como elementos definitorios de su cultura política.
El informe del año 2002 de la “segunda” Comisión de la Verdad instalada en Panamá impidió que las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1968 no quedaran en el olvido invocando el “derecho a la verdad” sobre la base del derecho internacional de los derechos del hombre y del ciudadano.
Esta toma de postura es fundamental para el momento al que estamos asistiendo en Centroamérica, pues al hacer valer el “derecho a la verdad” queda como un proceso abierto con el que se pueden evitar las políticas de “punto y final” que algunos sectores conservadores de la región suspiran porque se hagan realidad y así marginalizar dentro del espacio público el conocimiento e interpretación del pasado.
La Historia, como ciencia de los hombres en el tiempo y como esfuerzo intelectual y ciudadano, cumple la función de valorar críticamente las memorias de los diversos sectores y construir, sin condicionamientos ni imposiciones, una visión común de nuestro pasado en la que podamos reconocernos como sociedad.
Como humanos y ciudadanos, no podemos vivir sin olvidar. “Usar públicamente el pasado” para satisfacer intereses o encubrir abusos, puede llegar a constituirse en una manera de “administrar el olvido”. Estamos como región ante “un deber de Memoria” y un “deber de Historia” como exigencias éticas fundamentales de un esfuerzo por hacer de las sociedades centroamericanas más participativas y más incluyentes.
Blog: josecal.wordpress.com.
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