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Cárceles guatemaltecas no tuvieron medicamentos durante dos años
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Cárceles guatemaltecas no tuvieron medicamentos durante dos años

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En los últimos dos años el único desembolso para abastecer de medicinas las cárceles del país fue de Q9,241. Las compras de medicamentos se estancaron debido a la falta de personal encargado para adquirirlas. Sin medicinas ni insumos, y con solo diez médicos contratados hasta abril de este año, el Estado debe brindar atención médica a los 22,594 privados de libertad recluidos en las 21 cárceles que administra la Dirección General del Sistema Penitenciario. Las enfermedades contagiosas como la tuberculosis se propagan en los centros penales hacinados y los reos con padecimientos crónicos no tienen controles médicos.

Sobre el portón del hospital Roosevelt todavía cuelgan moñas negras en señal de luto por las siete personas asesinadas el pasado miércoles 16 de agosto por supuestos pandilleros que asaltaron ese centro asistencial para rescatar a un recluso que había sido llevado al lugar para recibir asistencia médica. Apenas este lunes 21 de agosto, se reanudaron las actividades en la sala de urgencias del hospital, tras permanecer cerrada desde el día del atentado.

Carlos Soto, director de ese hospital, asegura que entre 120 y 130 privados de libertad son llevados cada mes para algún procedimiento médico. Sin embargo, precisa, “el 80% de los reos son trasladados por padecimientos menores, como dolor de cabeza, dolor de muela, tos, gases en el estómago”. Es decir, males menores que según Soto no ameritan atención hospitalaria y que podrían ser atendidos en los centros de detención, si en estos contaran con medicamentos e insumos mínimos. La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) está obligada por ley a garantizar el acceso a la salud de los reclusos. En los casos en que esa atención no pueda ofrecerse dentro de las cárceles, la ley permite trasladar a hospitales públicos o privados a los reos que lo necesiten, siempre y cuando un juez lo ordene.

Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, el reo cuyo rescate habría sido el móvil de la matanza del pasado 16 de agosto, no sufría ningún padecimiento de gravedad que ameritara su traslado al hospital. Fue llevado desde la cárcel de Fraijanes al Roosevelt para que le practicarán una hematología, un examen de laboratorio que sólo requiere de tomar una muestra de sangre al paciente. Aun así, el juez Pablo Xitumul ordenó su traslado.

Un día después del ataque en hospital, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, pidió a los jueces que cumplan con la ley de traslados. El proceso requiere de la opinión del Sistema Penitenciario, del Ministerio Público (MP) y un dictamen del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif). “Hay traslados con razones bien fundamentadas, hasta justificaciones que en realidad uno no entiende”, dijo.

Según Rivas, en los ocho meses de este año, han recibido 3,500 órdenes de traslados. Esta cifra duplica la cantidad de reclusos trasladados el año pasado. Las causas más frecuentes por las cuales asisten los reos a los hospitales son por dolores abdominales, enfermedades gastrointestinales y respiratorias, según información oficial.

El ministro reconoce que las clínicas de las cárceles están abandonadas y que son utilizadas como bartolinas. Las enfermedades comunes, admite, podrían ser tratadas en los centros penales, pero no cuentan con los insumos necesarios. “La prioridad de Gobernación es reestablecer las clínicas existentes para que los reos reciban la atención primaria y medicamentos por parte del Sistema Penitenciario. Así se reduciría en un 80% los traslados a hospitales”, señala.

En el hospital Roosevelt, el lunes 21, el personal médico tuvo una asamblea con la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack. Los doctores pedían detener el traslado de reos a ese lugar, así como seguridad perimetral. “No nos sentimos seguros. No queremos más reos aquí”, repetían los médicos en sus intervenciones.

La ministra les explicó que no puede prohibir los traslados porque están en ley. “Mi compromiso es hacer un trabajo en conjunto con el Ministerio de Gobernación para que se fortalezcan los protocolos de seguridad, la atención médica en las cárceles y buscar que se atiendan sólo reos que requieran asistencia hospitalaria”, argumento. Hernández Mack recorrió las instalaciones del hospital junto a la Policía Nacional Civil (PNC). Identificaron 17 puntos de riesgo donde no tenían seguridad o cámaras de vigilancia.

Hasta el martes 22 de agosto no se habían realizado más traslados de reclusos a hospitales. La solución temporal fue instalar clínicas móviles en las cercanías de las cárceles de Fraijanes y el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18. En las próximas semanas, Gobernación y Salud planean trabajar en propuestas para lograr acuerdos sobre la atención médica a reos y evitar traslados a hospitales por enfermedades comunes.

Hasta poco antes del ataque en el hospital Roosevelt, los pocos doctores que trabajan en los centros carcelarios se limitaban a diagnosticar y recetar. No había insumos ni medicinas.  

*  *  *

El médico camina por el pasillo acompañado de cerca por una enfermera. Dos guardias penitenciarios siguen sus pasos de cerca. Entran a la dirección del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa. La directora les pidió atender una emergencia. Diez minutos después, el médico llena algunos datos en una hoja para autorizar el traslado de la reclusa a la que recién atendió a un hospital público. Vuelve a caminar a paso apresurado, no quiere detenerse a hablar. “No tengo tiempo. Hay otras personas esperando en la clínica”, se excusa. Dice que en un día puede atender 50 privadas de libertad. Hasta abril pasado, ese sitio era uno de los diez centros penales que contaba con al menos un doctor durante ocho horas al día.

En ninguna de las cárceles hay un médico las 24 horas. Excepto en el Anexo B, un centro carcelario aledaño al Preventivo de la zona 18. Ahí permanece recluido un doctor, acusado de violación. Durante los últimos cinco años ha atendido las emergencias médicas de los reclusos. Tiene un cuaderno que utiliza a modo de expediente donde anota los padecimientos, chequeos y controles que realiza a los internos. Los 11 centros sin personal de salud asignado por el Sistema Penitenciario (SP) no cuentan con expedientes médicos.

La clínica en la cárcel de Santa Teresa es un cuarto de aproximadamente cuatro metros cuadrados; tiene un escritorio y una camilla. Afuera está la recepción con algunas sillas colocadas a los lados. El médico evalúa a cada paciente, diagnostica y receta. No tiene insumos para dar el tratamiento; esto debe correr por cuenta del reo. Pero sin poder generar algún ingreso económico, son los familiares quienes cubren los gastos, cuando pueden.

Entre junio de 2015 y junio de 2017, la Dirección General del Sistema Penitenciario sólo realizó una compra de medicamentos. En octubre del año pasado, el SP adquirió 50 mil tabletas de ibuprofeno, cinco mil pastillas del antibiótico trimetropin, y 300 ampollas de vitamina K. El nivel de abastecimiento de medicamentos en las cárceles es cercano a cero, reconoció Mirna Fajardo, exdirectora interina de esa institución. Algunos centros carcelarios no tienen medicinas básicas como analgésicos. Incluso se quedaron sin guantes para uso de los médicos. Los 21 centros penales enfrentan este desabastecimiento.

Hasta junio pasado empezaron a caminar las cotizaciones de medicamento en el portal de Guatecompras. “Sería mentir si digo que en los próximos dos meses los procesos de compras van a estar regularizados. Los años sin comprar medicinas tienen una repercusión grave. No se puede recuperar en un mes lo que no se hizo en dos años, es casi imposible. Pero estamos tratando de contar por lo menos con lo básico”, admitió Fajardo.

Mirna Fajardo es psicóloga y entre 2008 y 2011 dirigió el área de Recursos Humanos del SP. Regresó al mismo cargo hace diez meses, y el 15 de mayo pasó a ocupar de forma interina la dirección de Santa Teresa, tras la destitución de Nicolás García por la fuga de Marixa Lemus, alias “La Patrona”, y la renuncia del subdirector, Antonio Santos. El jueves 16 de agosto, un día después del ataque armado en el hospital Roosevelt, fue nombrado Juvell Stuardo De León De Paz en el cargo de director del SP.

“En los últimos dos ejercicios fiscales no se logró ejecutar, no se logró programar, no se hicieron muchas acciones”, explica. Fajardo dijo que quisiera tener médicos de planta en cada centro. Lo ideal serían 40, dijo. Habló sobre habilitar el hospitalito de Fraijanes y de acercamientos con el Ministerio de Salud para el apoyo que se necesita. “No es sólo tener el médico, sino el equipo, los servicios básicos. Son cosas que se han dejado… yo quiero pensar que ha sido por el cambio constante. Empieza alguien, cuando camina el proyecto hay un cambio, entonces hay que retomar”, señala.

La inestabilidad administrativa afectó las compras

Durante los últimos diez años, 13 directores han pasado por Presidios. La inestabilidad ha marcado sus mandatos: en promedio permanecieron en el cargo por nueve meses. En mayo de 2015 no sólo hubo cambio de las máximas jefaturas. La exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, destituyó al entonces director del SP, Anthony Pivaral, por la fuga de cinco reos de la Granja Penal Canadá, en Escuintla. En esa ocasión, Mendizábal dijo que se estaba haciendo una evaluación del desempeño de los mandos medios y altos de la institución.

La decisión fue no renovar contratos. Se prescindió de personal por contrato bajo el renglón 022. Estas personas no tienen derecho a prestaciones, son contratadas de forma temporal por sus servicios profesionales. Entre los despedidos estaban los encargados de compras del SP. Esto coincidió con la orden de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), emitida en un acuerdo, de regular la situación laboral de los empleados públicos en el renglón 022, que en la práctica tenían atribuciones de trabajadores permanentes. La disposición de Onsec fue que las entidades debían realizar el cambio de esos puestos por plazas fijas en renglón 011. Este trámite tenía como fecha límite el 31 de agosto de 2015.

Pero en Presidios seguían sin nombrar a un nuevo director. Silvia Guinea, la directora interina, no dio seguimiento a este proceso. Cuando Alexander Toro Maldonado asumió el cargo de director, quedaban 13 días para el vencimiento del plazo fijado por Onsec. Sin embargo, las gestiones para el traslado de puestos 022 a 011 requería de cuatro meses. Así que no se hicieron las nuevas contrataciones ni los traslados, y se quedaron sin el personal encargado de las compras.

A raíz de ello, el SP no realizaba compras y las cárceles continuaban sin medicinas. Con el cambio de gobierno, el 14 de enero de 2016, asumieron nuevas autoridades en el SP. Carlos de León Zea llegó con el gobierno del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), siete meses después, fue destituido tras los asesinatos de Byron Lima y 12 personas más en la Granja Penal Pavón. El 22 de julio de ese año, el abogado Nicolás García Fuentes lo sustituyó en el cargo. Hasta este momento las autoridades no habían atendido la urgencia de abastecer con medicamentos e insumos las cárceles.

Presidios destinó este año, ocho millones para salarios del personal médico. En medicamentos y utensilios asignaron dos millones. Menos del 1% del presupuesto total del Sistema Penitenciario. Fajardo cree que ese monto ya es bastante. Explica que la planilla del personal se lleva el 51% del total del presupuesto. El restante es para pagar alimentación, funcionamiento, servicios básicos, combustible. En los últimos seis años, la ejecución no ha sido total. Pero no había sido tan baja como en 2016.

Según el ministro de Gobernación, no ejecutaron el presupuesto porque las clínicas no estaban habilitadas y no tenían suficiente personal médico contratado. Para Fajardo, la exdirectora interina, la tardanza en los procesos de compras se debe a los constantes cambios administrativos. Ella explicó que el problema fue que no podían financiar puestos vacantes y que desde mayo de 2015 no se contrató a nadie por la prohibición de emplear personal en renglón 022. Según Fajardo, si hacían el trámite el año pasado, la gente que estaba ocupando plazas se iba a quedar sin salario durante tres meses por el proceso de traslado y reactivación. Por eso, hasta enero de 2017, se hizo el traslado de las vacantes y están a la espera de contar con la creación de puestos 011 para cambiar a las personas en 022.

El Sistema Penitenciario mantiene la misma estructura administrativa desde 1967. No ha habido un cambio en el área organizacional. Se creó con 51 puestos autorizados –las funciones que en esa época eran necesarias–. Pero, según Fajardo, el SP ha evolucionado y crecido a un punto que el sistema ya no es funcional. En los últimos diez años, el número de reclusos se incrementó de 6,826 a 21,594. La solución que ve la exdirectora interina está en la implementación de la carrera penitenciaria que permitiría crear los nuevos puestos necesarios. Entre estos, plazas fijas para médicos de medicina general y de especializaciones.

La propuesta planteada por el presidente, Jimmy Morales, es instalar clínicas en las cárceles y contratar más personal médico. También propone que por medio de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) obtengan los recursos para construir una cárcel de máxima seguridad con un hospital. El ministro de Gobernación no tiene fecha estimada de cuándo se podrían empezar las gestiones para la creación de este centro carcelario. Rivas dijo que están enfocados en reestablecer las clínicas existentes.

Sin prestaciones ni seguro de vida

Los diez doctores, 32 auxiliares de enfermería y seis odontólogos que laboran en las cárceles del país no tienen beneficios laborales. Están contratados en el subgrupo 18. Esto se traduce en un salario por contrato, cero bonificaciones y ninguna prestación laboral. Tampoco tienen seguro social o de vida. No existe escalafón salarial. El director de servicios médicos tenía el mismo salario que un doctor dentro de los centros carcelarios.

Hasta el año pasado, los salarios para los médicos del SP oscilaban en Q6 mil (unos US$825). En 2017, recibieron un aumento. En el portal del Ministerio de Gobernación los pagos registrados por asesorías médicas promedian entre Q8 mil y Q10 mil. La convocatoria de contrataciones de médicos en SP no ha tenido la recepción que esperaba Fajardo. Sin incentivos, ni estabilidad laboral, con la carga de trabajo y riesgos, los doctores prefieren evaluar otras opciones de empleo.

En el área rural, se ubican siete de los 11 centros penitenciarios sin médico. Sólo Cobán, Quiché, Escuintla y Quetzaltenango contaban con uno. Hasta abril, el resto de penales en los departamentos del país no tenían un doctor.

El Anexo B tiene un doctor las 24 horas. No fue asignado por el Sistema Penitenciario. Desde 2012, un recluso es quien atiende las enfermedades de sus compañeros. Su nombre es Johsua García Pacheco, un médico de 28 años, acusado de violación con agravación de la pena. Su caso está en fase de apelación. En 2015, fue condenado a 21 años de prisión inconmutables.

Tras las rejas del área de aislamiento hay un pasillo y un teléfono público colgado en la pared. Al final del corredor, una televisión pantalla plasma. La programación del televisor no varía demasiado. Si no se transmite un partido de futbol, programan un canal de noticias ininterrumpidas. Algunos reos se sientan en el suelo y otros en sillas para ver el noticiero.

Al fondo del pasillo, justo bajo el televisor, sobresale una mochila roja. Es el botiquín del médico. En esa mochila guarda un estetoscopio –utilizado para checar el ritmo cardíaco y los pulmones–, un esfigmomanómetro –mide la presión arterial–, glucómetro –para llevar control del nivel de azúcar en la sangre–, un nebulizador, equipo de sutura y un ultrasonido portátil. Algunos analgésicos, antidiarreicos y anticonvulsivos. Su botiquín lo armó con utensilios propios y otros que consiguió por medio de donaciones.

En la cárcel convive con otros tres reos en una de las siete bartolinas que conforman el sector de aislamiento. El espacio es de dos metros cuadrados. Sólo cabe una litera, dos hombres duermen en colchonetas que colocan en el suelo.

En la actualidad, el Anexo B no tiene clínica, ni enfermeros ni doctores. La enfermera, Angela, de 60 años, se jubiló hace 10 meses. En abril, el SP asignó un doctor para dar la atención médica. Sin embargo, dos meses después lo trasladaron al centro preventivo Santa Teresa.

Hacinamiento y tuberculosis

Los centros carcelarios de Guatemala rebasan en más de tres veces su capacidad. En las 21 prisiones del país hay espacio para 6,742 reos, pero hasta abril pasado habían 22,594 reclusos. Entre los penales con mayor sobrepoblación están la Granja Penal Canadá en Escuintla, con 500% de hacinamiento; Puerto Barrios, 444%; y el Preventivo para Varones de la Zona 18, 326%. En estas cárceles se han registrado 353 casos de tuberculosis en los últimos cinco años.

Cada reo detectado con la enfermedad se reporta al programa contra la tuberculosis del Ministerio de Salud para que les proporcionen las dosis durante los seis meses de tratamiento. Esta es la única enfermedad que las autoridades no pueden ignorar. De otros padecimientos no hay registros certeros, ni siquiera el registro de las causas de muertes parece confiable.

En la Política Nacional de Reforma Penitenciaria quedó plasmada la preocupación de la Unidad de Servicios Médicos del SP por las enfermedades infectocontagiosas, debido a su prevalencia y facilidad de contagio en las condiciones de hacinamiento de los centros carcelarios. Para 2012, registraban 12 reos con tuberculosis, el año siguiente, ya contabilizaban 27.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite a través del aire, afecta los pulmones produciendo tos seca, fiebre y pérdida de peso. Es curable, aunque el tratamiento tarda seis meses. La principal norma para evitar su propagación es el aislamiento de las personas contagiadas. Dentro de los penales hacinados, esto no se cumple. Tampoco utilizan medidas mínimas de prevención como el uso de mascarillas.

Desde el Centro Nacional de Epidemiología, el programa nacional de tuberculosis realizó un estudio sobre el aumento de casos en el Preventivo de la zona 18. El programa le pide al SP informes mensuales sobre los nuevos brotes de tuberculosis para proporcionar tratamiento a cada reo. Lucrecia Ramírez, médica que participó en la investigación, dice que la principal causa por la que siguen aumentando los casos es la falta de espacios para aislar a los reos infectados. “Cuando fuimos al hospitalito, había un área de aislamiento que no funcionaba de esa forma porque pacientes sin tuberculosis permanecían allí. Dentro de los sectores también encontramos algunos infectados”.

Ramírez propone crear sectores especiales dentro de estos tres centros penales que presentan el mayor número de casos, para aislar a los pacientes durante los seis meses de tratamiento. En la actualidad, los reclusos del Preventivo de la zona 18 sólo se quedan en el hospitalito por 50 días, la primera fase de la enfermedad.

En las cárceles hay áreas específicas para pandilleros, que por su peligrosidad no podrían ser trasladados con el resto de los reclusos. Dentro del sector 11 del Preventivo de la zona 18, el enfermero del centro carcelario identificó tres casos de tuberculosis que reciben tratamiento, aunque continúan en la misma área que el resto de miembros del Barrio 18. En la práctica, por la rivalidad entre pandillas, la propuesta del Ministerio de Salud no sería viable, opina la exdirectora interina del SP. “No tenemos a dónde moverlos. Yo creo que la cantidad de hacinamiento que tenemos realmente rebasa cualquier acción que queramos hacer”.

Enfermos crónicos sin controles médicos

El ruido de ventiladores se escucha en todas las celdas del sector para aislados del Anexo B. Los dos aparatos son suficientes para aplacar el calor en la reducida habitación donde permanecen cuatro personas. La única ventilación natural, una ventana con rejas en la parte superior de la pared, fue tapada con láminas, según dicen los reclusos, porque algunos pedían dinero a las personas que caminan por el pasillo de afuera.

No ven la luz del día. Las luces de las bartolinas permanecen encendidas durante el día. Desde que recapturaron a “La Patrona”, hace un mes, no les permiten caminar o jugar en la cancha del Anexo B, contigua al lugar donde fue recluida. La vida en el encierro sólo les permite movilizarse en su celda o en el pasillo. Hay reos que ni siquiera pueden salir al corredor. Detrás de una pequeña ventana con rejas que da al pasillo, un recluso asoma su rostro cubierto con tatuajes. En el sector de aislamiento se encuentran líderes del Barrio 18.

Bryan lleva seis meses de estar recluido en el Anexo B. Tiene 45 años y lo condenaron a 91 años por sicariato. Era taxista y lo detuvieron cuando trasportaba a un hombre de 18 años que llevaba una pistola. De acuerdo con la acusación, se dirigían a asesinar a dos pilotos de mototaxis. Bryan dice que hacía los viajes a los sicarios pero no formaba parte de su estructura.

Bryan padece de hipertensión. Las condiciones en las que se encuentra, sin luz ni ventilación natural y con tres compañeros de celda agravan su enfermedad. Durante el tiempo que lleva recluido, dice, no ha recibido controles de rutina dentro de la cárcel. Ha sido trasladado a un hospital cinco veces en seis años. Hacer ejercicio fue una de las recomendaciones que le dieron cuando asistió a consulta. Tiene sobrepeso. Su presión alta, dice, la mantiene en 180/140 incluso ha llegado a 200/140.

Sara, su esposa, denunció su caso en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para pedir la readecuación del espacio en donde está recluido y para que le brinden atención médica. Ella costea su alimentación y medicamentos. En las mañanas trabaja como vendedora de comida en las calles. Los miércoles por la tarde lo visita en la cárcel cargada con bolsas de mercado. Le lleva pollo, carne, galletas, agua, pan, tostadas, una papaya, algunas manzanas. Cada 15 días debe comprar una caja de Aprovel, el medicamento que ayuda a controlar la presión arterial de su marido, que le cuesta Q350. En el penal, Bryan hace manualidades con papel periódico, que Sara vende en la calle por Q25.

Los ingresos de medicinas como la insulina necesitan de un permiso especial, pues deben permanecer en refrigeración. Edgar, de 27 años, padece diabetes desde hace ocho. Antes de ser detenido asistía a sus citas de control en el Patronato del Diabético, pero los chequeos médicos se acabaron desde que fue capturado en 2016, cuando encontraron droga en el restaurante para el cual trabajaba. Su mamá ha presentado exhibiciones personales con el fin de conseguir su traslado a un centro asistencial público. Ha logrado que lo examinen en el hospital tres veces. Edgar es de complexión delgada, tez morena, habla bajo como si contara un secreto. Desde hace siete meses, dice, es extorsionado por uno de los reos.

Su mamá vende licor en una tienda de la capital. Por seguridad, Edgar prefiere que no ingrese al centro carcelario. Cada semana, su madre le manda encomiendas con su primo. En promedio, dice que gasta Q1,500 al mes en las medicinas y alimentación especial. Las personas con diabetes no pueden consumir azúcares ni pastas.

Sin ningún personal de salud en el Anexo B, los reos son atendidos únicamente en caso de emergencia por un médico de una cárcel aledaña, el Preventivo zona 18 o Santa Teresa. “Aquí se tiene que estar muriendo uno para que lo saquen. A mí la única vez que me trasladaron de emergencia fue cuando vieron que me desmayé y no podía respirar”, dice Edgar. El doctor de la cárcel de Santa Teresa explica que tenía en fila a 12 personas por atender en el Anexo B, pero él lleva la atención de 1,182 reclusas, a veces no puede hacer tiempo para ir a ver a los 501 reos recluidos en el Anexo B que contabilizaba el SP hasta abril.

En las cárceles, los enfermos crónicos no reciben controles periódicos. Las salidas a hospitales requieren de un trámite mínimo de dos semanas para que los juzgados ordenen los traslados.

A diferencia de lo debatido públicamente durante la última semana, la tardanza en los traslados es una de las constantes quejas de los reos. Por la burocracia que implica, los familiares recurren a exhibiciones personales o denuncias en PDH. Sergio Villamar de la unidad del debido proceso de la PDH, habla de dos reos del Preventivo de la zona 18, que fallecieron el año pasado: Justiniano Noriega López y José Misael Mateo Escobar, ambos diabéticos con lesiones infectadas. Según la PDH, tardaron tres semanas en trasladarlos al hospital. Cuando lo hicieron, ya se les había complicado la infección y murieron.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Guatemala, en febrero 2016, por el caso Chichilla Sandoval vs. Guatemala. En la sentencia, la CIDH argumenta que los procedimientos establecidos para la consulta externa en hospitales no tenían la agilidad necesaria para permitir de manera efectiva un tratamiento médico oportuno. El Estado no cumplió con sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida de la señora Chinchilla durante el tiempo que permaneció en detención.

María Inés Chinchilla Chinchilla Sandoval había sido condenada en 1995 a 30 años de prisión por asesinato y hurto agravado. Cumplía su condena en el Centro de Orientación Femenino (COF), donde murió el 25 de mayo de 2004. La reclusa padecía diabetes e hipertensión. Consecuencia del deterioro de salud, sufrió la amputación de una de sus piernas y una disminución en su vista, lo cual le generó una discapacidad física y sensorial. Usaba silla de ruedas. Su muerte se dio tras una caída desde unas gradas.

Sin embargo, algunos reos tienen más facilidades para salir de los centros carcelarios. Los reclusos por los recientes casos de corrupción que involucran a exministros, empresarios, la exvicepresidenta y el expresidente pueden asistir a sus consultas en hospitales privados. En mayo, Nómada publicó una investigación sobre seis de los detenidos por estos casos, que lograron salir de la cárcel con certificados médicos y viven en clínicas privadas desde hace meses. Uno de ellos, Gustavo Alejos, el empresario acusado de estafar a la salud pública.

Para Villamar, la lógica en los centros penales no es de prevenir, curar y velar por la salud. Sino que “un recluso menos significa mayor espacio en las cárceles hacinadas”. La exdirectora interina, Mirna Fajardo, opinó que es inhumano pensar de esa forma. “Esa no puede ser la postura de nadie, y menos de los empleados penitenciarios. Quisiéramos tener las condiciones necesarias. Pero, por mucho tiempo se ha dejado de invertir y poner atención al sistema penitenciario. Lo que no se ha hecho en años, en meses, es imposible corregir”.

La reforma al sistema penitenciario que no camina

Durante el tercer año de gobierno del Partido Patriota (PP), el presidente Otto Pérez Molina presentó la reforma al sistema penitenciario 2014-2024. El plan de renovación para Presidios plantea una serie de metas que hasta la fecha no se han cumplido. En el tema de salud, el principal objetivo consistía en fortalecer las unidades de servicios médicos y psicológicos en los centros de detención. Entre las acciones incluían: abastecer mensualmente las clínicas y enfermerías de todos los centros de detención con los medicamentos e insumos básicos; integrar al sistema de salud pública para facilitar el acceso a la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud para los reos y personal operativo del SP; coordinar jornadas de educación sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

La exdirectora interina, asegura que la prioridad en este momento es estabilizar la organización administrativa. Ya empezaron a realizar las cotizaciones de compras de medicamentos. Para julio, el SP tenía 14 médicos contratados. “No podemos tenerlo todo de un solo, lleva un proceso”, dice. Las metas para finales de año son contar con un médico en cada una de las 21 cárceles y abastecer las clínicas con las medicinas básicas. Por el momento, la indiferencia de las autoridades y la burocracia del Estado se suma a la condena de los reos.

 

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

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