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«Capitalismo social»

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Opinión
6 09 18

Es irrelevante asumir que se navega en aguas tranquilas en medio de un mar tempestuoso.

Únicamente existe evidencia de un modelo económico posible y perfectible: una economía intervenida, donde los mercados sean el motor fundamental, pero con correctores exógenos a sus falencias endógenas.

Los modelos de intervención en la economía varían según su magnitud y forma. Algunos ingenuamente le llaman «socialismo» a esa intervención, pero ignoran que no existe una economía de mercado químicamente pura o que llamarle así a la intervención estatal en la economía hace que, según esa superficial categorización, todas las economías del mundo sean socialistas. No hay evidencia de la autorregulación inmediata de los mercados que sugiere el modelo teórico del equilibrio general.

Se interviene directamente en los mercados a través de un tercer agente, el Gobierno, cuando este nacionaliza empresas. Se interviene indirectamente mediante impuestos y subsidios cuando el Gobierno adopta el rol de brindar incentivos y desincentivos para afectar los precios según las prioridades que la sociedad establezca.

La magnitud de la intervención activa en la economía se puede medir por medio del porcentaje del gasto gubernamental sobre el PIB en la provisión de bienes y servicios públicos. La magnitud de intervención en los países desarrollados es de un 42 % en promedio. La forma como esos recursos son utilizados varía de país a país. Para alcanzar el desarrollo humano es imperativa una intervención del Gobierno que garantice la prestación de servicios que los mercados no proporcionan al no ser económicamente viables, como la educación o la salud en áreas de pobreza absoluta. Aunque el Gobierno no proporcione directamente el servicio, puede subsidiar su prestación mediante alianzas público-privadas o promover condiciones para que el mercado mismo lo supla y se garantice así el acceso a quienes no lo tienen con subsidios a los consumidores (ejemplo: sistema de vouchers).

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En realidad, existe un modelo económico que se fundamenta en el principio subsidiario del Estado, en la ética y responsabilidad social de las personas y en la eficiencia de los mercados. Es el modelo conocido como economía social de mercado, una economía mixta e intervenida que ha mostrado ser un éxito desde su aplicación en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy por hoy, las sociedades que evidencian altos índices de desarrollo humano han decidido que es más costoso el hecho de que la ciudadanía esté malnutrida, sin educación o sin niveles de desarrollo aceptables que el gasto en servicios sociales, por lo que deciden subsidiar a quienes no pueden hacerlo individualmente, es decir, cuando el mercado laboral falla en brindar niveles de subsistencia mínimos que les permitan alcanzar mejores estándares de calidad de vida a las mayorías de la población.

Además, la intervención gubernamental en las economías puede ser motivada por el keynesianismo, que busca dinamizar el mercado mediante la intervención gubernamental en el corto plazo. El gran reto aquí es la transparencia y el eficiente uso de los recursos públicos, tarea que el ejercicio de la ciudadanía debe asumir constante y activamente en un modelo democrático.

El siglo XX dejó una gran enseñanza: ni el comunismo puro ni el libre mercado químicamente puro pudieron ser implementados porque ambos fallan. Se necesita entonces trabajar en pulir y perfeccionar un oxigenado y moderno modelo económico mixto, dinámico y que logre un justo balance entre la eficiencia y la equidad. Frente a los retos globales que el siglo XXI trae (como las grandes desigualdades socioeconómicas —que tienden a agravarse—, la depredación de la biodiversidad, el atrincheramiento en la individualidad y el cambio climático), es pertinente abordar esa suerte de capitalismo social, que puede ser perfectible y sostenible.

Recordemos que la libertad de pensar se ve minada cuando los dogmas ideológicos se imponen como verdades fundamentalistas. Explorar nuevos paradigmas es crucial para avanzar.

Las sociedades que evidencian altos índices de desarrollo humano han decidido que es más costoso el hecho de que la ciudadanía esté malnutrida, sin educación o sin niveles de desarrollo aceptables que el gasto en servicios sociales.
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